Ya se cimbra el suelo de la patria, con la marcha de los militares

Cd. de México, a 18 de mayo de 2020
A LA OPINIÓN PÚBLICA Y A TODOS LOS SINARQUISTAS
Y, SE ABRIERON LOS CUARTELES
Ya se cimbra el suelo de la patria, con la marcha de los militares.
Mediante acuerdo presidencial publicado el 8 de mayo de este año en el Diario Oficial de la
Federación, el presidente de la República ordena a las fuerzas armadas permanentes, colaborar y participar
en tareas de seguridad pública a partir de la publicación del presente decreto y hasta el mes de marzo de
2024.
Dicho con toda claridad, el ejército y la marina armada de México estarán fuera de sus carteles
durante todo su sexenio. Recordemos que antes de este decreto ya estaban en las calles pero sin
reglamentación constitucional.
Con esta disposición, el titular del poder ejecutivo echa por tierra una más de sus promesas de
campaña cuando afirmaba que regresaría al ejército a sus cuarteles y emprendería una depuración sin
precedentes de los cuerpos policíacos en todo el país.
No hizo ni lo uno ni lo otro.
Los militares seguirán en las calles con los riesgos e inconvenientes que ello conlleva para la
población en general dado que los militares no fueron formados disciplinariamente para esas tareas. Y las
corporaciones policiacas, estatales y municipales también siguen ahí, muchas de ellas coludidas o peor aún,
integradas a diversas células delictivas del crimen organizado para desmentir al presidente en sus buenos
propósitos de sanear los cuerpos policiacos.
Las fuerzas armadas tienen, por disposición constitucional, al jefe del poder ejecutivo como su
comandante supremo cuyo mando es intransferible e irrenunciable. Es por demás redundante aclarar que la
única subordinación de las fuerzas armadas es para con el titular del poder ejecutivo y para con quien este
designe como titulares de la Marina y Defensa Nacional. ¿Al mando de quién actuarán las fuerzas armadas
en tareas de seguridad?, lo demás es hacerle al tío Lolo. He ahí los riesgos.
La militarización de las tareas de seguridad tal cual lo decretó el presidente de la República, nos
sumerge en un estado de excepción de facto al margen del marco constitucional en razón de que con este
decreto, el poder ejecutivo invade funciones del poder legislativo que es el único facultado para regular
constitucionalmente el desempeño de las fuerzas armadas fuera de sus tareas estipuladas en la propia ley
superior, sobre todo en lo que se refiera a la subordinación a la autoridad civil. La militarización en estas
condiciones nos puede encaminar a un gobierno dictatorial. En este asunto, tan parecido al fraude
constitucional en Baja California para entronizar a Bonilla en el poder más allá del mandato de las urnas, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse al respecto mediante controversia constitucional
por parte del actor afectado, en este caso, el poder legislativo. Ojala que la corte enmiende este entuerto
como lo hizo en Baja California.
Atentamente
“PATRIA, JUSTICIA Y LIBERTAD.”
POR EL COMITÉ NACIONAL SINARQUISTA
C. GERARDO ESCAMILLA MEDINA LIC. FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ DE LA FUENTE
JEFE NACIONAL SECRETARIO DE PRENSA Y VOCERO OFICIAL