Cd. Victoria.- Para nadie es un secreto que, desde que llegaron los azules al poder, el Fondo Nacional de Apoyo a Empresas en Solidaridad (Fonaes), es un instrumento del PAN con fines electoreros y de coptar simpatizantes.
No es el único programa federal que se utiliza con esos fines, dado que también están los de Reforma Agraria, Sagarpa, Sedesol y cuanta institución maneja recursos regalados.
Para ser beneficiario es fundamental ser militante, adherente o cuando menos simpatizante azul, o prometer serlo.
Hoy extraña que, a toro pasado, dirigentes de organizaciones como Lupe Medina Bernal protesten y mantengan “tomadas” las oficinas de la dependencia.
Ya todos sabían que el Fondo es un instrumento electorero y de corrupción en que se reparte a manos llenas a la familia, compadres, amigos y segundos frentes, pero…Hay que “salpicar” a los mirones.
En todo asunto, en toda cacería de presupuesto hay que invitar a la tragazón a los que están enfrente (los que se dan cuenta).
Y, cuando no se les invita –como en este caso a Medina Bernal (Triple T) y a José Leandro García Molina (Unimoss)- puede haber indigestión para los que se tragan solitos el pastel.
Los que auditan desde allá lejos, no se fijan. Pareciera que también están en la polla.
¿Para que mantas y denuncias en la Contraloría? Ellos saben cuál es la solución: Entregar la lana y hacerse de la vista gorda en las auditorías.
Allá los jefes les brindan la protección debida, a menos que les falte alguien de salpicar por ahí.
Es el reparto de dinero a discreción, pero también debe entenderse que todo exceso indigesta.
El anterior delegado del FONAES, de nombre Javier Mota Vázquez, recibió una multa de la Secretaría de la Función Pública con fecha 26 de septiembre del 2008 por la suma de cinco millones 703 mil pesillos.
Pero siguió chambeando, pues el 17 de marzo del 2009 se le volvió a sancionar, ahora con una “amonestación pública” por no entregar a tiempo su declaración patrimonial ¿y en dónde está? ¿cuándo va a pagar la multa? Nunca jamás.
Su verdugo fue “El Nanis” García Molina, de Xicoténcatl, dirigente de la organización panista Unimoss, quien no fue invitado al hartazgo de dinero.
En este entendido ¿qué cuesta invitar a Medina Bernal? Si ya ha estado en otras comelitonas y a él también le importa menos que un cacahuate la suerte de los campiranos.
Edgar Vargas Arizavalo ya se fue y cargó con lo suyo. Para protegerlo de tantas denuncias, su jefe Angel Sierra Ramírez lo nombró coordinador nacional de delegaciones del FONAES.
En ese camino, a lo más que podrían avanzar las denuncias en contra de Arizavalo, es que se le declare un retiro de la administración pública por tres o cuatro años. Lo demás ya se lo comió y lo repartió…A menos que le haya faltado un testigo.
Todo indica que la instrucción del gobierno federal es cubrir a los operadores políticos del Partido Acción Nacional y en ello están de acuerdo todos, hasta los tribunales.
Ahora bien ¿por qué la mayor parte de recursos se han tirado a gente del municipio de Aldama? (de todos los programas de fondo perdido).
Parece que allá es donde se da la mayor corrupción de los dirigentes, o ahí están los “gestores” que exigen exactamente lo que les corresponde, como los Hervert, como decíamos en colaboración anterior, y los Reyes Cantú.
El dato nos dice que entre el 2007 y el 2009, el puro Fonaes manejó en Tamaulipas alrededor de mil proyectos, muchos de ellos para la “compra” de ganado bovino, cada uno por 530 mil pesos, aunado a otros de hasta cuatro millones que –por ejemplo- cayeron en manos de vivales del IV distrito.
Pero se da el caso que entre los mismos “técnicos” o “gestores” están los vendedores de las vacas, y las vaquitas son unas cuantas que andan por todos los ejidos para presentarlas en las auditorias.
A esas mismas vaquitas se les han tomado decenas de fotografías que engordan los expedientes de las dependencias que sueltan el recurso.
Otro ejemplo de la protección a los operadores del PAN, es el de Luis Carlos García Albarrán, ahora ex delegado de la SAGARPA.
Fue “castigado” el 18 de enero del 2010 con una multa de tres mil 735 pesos y una inhabilitación como funcionario público por diez años, por violación a las Leyes y la Normatividad, según el expediente 05/2009.
Según esto, la inhabilitación para Albarrán terminará el 18 de enero del 2020, pero claro que el castigo le vale, si como se dice, el tipo es millonario.
Y bueno, los delegados solo son operadores políticos del partido en el poder y es la función que tienen. Por tanto, debe garantizárseles la impunidad.
Si alguien no salpicó lo correcto, es de humanos equivocarse y corregir.
No está por demás decir que seguramente esas son las instrucciones que recibió el nuevo delegado del Fonaes, Rafael Díaz Chávez, cuando a comienzos de octubre recibió la cuchara grande para repartir.
Nos vamos.
