Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una mancha más al tigre qué tanto es. El Instituto Electoral acordó una amonestación pública en contra del presidente estatal de Morena, Enrique Torres Mendoza.
Lo anterior por incumplimiento de la resolución IETAM–R/CG-127/2021 emitida el 31 de agosto del año en curso, por negarse a proporcionar información pública a quien se identifica como “Campeón Fuerte”.
Desde el 18 de marzo del 2019, hace más de dos años y medio, el citado “Campeón” le pidió a Don Enrique lo siguiente:
“Cantidad de Expedientes generados durante el ejercicio 2018 de cada uno de los procesos que se generaron al interior de la institución, dependencia u homólogo en atención a los documentos normativos; Decreto de creación, Estatuto Orgánico, Manual de Organización Especifico u Homologo” (sic).
Sin embargo el presidente estatal Torres Mendoza no generó la información en los tiempos ordinarios, por lo que el solicitante apeló a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
El 4 de julio del 2019 el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas resolvió a favor de “Fuerte” con la siguiente resolución: “El agravio formulado por el particular, en contra del Partido Regeneración Nacional, resulta fundado”.
Le dieron un plazo de diez días a Torres para que la proporcionara, pero tampoco lo hizo.
El 28 de agosto del 2020 el ITAIT tomó acuerdo de incumplimiento del presidente morenista y le impuso una “amonestación pública”.
Como siguió de rebelde, el 14 de octubre del mismo 2020 le aplicaron una multa de 300 UMAS, alrededor de 27 mil pesos, que tampoco pagó.
Por tal motivo, “Campeón Fuerte” y el ITAIT se fueron al Instituto Electoral a poner su denuncia, y la primera resolución fue emitida el 31 de agosto encontrando “culpable” a Torres y le dieron un plazo para que generara la información.
No conforme, el morenista recurrió al amparo de la justicia federal, algo que le negó el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado, por extemporáneo.
Ahora se le dan al aludido cinco días para que atienda la solicitud de información pública que le pidieron dos años y medio antes. Lo condenaron con otra “amonestación pública”.
