Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los terrenos de playa Miramar, en Madero, vendidos a particulares por el gobierno panista, regresaron a la hacienda pública.
Este miércoles, en sesión vespertina a la que faltaron los diputados de la fracción del PAN, el pleno del Congreso local derogó el Decreto No. LXIV-609 publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 18 de agosto del 2021.
Se trata de casi seis hectáreas en cinco lotes, vendidas en 264.5 millones de pesos a las firmas Hospitals & Investments y Discovering México Destination Club, para la realización de proyectos turísticos.
Al hacer uso de la palabra, el diputado Humberto Prieto Herrera dijo que “no existe una justificación del acto legislativo” y pidió el apoyo de sus compañeros para votar por el dictamen.
Además, el Gobierno del Estado “no ha recibido un solo peso” por la enajenación de los predios porque la administración anterior concedió tres años de gracia en los pagos, dijo.
Al contrario, en lugar de beneficios, “este acto de enajenación ha traído perjuicios para el Estado”.
Agregó que beneficiar a unos cuantos, hacer negocios con los terrenos, “no se puede permitir porque fueron sustraídos al Estado para beneficiar a ciertas personas”.
Además de anular este decreto, los diputados aprobaron otros 39 dictámenes, de ellos 22 sin materia o improcedentes sobre las iniciativas.
En la sesión participaron 22 diputados, uno de ellos, Alberto Granados Fávila a distancia por haberse reportado con Covid.
Además el plano hizo la declaración de validez de tres decretos que reforman y adicionan la Constitución de Tamaulipas, al haber sido avalados por la mayoría de los ayuntamientos como parte del legislativo.
El primero eleva a rango constitucional el “respeto a la vida y la integridad de los animales como seres sintientes así como brindarles un trato digno”.
El segundo adiciona el artículo 159 de la Carta Estatal para negar registro a aspirantes a cargos de elección popular, en casi de ser sentenciados por delitos en razón de género, sexuales, violencia política o violencia familiar.
Una tercera adición a la Carta Estatal, avalada por la mitad más uno de los ayuntamientos, se refiere al derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo doméstico”.
Ese decreto fue aprobado por la legislatura el 28 de junio del presente año.
