Luis Lauro Carrillo.
LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS.
La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), es una confirmación más de que el neoliberalismo llego para quedarse, donde gobierno panista igual que sus antecesores benefician excesivamente al sector privado, al mismo tiempo que persigue a trabajadores a sus líderes y criminaliza sus luchas.
Se debe señalar que el esquema de prestación de servicios es una modalidad de las asociaciones público-privadas, impulsadas durante la última década por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin), en los países de América Latina y el Caribe.
Cabe subrayar que el capital privado se encarga de financiar y ejecutar el diseño y la construcción de infraestructura pública o de su mejoramiento, operación y mantenimiento, y el sector público define la política y regula la infraestructura, ambas partes asumen los riesgos del proyecto.
En ese contexto el ente público paga una renta mensual o anual al privado y, al final del periodo del contrato, el sector público tiene el control de la obra.
Cabe decir que desde 2004, el gobierno federal y los estatales celebraron contratos de prestación de servicios de largo plazo con la iniciativa privada en 29 proyectos. Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Nuevo León, el Estado de México, Durango, Chiapas, San Luis Potosí, Guanajuato, Tamaulipas y el DF son las entidades que recurrieron al esquema para financiar proyectos de infraestructura.
Por tanto con las asociaciones públicas privadas el gobierno, en los hechos ha venido a legitimar y legalizar anticonstitucionalmente contratos para realización de infraestructura hospitalaria, carretera, educativa, transportes, y generadores de energía.
Está claro que el gobierno con esta ley está renunciando de hecho a realizar la obra pública de infraestructura que, incluso en medio de ligerezas de criterio, había venido efectuando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito variable aunque notable.
En ese tenor parece que vivimos en un sistema de tolerancia, complicidad, ignorancia e irresponsabilidad jurídica, al aprobar una ley como la de Asociaciones Público-Privadas, sin condiciones ni limitaciones o candados en la práctica.
En la real politik se trata de una ley que pretende entregar a particulares actividades del estado, para darles mayores beneficios desde una óptica neoliberal, con presupuesto público, convirtiendo al Estado en un mero administrador de contratos, renunciando a sus obligaciones constitucionales.
Como podrá verse el despojo patrimonial al país que esto implica va a quedar institucionalizado y permitido por esta ley, totalmente en contra de lo prescrito en la Constitución y en las leyes que regulan la actividad económica del Estado.
En definitiva con la Ley de Asociaciones Público-Privadas el gobierno federal ha renunciado en forma irresponsable a que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales, por una virtual sustitución del Estado por los particulares quienes se encargarán de realizar las obras o servicios públicos que corresponden al Estado.
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