Lauro Carrillo.
El desalojo violento de la CNTE.
El Estado previo al uso de la fuerza pública, tiene obligación de armonizar el ejercicio de las libertades de reunión, de libre expresión y de transito que coexisten en el grupo social, evitando el uso abusivo de una u otra pero sin vaciar de su contenido esencial a ninguna.
Traemos a colación lo anterior por el desalojo violento de la Coordinadora Nacional de Educación (CNTE) del Zócalo de la ciudad de México por medio de la fuerza pública, despues de un mes de plantón y la entrada se hizo efectiva con escudos, toletes, tanquetas de agua y gas lacrimógeno para contrarrestar los ataques de profesores y presuntos anarquistas.
Cabe indicar que el “limpio operativo” del que tanto presumen las autoridades no fue sino una muestra más de la ausencia de operación política, falta de de estadismo.
Aquí cabe preguntar ¿que establece el artículo 9 de la constitución al respecto?
Establece que no se podrá coartar el derecho reunirse pacíficamente cuyo objeto sea lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta.
Luego entonces la reunión de protesta del profesorado fue disuelta mediante la represión por la policía federal en flagrante violación constitucional.
De ahí que el revés contra la CNTE obedeció a sus movilizaciones de protesta raíz de la reforma educativa y sus leyes secundarias. Fue así porque la fuerza bruta triunfó sobre todas las otras razones, pero sobre todo porque el uso violencia física se percibió como legítima por un muy amplio sector de la población.
Tengamos presente que la estrategia del gobierno Peñista fue el desgaste, la prolongación del conflicto, sin dar respuesta a las demandas del magisterio, sociedad azuzada por la satanización mediática de las televisoras durante dos semanas consecutivas contra la disidencia magisterial, para conseguir el hartazgo de los capitalinos para preparar el uso de violencia legítima del estado.
De igual manera otras voces clamaron por la intervención de la fuerzas del orden en el problema de los mentores, como la asociación de banqueros, comerciantes, empresarios, líderes religiosos, patrones agrupados en la COPARMEX y ciudadanos de a pie, quienes contribuyeron a legitimar el uso de la fuerza pública contra el magisterio.
Del mismo modo la sociedad capitalina reclamaba el desquiciamiento de la ciudad, por marchar por el periférico, o calles aledañas al aeropuerto, pero sucede que cuando viene Barack Obama o el Papa o cualquier otro gobernante extranjero al D.F.
Por otro lado la lucha magisterial puede no gustar a muchos, y efectivamente en más de una ocasión trastornó la vida de los capitalinos, de quienes tranquilamente y con sus propias luchas internas y problemas económicos sobreviven el día a día, pero también es cierto que en toda lucha por una mejor educación, un mejor gobierno y una mejor vida, hay afectaciones.
Por otra parte los gobiernos federal y local esperaron aproximadamente un mes para que los mentores abandonaran el Zócalo, ¿por qué no aguardaron unas horas más? Resultando sospechosa esta actitud por que pareciera que los policías buscaban provocar, enfrentar y ya no sólo amedrentar e intimidar a los maestros.
En suma la CNTE prácticamente se quedo sola y no sólo por obra de la intensiva campaña de desprestigio que el gobierno presuntamente opero en los medios, sino por su propia actitud autoritaria, sectaria e intransigente.
En definitiva la acción anticonstitucional del desalojo de la CNTE del Zócalo de la capital mexicana emprendida por el Estado a través de la policía federal, no se justificó el uso de la fuerza pública para solucionar problemas, denotando el Gobierno federal peñista una clara y meridiana ausencia de operación política.
Twitter: @luiscarrs
