Luis Lauro Carrillo
CONSTITUCION de 1917, Aniversario
En la Grecia antigua el ordenamiento, distribución y funciones de las magistraturas (instituciones políticas) de la polis, constituía el instrumento jurídico político conocido como politeia, traducida por los romanos como constitutio constitutionis.
Viene a cuento lo anterior porque este 5 de febrero se celebra el 97 aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, ley suprema del Estado mexicano, con más de 550 reformas, vulnerada con violaciones de leyes y actos de las autoridades que protestaron guardar y hacerla guardar.
De ahí que la actual constitución aunque longeva en esencia ya no es la misma hoy presenta un texto radicalmente distinto al promulgado por Venustiano Carranza, de todas las reformas realizadas más de la mitad de estas se ha dado desde hace 30 años y últimos doce meses, que incluyen la laboral, educativa, telecomunicaciones, política, financiera y energética realizadas en 2013.
No obstante de que formalmente se trata del mismo documento, el manuscrito original concretó el primer acuerdo nacional entre facciones revolucionarias después de siete años de lucha, para intentar construir un país diferente al del porfiriato, lo que tampoco en términos reales se alcanzo.
En términos ideológicos, lo que se planteó en 1917 fue una aspiración social demócrata del país, que en los hechos no se ha realizado, como es el caso de la justicia social y en otros la clara inobservancia por parte de gobernantes, legisladores y autoridades judiciales y administrativas.
En efecto La ley suprema del Estado mexicano ha sido dinamitada por los por los dueños del dinero, las transnacionales y de la clase tecnocrática gobernante, contraria a esa visión social nacionalista plasmada en el texto de 1917, quienes han influido en los gobernantes, representantes partidistas que obedecen a esos intereses contrarios a los de la nación.
De tal suerte que el pasado quedó sepultado el reparto agrario, el desmantelamiento del ejido, la propiedad de la nación sobre los bienes energéticos y del subsuelo por parte del estado, el laicismo y sobre todo, los derechos de los trabajadores.
En los hechos la Constitución durante muchos años, fue un documento histórico propio de un régimen presidencialista absoluto, más que un instrumento jurídico para delimitar a los poderes públicos y derechos a los ciudadanos. El texto fue usado para legitimar cualquier decisión del Ejecutivo federal por absurda que fuera.
En ese tenor el texto constitucional sufrió múltiples reformas a partir de la transición a la democracia, tomando en cuenta que el andamiaje jurídico es contradictorio con las aspiraciones de pluralidad para alcanzar la normalidad democrática.
De tal manera que hubo la necesidad de establecer una real división de poderes obligaba a reducir significativamente las facultades legales y extralegales que el Presidente poseía, abriendo el camino hacia la autonomía de los poderes Legislativo y el Judicial.
En consecuencia la Constitución hoy vigente intenta redefinir límites para los actores políticos del momento, pero también desmontar parte del andamiaje legal que servía a un presidencialismo absoluto hoy casi inexistente, así como adecuarlo al modelo económico liberal global.
En ese contexto ha prevalecido el criterio mercantil en todas las reformas que se aprobaron por parte de quien encabeza el poder ejecutivo, avaladas por el poder legislativo y respaldas por el poder judicial.
Por tanto la constitución ya no goza de legitimidad por los múltiples abusos a que ha sido sometida a sus incontables reformas y a su diseño antidemocrático. Tanto las autoridades como los gobernados incurren en deslealtades constitucionales al dejar de aplicar preceptos de la carta magna o bien al rechazarlos.
Conviene subrayar que de facto el ejecutivo federal ha sido el único reformador de la constitución, lo que ha traído como consecuencia reformas neoliberales, convirtiendo la constitución en plan de gobierno para el presidente y qué este haya fortalecido el poder ejecutivo en detrimento de los otros dos poderes.
De tal modo que la ausencia de estado, la ingobernabilidad presente por el diseño constitucional que se encuentra muy deteriorado, instituciones muy desgastadas, la recesión económica, la inseguridad pública y la propia marcha normal de los procesos políticos se realizan con muchas dificultades.
Así pues la nueva economía, la nueva política y las aspiraciones de las nuevas generaciones demandan un nuevo contrato social renovado. Los nuevos factores reales de poder tales como los partidos políticos, el excesivo presidencialismo y el florecimiento de los derechos humanos hacen necesario una revisión integral de la constitución.
En definitiva en este aniversario de la Constitución, aunque parezca inviable es propicia la ocasión para reflexionar sobre una nueva constitución pactada con todas las fuerzas políticas económicas y sociales, como un instrumento de consolidación del régimen, un factor de desmantelamiento de las viejas estructuras de poder y partidas de la modernización democrática de México.
Twiter: @luiscarrs
