Cd. Victoria, Tamaulipas.- Un día antes de la Navidad del 2019, 23 de diciembre, a eso de las dos de la tarde, se registró una explosión e incendio en seis negocios en la llamada “Feria del Cohete” ubicada en calles 50 y Juárez.
Las consecuencias fueron graves: Siete personas lesionadas, una de ellas una mujer embarazada que registró quemaduras de primer y segundo grado en el 50 por ciento de su cuerpo, y su esposo con el desprendimiento de una de sus orejas según el reporte de las autoridades.
Otros lesionados, estos vendedores de pólvora, fue porque echaron en corrida sobre las alambradas que circulaban el área, sin importarles salvar a sus compañeros o compradores.
Crónicas de aquella fecha recuerdan la declaración de uno de los vendedores, Nahum Briones: “Todo fue tan rápido que apenas me dio tiempo de correr” y saltar por una alambrada de púas, donde se lesionó.
Afortunadamente no había casas habitación en el entorno, y a esa hora los compradores eran pocos.
Pues bien, las autoridades de Protección Civil y los propios oferentes, entre ellos los Briones, no quieren aprender la lección de hace dos años.
Se salieron de aquel rincón de la Sierra Madre y ahora se instalan a la entrada de la carretera Interejidal, kilómetros 3.0, sin permisos oficiales, con los mismos papeles que tenían desde el gobierno de Egidio Torre Cantú.
Ahí sí hay viviendas y hogares. Están a 40 metros de las instalaciones, con una entrada única con casas por lado y lado, y donde una explosión traería fatales consecuencias.
Es tanto el riesgo que hasta el mismo propietario del predio de cuatro hectáreas, Leonardo Salazar, se opone a que en su terreno se instalen los coheteros. Hizo con ellos compromiso de compra-venta ante notario, pero no le dijeron para qué lo querían. Ya no les va a vender.
No solo se opone él, también los ejidatarios de La Libertad, Misión y Sabino Unidos, apoyados por 50 firmas, que mandaron cartas de protesta, al igual que Salazar, a la Secretaría de la Defensa Nacional, Protección Civil del Estado y al Gobernador.
Las protestas duermen el sueño de los justos en el archivo de los funcionarios, mientras los coheteros ya se instalaron y dicen arrancarán sus ventas el uno de diciembre. Ya tienen la bomba, solo les falta la mecha.
YA TIENEN LA BOMBA, LES FALTA LA MECHA
Son los mismos del 50 Juárez. Quieren trabajar con los mismos permisos que tenían a varios kilómetros de distancia, donde la situación geográfica y poblacional es diferente. Ahí están los Briones.
Quieren hacer valer los mismos diez permisos a nombre de: Guadalupe de la Cruz Briones Frausto (dos permisos), Roberto Robles Serna, Mirna Sonia López Rodríguez, Sofía Alonso Hernández, Pedro Piña Cervantes, Aurora Aguilar Reyna, Felipe Robles Serna, Fernando Briones Alonso y Francisco Vázquez.
Ya tienen todo. Se los ha permitido el divisionismo con que se manejan Protección Civil Estatal y Municipal. Los funcionarios de esta última coordinación les dieron el “visto bueno”.
Con fecha cinco de mayo, el Comité Ejidal, presidido por Homero Fuentes Rodríguez; Secretario, Rafael Báez Méndez y Virginia Maldonado Méndez, Tesorera, con el apoyo de ejidatarios, le mandaron una carta al Secretario de la Defensa, pidiéndole su intervención porque los coheteros ya tienen hasta sus rústicas instalaciones.
En específico se encaminaron a la Dirección General de Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos. No les hicieron caso.
Ni a Leonardo Salazar, propietario de la parcela 242, quien les remarcó: “No autorizo la instalación de negocios dedicados a la compra, almacenamiento y venta de artificios pirotécnicos dentro de mi propiedad”. Está fechada el 7 de mayo del presente.
Las razones de Salazar:
“Representan (pirotecnia) un peligro para las casas habitación existentes dentro de mi predio, y también frente a mi predio con parcela No. 250 a orillas de la carretera, ya que se encuentran algunas a menos de 40 metros de distancia”.
Alegó contenidos de la misma Ley: “La Secretaría de la Defensa Nacional podrá negar, suspender o cancelar discrecionalmente los permisos a que se refiere el artículo anterior, cuando las actividades amparadas con los permisos entrañen peligro para la seguridad de las personas, instalaciones, o puedan alterar la tranquilidad o el orden público”.
Hace ver sobre la propiedad del terreno: “Realicé la promesa de compra-venta ante notario público de pequeñas superficies, pero a la fecha no existe subdivisión que ampare escrituras ante el Registro Catastral”. Sigue siendo el dueño.
El 24 de agosto le mandó carta al Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos, en que le dice: “Los permisionarios insisten ante la Secretaría de la Defensa Nacional se les otorgue el permiso respectivo utilizando una anuencia del Gobernador anterior (Egidio Torre Cantú), cuyo permiso les fue otorgado en otro predio muy distante, además que donde pretenden instalarse, el predio no reúne las distancias que se marca en la Tabla de Seguridad por Distancia, donde las casas habitación están a menos de 40 metros”. Lo mínimo son 100 metros.
Es que, para vender cohetes, los comerciantes deben contar con permiso del Gobernador, a través de Protección Civil. Por eso le pidió a Verástegui que revisen el otorgado por Protección Civil del municipio de Victoria.
OPERAR CON EL MISMO PERMISO DE EGIDIO TORRE
Los diez oferentes ya están en sus puestos en el kilómetro 3.0. Quieren trabajar con los papeles que tenían en el ejido Siete de Noviembre. A este gobierno no le han pedido autorización, como lo señala en un oficio fechado el 23 de septiembre (presente) el titular de Protección Civil Estatal, Pedro Granados Ramírez:
“Hacemos de su conocimiento que ante esta Coordinación General de Protección Civil, no se ha solicitado ningún trámite referente a la opinión favorable del Sr. Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y/o Secretario General de Gobierno, para la realización de actividades de almacenamiento, compra y venta de artificios pirotécnicos, en el predio ubicado en el kilómetro 3.0, lado poniente de la carretera Interejidal en Ciudad Victoria, Tamaulipas”.
El seis de mayo otro de los vecinos, Benito Reyes Martínez, mandó cartas diciendo que los coheteros ya preparaban sus puestos “en un nuevo punto de venta” en la parcela 242 Z1 P1/1 propiedad de Salazar. Nada.
Recuerda que la Ley de Armas dice: “Los permisos son intransferibles y hacen saber domicilio, coordenadas y el municipio en que se otorgaron”.
Refiere otro contenido: “Cuando se requiere de modificaciones en su permiso general, deberá de realizar los trámites correspondientes directamente en las oficinas de la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, en el periodo comprendido desde el mes de enero y hasta el 15 de septiembre” de cada año.
La misma Ley manifiesta: “Solo podrán vender artificios en el sitio autorizado en el presente permiso, realizando estas actividades únicamente en el horario que existe luz natural”.
Como distancia mínima de casas habitación se mencionan los cien metros, cuando los negocios de venta tengan en existencia de uno a 500 kilogramos de pólvora. A 160 metros, si el almacenamiento es de mil kilos de explosivos.
El escenario está listo, solo falta la mecha.
Las autoridades estatales y municipales, peleadas entre sí por provenir de partidos políticos diferentes, muestran apatía ¿o corrupción?.
Los vecinos, entre ellos Sandra Verónica Salazar Mata, Elizabeth Tovías, Ramón Villa Sariñana, solo rezan para que Dios ilumine a Granados Ramírez, a Libio Flores Rodríguez y al General Secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, para que no permitan que se venda pólvora en ese lugar.
No quieren ver heridos y muertos y menos que sean sus vecinos de los ejidos La Liberad, Misión y El Sabino.



