Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso local aprobó este jueves reformas a la Ley Electoral, para asegurar candidaturas a diputaciones locales a tres grupos minoritarios y vulnerables: Gays, migrantes y discapacitados.
El decreto establece la obligación de los partidos de postular a integrantes de la diversidad sexual y minusválidos por vía de mayoría o representación proporcional. Fue aprobado por 35 votos, unidas las bancadas del Morena y del PAN, las mayoritarias.
Para migrantes es obligación incluir uno de ese segmento en la lista plurinominal, no más allá del séptimo lugar.
Tal reforma concede iguales derechos para reclamar posiciones para diversidad sexual y discapacitados, en por lo menos planillas de 35 por ciento de los ayuntamientos, postulados por partidos y candidatos independientes.
Las acciones afirmativas señalan que tal reforma entrará en vigor en el proceso electoral 2023-2024.
Agregan las reformas que, para acreditar que una persona pertenece al género gay, lesbiana, bisexual o transgénero, solo basta con que diga en qué orientación cree que se encuentra.
En cambio, para demostrar que se es migrante son bastantes los requisitos: Constancia de residencia del lugar donde radica, que puede ser licencia de manejo del país, credencial de servicios de salud, o visa de estudiante, trabajo temporal, de negocios, inversión o trabajo doméstico.
Es necesario contar con residencia binacional simultánea, mínimo de seis meses en el extranjero, al día de la elección, y tener domicilio en Tamaulipas.
Los discapacitados tendrán que demostrar que lo son permanentes, a través de una constancia de autoridad médica, pública o privada, y especificar el tipo de discapacidad: Física o sensorial, lo cual deberá confimar el Instituto Electoral.
APARENTAR QUE SON GAYS, ES FRAUDE
Al no existir requisitos para confirmar que una persona es gay o tiene cierta orientación sexual, la reforma a la Ley Electoral establece que habrá sanciones en caso de fraude.
Como única exigencia para recibir la candidatura, el dictamen aprobado señala que “basta con su autoadscripción como requisito para tener por acreditada la pertenencia a dicho grupo”, dice la Ley.
Al Instituto Electoral le corresponde “investigar y resolver” en caso de que se den fraudes, es decir, que alguien diga que pertenece a la diversidad, siendo heterosexual.
“Los fraudes a esa disposición provocarán la inelegibilidad de la candidatura, además que dichas personas quedarán impedidas para ser postuladas en los siguientes dos procesos electorales” para cualquier cargo de elección, agrega la reforma.