El trabajo sexual (prostitución – servicios sexuales personales a cambio de dinero –) no es un delito en los países latinoamericanos. A pesar de ser una actividad legal en sí, es blanco de una gran estigmatización porque se infiere que muchas veces rompe el orden moral al no ser considerada una actividad elegida voluntariamente en la gran mayoría de casos.

En Perú la prostitución es una actividad legal desde 1911, siempre y cuando sea ejercida por mayores de edad. Existen prostíbulos legales en varias localidades, como Lima o El Callao, que cuentan con licencias y autorizaciones de diferentes instituciones del orden local y nacional. Fuera de estos sitios, el trabajo sexual es considerado ilegal. 

En Perú es considerado ilegal ejercer la prostitución en las calles.

Han existido principalmente cuatro aproximaciones en la sociedad peruana que han querido abordar el tema de la prostitución: la primera considera como delincuentes tanto a la persona que vende servicios sexuales como a la que solicita y a los proxenetas, por lo que este enfoque busca la prohibición; la segunda aproximación considera a las personas trabajadoras sexuales como esclavos que no tienen opción y persigue a los mismos actores que el enfoque anterior, con excepción de la persona que se prostituye; el tercer punto de vista ve la prostitución como algo inevitable en la sociedad, con lo que se propone regularla como el menor mal para la sociedad.

La última aproximación a la prostitución en Perú es muy particular porque también se basa en la aceptación de que es inevitable en la sociedad, pero va más allá de la regulación: se propone la prostitución como una actividad laboral formal y la mejora de las condiciones de vida para quien la ejerce.

Este ejercicio del trabajo sexual se ha extendido también a través de plataforma digitales, en las que el escenario pasa de los burdeles o las calles al ciberespacio. Se pueden encontrar sitios web que dan publicidad tipo “marketplace” a las personas que ofrecen sus servicios sexuales, de masajes eróticos (“kinesiólogas” o “kines”) o de escorts. En estos sitios (como este, por ejemplo) se encuentran fotos, nombres, descripción, formas de contacto y hasta opiniones de usuarios. Esto da un alcance más grande al oficio de la prostitución.

Sectores defienden la formalización

Recientemente se han escuchado voces a favor de la formalización de la prostitución en Perú. Tal es el caso de la Red Nacional de Trabajadoras Sexuales del Perú, que hace parte de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y del Caribe, la cual existe desde el año 2013. Según su página web, el objetivo de esta organización es la defensa, promoción, reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales y en particular sus derechos laborales.

Manifiesta la coordinación nacional del oficio en Perú, que lo que se defiende es el trabajo sexual, más no la explotación sexual que tiene que ver con la trata de personas. Han propuesto desde hace algunos años un proyecto de ley que reglamente de fondo el trabajo sexual, el cual ha tenido un poco de eco sin resultados tangibles desde el punto de vista parlamentario.

Integrantes de SINTRASEXP durante una manifestación. Fuente: redtrasex.org.

A pesar del lento avance en materia legislativa, las trabajadoras sexuales del Perú sí han obtenido un gran avance en la búsqueda de un estatus laboral con el reconocimiento a partir de 2018 del Sindicato Nacional de Trabajadoras Sexuales del Perú (SINTRASEXP) por parte de la Confederación General del Trabajo del Perú. De inmediato, esto puso a las trabajadoras sexuales de Perú en la Mesa de Mujeres Sindicalistas. Manifestó en su momento Olinda Rodríguez, secretaria general de SINTRASEXP: “el Sindicato nos va a cambiar la vida. Ya que no solo mejoraremos la calidad de vida sino también la calidad de nuestro trabajo”. 

Sin duda este hecho histórico es un gran paso para que el “trabajo más antiguo del mundo” en Perú tenga un reconocimiento y, más allá, otros sectores legalistas proponen más medidas como la inclusión en la seguridad social y el tributo por parte de las personas que ejercen la prostitución como trabajo.