Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los panistas no tuvieron tiempo ni de parpadear.
La mayoría del Congreso del Estado les quitó un arma más que usaban para tratar de prolongar su poder: Abrogó la Ley de Control Constitucional, el instrumento para dirimir controversias locales.
El mismo día, en cuestión de horas, Morena presentó la iniciativa, fue dictaminada en comisiones, aprobada por el pleno y publicada en el Periódico Oficial del Estado para darle vigencina.
Para echarla abajo, Morena argumentó que “es letra muerta y la institución que debe aplicarla –Supremo Tribunal de Justicia- no es de fiar”, sin olvidar sus “decadentes resultados”.
“Aunado a los raquítidos resultados –ningún asunto en 12 años-, se encuentan los recientes excesos que, con la aplicación indebida de esta norma, se pretende privilegiar cotos de poder”, dijo el autor de la iniciativa Alberto Granados Fávila.
Pretendía ser utilizada por la banca del PAN en el Congreso, con el apoyo de los magistrados panistas del Supremo Tribunal de Justicia, para tratar de recuperar el control de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo.
La habían usado, sin tener facultades, para “tumbar” una resolución del Tribunal Electoral de Tamaulipas –agosto del 2022-, en que desconoció la integración de la Diputación Permanente presidida por el PAN.
Dicha Ley data del 18 de marzo del 2010 según decreto LX-1065, publicada el 30 de marzo de ese mismo año.
En el futuro, las controversias que surjan entre los poderes y ayuntamientos, deberán dirimirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Igual los asuntos en trámite.
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