Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ahora son los patos los que le tiran a las escopetas: El Congreso del Estado le pide cuentas al superdelegado federal en Tamaulipas, José Ramón Gómez Leal.
La Comisión Permanente dio su visto bueno a la iniciativa de Patricia Pimentel Ramírez, de Movimiento Ciudadano, por la cual se exhorta al funcionario, “con todo respeto”, que informe cuáles son los apoyos en obras y cantidades (en dinero) que la federación ha enviado a Tamaulipas para combatir el coronavirus.
A iniciativa de la matamorense Ivett Bermea Vázquez, la exigencia para Gómez aumentó: Que también proporcione a los diputados locales el padrón de beneficiados de los programas sociales y, en específico, qué recibió cada quién, si son becas estudiantes o apoyos para “abuelitos”, dijo.
Al respecto la morenista Eda Rivera López tomó la palabra para manifestar su acuerdo de que se rindan cuentas, siempre y cuando se pidan también los padrones de las dependencias estatales para la distribución de despensas.
La mayoría del PAN en la permanente adicionó la petición de Bermea, pero desechó la de Rivera.
MAKI LE GANA CONTROVERSIA AL CONGRESO
La sesión de este miércoles fue bastante productiva: Se presentaron seis iniciativas y emitieron ocho dictámenes.
Dentro de las primeras destaca una de la fracción panista para corregir las reformas a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que les echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación a petición de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez.
Dicha Ley fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el 5 de febrero de 2019, manifestando que los terrenos recibidos por los ayuntamientos de parte de fraccionadores, son “inalienables e intransferibles”.
Dichas palabras quedarán eliminadas como lo ordenó la Suprema Corte, pero subieron iniciativa de adiciones al Código Municipal en que se prohíbe donar a particulares los predios que provengan de fraccionadores. Serán exclusivos para áreas verdes y equipamiento.
