Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mediante reformas a la Ley de Gasto Público que se dieron por parte del Congreso del Estado, el gobierno de Francisco Javier García contratará obras y servicios a futuro y con años de anticipación.
Aunque le falta un año de ejercicio, recibió el visto bueno de la Diputación Permanente para hacer “contratos plurianuales” que podrían ir más allá del siguiente sexenio del Gobierno de Tamaulipas, es decir, hasta el 2028.
Los pueden hacer en compras, arrendamientos, servicios y obras públicas, según adiciones al artículo 60 de la citada Ley.
Para ello necesitarán justificar que la celebración de los contratos “representa ventajas económicas o que sus términos o condiciones son más favorables”, según el visto bueno de los diputados a la iniciativa del Gobernador García.
En la discusión del documento, el único diputado que alzó la voz de protesta fue Roque Hernández Cardona, de Morena, quien cuestionó que el gobierno que sale, deje contratadas las obras de la siguiente, tratándose de ayuntamientos o Gobierno del Estado.
“Alargar los plazos lo que va a lograr es reducir la capacidad de respuesta de las futuras administraciones”, dijo el representante de Morena, cuyo voto no fue suficiente para evitar la “aplanadora” del PAN que lo aprobó.
Consideró que estos criterios no se le pueden heredar a una futura administración, pues se le tiene que dejar margen para que continúen haciendo trabajo.
Las adiciones a la Ley mencionada señalan que se podrán contratar con años de anticipación, siempre y cuando se desglose el gasto a precios del ejercicio presupuestal actual, como los subsecuentes.
También se da el visto bueno para que contraten a futuro, por años, los poderes Legislativo y Judicial, organismos descentralizados y autónomos, en las mismas condiciones de “contratos plurianuales”.
Bastará con que lo pidan a la secretaría de Finanzas, con el indicativo que la contratación será en los años subsiguientes.
Fiscalía cobrará al público todos sus servicios
La Fiscalía General de Tamaulipas cobrará por los servicios que haga o solicite el público y otras instancias de gobierno o fuera de él.
La tarifa más baja es de 90 pesos (una UMA) por generar expedientes de entre una y 15 copias, sin que haya tope por su número, en tanto que a los certificados de paternidad se les fijó un costo de siete mil 200.
Tal fue la autorización que dio la Comisión Permanente del Congreso del Estado, al reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Procuraduría y la Ley de Hacienda del Estado.
Cobrarán todo, desde los expedientes de procedimientos administrativos o penales, copias simples, certificada so auténticadas de averiguaciones previas, carpetas de investigación, dictámenes periciales en materia de construcción o topografía, grafoscopía, trabajo social, psicología, toxicología, medicina forense, dactiloscopía y otros.
También los resguardos y traslados de unidades motrices, motos o automóviles, camionetas, hasta el depósito de vehículos asegurados o puestos a disposición de las fiscalías.
Por cada 24 horas que las unidades permanezcan en instalaciones de la Fiscalía, los propietarios o interesados deberán cubrir 45 pesos.
Lo anterior aparte de otros servicios que ya se cobraban, como las cartas de no antecedentes penales o “búsqueda” de expedientes, ratificación de firmas, apostillamiento, resoluciones y opiniones administrativas y dictámenes para locales de cruza de apuestas, entre otros