Cd. Victoria, Tamaulipas.- Después de 28 años de vigencia, desaparecerá la UPYSSET como órgano administrador de las pensiones de los trabajadores del Estado, para dar paso al Instituto de Previsión y Seguridad Social.
Con ello aumentarán progresivamente las cuotas que pagan los servidores públicos, de un seis por ciento que ahora se les descuentan, hasta un 10.5 en el año 2019 y posteriores.
El Gobierno también pagará más: De un 12 por ciento de ahora, a un 21.5 del año 2020 en adelante.
Así lo establece la iniciativa de Ley enviada por el Gobernador Egidio Torre Cantú al Congreso del Estado para su análisis, discusión y en su caso aprobación, la cual entrará en vigor a partir del uno de enero del 2015.
Se trata de un documento que contiene 176 artículos agrupados en siete títulos y 20 transitorios. Estos últimos reglamentan un ciclo de transición entre las normas actuales y las que vienen.
El proyecto fue elaborado después de largas negociaciones –por años- de funcionarios del gobierno con la parte sindical, el SUTSPET y el SNTE.
Como resultado, la iniciativa señala que los años de servicios y edad para tener derecho a la pensión y jubilación, también se irán dando progresivamente.
Desaparece la llamada Unidad de Previsión y Seguridad Social para los Trabajados del Estado, creada por Ley del 28 de enero de 1987, y da lugar al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tamaulipas como órgano descentralizado estatal.
En su estructura, la nueva institución tendrá una Junta de Gobierno, un Comisario encargado de vigilancia; Comité de Inversiones; Director General y un Comité Técnico de Pensiones.
Como innovación en el proyecto del IPSSET –por sus siglas-, los trabajadores en retiro podrán hacer aportaciones voluntarias de cuotas hasta por tres años para, en un momento dado, conseguir su pensión.
Aunque no se menciona de qué cantidades se trata, el proyecto de Ley establece que el nuevo Instituto mandará a fondo perdido el 75 por ciento de las cuentas de préstamos por cobrar, a partir de su vigor en enero.
Los servidores podrán retirarse entre los 60 y 70 años y con el ciento por ciento con 30 de servicios.
AYUNTAMIENTOS PODRAN HACER EXPROPIACIONES
La 62 legislatura recibió además iniciativa del Gobernador Torre Cantú para hacer reformas y adiciones a la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal o Limitación de Dominio.
Las principales innovaciones son: La expropiación por causa de utilidad pública se hará aun cuando no se localice o sepa quien es el propietario de un inmueble, o bien que los terrenos se encuentren sujetos a juicio o proceso judicial.
Además, le concede a los ayuntamientos y organismos descentralizados de participación estatal o municipal, el derecho de iniciar procesos de expropiación para realizar acciones tendientes a la consecución de sus fines.
La iniciativa conserva el derecho inicial de la Secretaría de Obras Públicas a promover las expropiaciones.
Dichas reformas también mantienen que, en caso de indemnizaciones, se pagará a los propietarios según el valor catastral que tengan registrado, aun cuando ellos lo desconozcan.
A través de estas reformas, el procedimiento expropiatorio tendrá una duración máxima de 30 días, y se dará derecho de audiencia a los interesados.
EL 30 INFORME DE ETC EN REYNOSA
A esta sesión plenaria inasistieron seis diputados que dieron “aviso” de tener otros compromisos: Zulema Flores Peña, Erika Crespo Castillo, Ana María Herrera Guevara, Laura Zárate Quezada, Juan Báez Rodríguez y Alvaro Barrientos Barrón, en tanto que Rogelio Ortiz Mar llegó bastante tarde.
En el punto de iniciativas, el pleno aprobó con dispensa de trámite declarar recinto oficial para sesión solemne el Centro de Convenciones del Parque Cutural Reynosa, donde el Gobernador Egidio Torre Cantú rendirá su IV informe de gobierno, el próximo 30 del presente.
Fue iniciativa enviada por la junta de Coordinación Política.
En su exposición de motivos, los diputados indican que hay un antecedente de que cuatro informes de gobernadores se han realizado fuera de la capital en las últimos 45 años, que son 15 legislaturas.
Según los datos del archivo parlamentario, en 1976 Enrique Cárdenas llevó su informe a Hidalgo; en 1977 fue en Valle Hermoso y en 1980 en Madero.
Por igual, Tomás Yarrington presentó su informe del 2003 en Tampico.