19 de diciembre 2025.- En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso local aprobó importantes acciones legislativas propuestas por el titular del Ejecutivo estatal, encaminadas a modernizar el marco legal en materia de seguridad pública y a fortalecer la sostenibilidad del sistema estatal de pensiones.
Durante la discusión del dictamen, la diputada Judith Katalyna Méndez Cepeda destacó la aprobación de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la cual actualiza, armoniza y moderniza el marco jurídico estatal conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Agenda Nacional de Seguridad impulsada a nivel federal.
Subrayó que este nuevo ordenamiento que consta de 140 artículos distribuidos en 11 títulos, sustituye a la legislación vigente desde 2009, que no había tenido reformas sustanciales en más de 15 años.
La nueva ley establece bases claras sobre la estructura, atribuciones, mecanismos de coordinación y profesionalización de las instituciones de seguridad pública, priorizando la protección de los derechos humanos, el intercambio de información, la operación de los centros de comando y control, así como una actuación eficaz y coordinada entre la Federación, el Estado y los municipios.
Todo ello, dijo, “permitirá una actuación más eficaz en la prevención y combate del delito, garantizando la máxima protección de los derechos humanos y una respuesta acorde a las transformaciones sociales, tecnológicas y operativas actuales”.
Asimismo, el Pleno Legislativo aprobó las reformas a la Ley del Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), expuestas por la diputada Silvia Isabel Chávez Garay, las cuales buscan garantizar el pago oportuno y continuo de las pensiones actuales y futuras, mediante la actualización del marco legal del Instituto, sin afectar derechos adquiridos.
La legisladora, explicó que las reformas responden a una visión preventiva y de largo plazo frente a las presiones estructurales del sistema de pensiones, derivadas de factores demográficos y económicos, incorporando criterios de equidad contributiva, solidaridad intergeneracional y viabilidad actuarial.
Precisó que “los cambios entrarán en vigor a partir de 2026 para las nuevas generaciones de trabajadores del Gobierno del Estado”, otorgando certeza jurídica a quienes ya se encuentran en proceso de jubilación.
