Cd. Victoria, Tamaulipas.- Más temprano que tarde el Presidente Electo o (ya) Constitucional, Andrés Manuel López Obrador, necesita sentarse a platicar con los gobernadores y alcaldes sobre cada proyecto regional que pretenda.
Por primera vez en la historia reciente, un grupo de jefes estatales se han rebelado en contra del (futuro) Presidente. Lo hacen con motivo de los planes de seguridad pública que quiere desarrollar a partir del uno de diciembre.
Peligrosamente, la respuesta inmediata de Morena fue amenazarlos con la desaparición de poderes ¿usted cree?.
Los 12 emanados del PAN se ponen al tú por tú; el de Jalisco echa pestes en contra de AMLO, y el de Nuevo León (independiente) de plano dice que la creación de los “superdelegados” es una idiotez.
En un desplegado nacional, los ejecutivos locales, entre ellos el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, fijan su posicionamiento: “La colaboración no debe ser entendida como sometimiento”.
Si López no se sienta a dialogar directamente con ellos, le pueden abrir un “boquete” en los primeros meses de administración.
El meollo está en la actuación de los coordinadores estatales de programas sociales que ya tiene en marcha el futuro Presidente. Se les quieren dar atribuciones extraordinarias y plenipotenciarias.
El bloque de los 12 consideran que Andrés estaría violando la autonomía de los estados, dejándolos a ellos como espectadores si, como se afirma, esos delegados presidirán los grupos de coordinación para la seguridad pública.
No son los únicos, debe haber más aunque no lo han manifestado públicamente.
Por ahora son los azules de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucatán. Si no hay diálogo, al rato van a ser más.
Ganador con las siglas del Movimiento Ciudadano, el que se muestra más radical es el de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Afirma a boca de jarro: “En Jalisco vamos a castigar a los corruptos con o sin el aval del gobierno federal. En Jalisco los corruptos irán a la cárcel y no de vacaciones”.
Nada bueno para el ya próximo Presidente es la expresión que agrega Alfaro: “En Jalisco alzamos la voz para exigirle al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, respeto a la soberanía de nuestro estado”.
“Es un a verdadera idiotez” dijo en julio el Gobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón cuando López, después de ganar las elecciones, habló por primera vez de acabar con los delegados federales en los estados y nombrar a un coordinador único.
Nada saludable para el país que se dividan los mandos estatales. El pacto federal estaría en riesgo y, en lugar de llegar a soluciones como en el tema de la inseguridad, nos llevaría al desastre.
Desde que antes López ganara las elecciones, siete gobernadores de Acción Nacional –entre ellos el tamaulipeco- habían formado un grupo para ofrecer su colaboración al futuro Presidente, “gane quien gane”.
Ya se veía que Ricardo Anaya Cortés, el panista, iba derecho a la derrota.
Los próximos funcionarios necesitan explicar ya, o desde el uno de diciembre, cuáles son sus intenciones en el gobierno, en especial de los “superdelegados” y la llamada Guardia Nacional.
La mazorca del pacto federal no puede desgranarse por cuestiones tan simples.
Tiene que definirse la competencia de los enviados del Presidente y de las fuerzas federales en las entidades. Es menester respetar la autonomía local.
Los tres niveles de gobierno tienen que jalar parejo para sacar al buey de la barranca (México).
Si el propósito es crear una “maquinaria electoral” acorde con el nuevo partido dominante, ya se encargarán de aplicar sanciones los responsables de contraloría y auditoria de los fondos públicos, la fiscalía respectiva y el INE.
De última hora surgió una declaración del senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, que no abona a la paz y tranquilidad que ha prometido López Obrador: Amenazó con la desaparición de poderes en aquellas entidades donde los gobernadores no acaten las disposiciones constitucionales.
En lugar de diálogo, trata de incendiar el país.
Por otra parte, no han rendido protesta oficialmente pero en el CDE del PRI ya despachan los nuevos colaboradores de Yahleel Abdala Carmona.
Ellos son Alejandra Cárdenas Castillejos, secretaria de Gestión Social; Juan Carlos González Toral, en Organización, y Benito Sáenz Barella, en Acción Electoral.
Como sabemos, Cárdenas y Sáenz vienen de una fallida candidatura a diputados federales. Perdieron pero agarraron más experiencia.
Y este sábado y domingo será la segunda consulta pejista sobre el Tren Maya y nueve temas y programas sociales que, de hecho, ya están en marcha. En Tamaulipas se instalarán las mismas 32 casillas que en la jornada que decidió sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El respetable deberá opinar si está de acuerdo en aumentar la pensión a los adultos mayores, hasta por mil 274 pesos mensuales con entrega directa, sin intermediarios; si se apagan tres mil 600 a los jóvenes construyendo el futuro (los famosos “ninis”); pensión a discapacitados, becas a estudiantes de preparatoria, atención médica gratuita en hospitales y acceso gratuito a Internet en todo el país.
Aparte, en lo que parece será la primera auténtica consulta, con método y avalada por el INE, López Obrador anunció para el 21 de marzo, aniversario del natalicio de Benito Juárez, preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo sobre la creción de la Guardia Nacional. Los resultados serán vinculados a acciones de gobierno.
Si se realiza, bien por ella. Las dos primeras no tienen seriedad.
Por cierto, este sábado en la palapa del ex diputado Heriberto Ruiz Tijerina, en el fraccionamiento Los Olivos, se efectuará la gran reunión de grupos, organizaciones y ciudadanos a la que ha convocado el Consejo Liberal Progresista y Democrático, que buscar crear la base social del obradorismo en Tamaulipas.
Seguramente de ahí saldrán acuerdos para aterrizar proyectos del nuevo gobierno.