Cd. Victoria, Tamaulipas.- La guerra interna en el PRI se recrudece.
Uno de los cabecillas disidentes, Luis Enrique Arreola Vidal, solicitó al IETAM que acuerde la destitución de Edgardo Melhem Salinas como presidente del CDE, que pida el desafuero como diputado y le de parte a la Fiscalía Anticorrupción por distraer subsidios oficiales (prerrogativas).
En un extenso escrito, enviado también a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Arreola dice que Melhem violenta los derechos de más de 40 trabajadores del partido, al negarles el pago de 45 días de aguinaldo “como una prestación lograda por su desempeño”.
Enlista a 43 presuntos empleados, algunos a los que solo menciona por su nombre, y da a conocer que hay otros 30 que “no se sabe dónde se encuentran” y podrían ser aviadores.
Relaciona por igual un juicio sancionador en contra de Melhem ante el Instituto, promovido por Mayra Ojeda Chávez, secretaria general del propio CDE, por falsificación de firmas, algo que, según menciona, se castiga con entre 4 y 8 años de cárcel y una multa de 200 a 300 UMAS.
Solicita al Instituto dé cuenta a la Fiscalía de Justicia del Estado, Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad Técnica de Fiscalización del INE y a la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Por cuanto administración de recursos de las prerrogativas, Arreola menciona que nunca informó el Comité Estatal sobre los recursos recibidos para el financiamiento a candidatos.
Quiere saber:
“Qué hizo con el parque vehicular perteneciente al PRI, que es del conocimiento público que eran varios blindados, que estaban valuados en varios millones de pesos y deshicieron de ellos de manera discrecional”.
Copia del documento que circuló, trae sellos de recibido del IETAM, Conciliación y Arbitraje y la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado.
En resumen, Arreola Vidal, secretario General Adjunto a la Presidencia del Comité Estatal, solicita a las autoridades:
“Suspendan del ejercicio de sus funciones inmediatamente como presidente del CDE a Edgardo Melhem Salinas, para prevenir que se sigan violentando los derechos de los militantes, las mujeres, los trabajadores del partido y se aclare ejercicio y destino de los recursos públicos que ha ejercido.
“Que se de vista al Congreso del Estado para considerar la justificación y procedencia del desafuero y haga frente a la justicia como un ciudadano común”.
