Cd. Victoria, Tamaulipas.- Antes de poner el ejemplo, los diputados de la 65 legislatura exhortaron a los 43 alcaldes de Tamaulipas a que instalen alumbrado público por medio de celdas solares.
El acuerdo fue tomado en la sesión de hoy miércoles, a iniciativa del Partido Acción Nacional, pero nada dijeron que el sistema de generación también se puede instalar en el Palacio Legislativo para que pongan la muestra.
Menciona el exhorto que “este tipo de tecnologías resultan positivas para el medio ambiente y genera un impacto positivo en las finanzas públicas”.
Quieren que los municipios instalen fuentes de energía fotovoltaica o termosolar para la generación de electricidad, que es inagotable y renovable y se puede aprovechar por medio de paneles y espejos.
No mencionan los costos millonarios de los equipos, ni si van a gestionar recursos para ello.
Según los diputados, cada ayuntamiento destina entre el 5 y 10 por ciento de su presupuesto anual al pago de energía a la CFE, lo que pueden reducir con las celdas solares, de las que tampoco refieren en costos.
QUE GOBIERNO INFORME SOBRE PLACAS AUTOMOTRICES
A través del diputado Isidro Vargas Fernández, el partido Morena presentó iniciativa de punto de acuerdo para que la secretaría de Finanzas del Estado, informe sobre los ingresos que les generó el cobro de nuevas placas a partir de enero.
Fue un tema que Morena legisló para que no se cobraran las láminas de perdido hasta el 2024. El PAN se opuso y el Gobernador “vetó” el decreto.
Vargas se pronunció por la transparencia. Finanzas dijo que dejarían de recibir 317 millones de pesos, pero en realidad la cifra puede ser de 644 millones si se habla de un millón 437 mil vehículos a u promedio de 5 UMAS por trámite.
Urgió que el gobierno del Estado aclare el ingreso desde el uno de enero al 31 de marzo.
Por igual que el Gobierno informe de los avances de “combate al delito”, que fue uno de los argumentos para cobrar placas nuevas.
Asimismo que presenten las facturas de pago al proveedor de las láminas, con lo cual se sabrían los ingresos reales que al erario le está dejando el trámite, con costo al bolsillo de los propietarios de unidades.
