¡Esto no es gobierno…!
Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente
A mediados de septiembre, los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, del Municipio de Guerrero, se organizaron para asistir a la conmemoración de la Masacre de Tlatelolco, acaecida en el Distrito Federal el 2 de octubre de 1968; a los ochenta estudiantes de la comitiva jamás se les ocurrió pensar que ellos mismos terminarían protagonizando uno de los episodios más crueles de la historia reciente mexicana.
Los estudiantes, todos jóvenes sin recursos, salieron a “botear” (pedir colaboración económica) para costear el viaje a Ciudad de México. Con ese objeto consiguieron un camión y un ómnibus y partieron de la escuela Normal, tomando por la Carretera 95, en dirección norte.
Según el fiscal que instruye la causa, Iñaky Blanco Carrera, al llegar la caravana a Iguala fue detectada por las fuerzas locales de seguridad, tras lo cual el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares, ordenó a sus hombres y a sicarios pertenecientes a la organización criminal Guerreros Unidos —dirigida por Salomón Pineda, conocido como El Molón y cuñado del alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez— que la siguieran.
Sicarios y policías obedecieron la orden, hasta rebasar la caravana y cerrarle el paso en una calle céntrica.
Un tanto amedrentado por la encerrona, un estudiante se bajó del camión para pedir paso libre a los agresores. Eran las 20 horas del viernes 26 de septiembre. No alcanzó a dar cinco pasos cuando una descarga de arma de fuego le voló la cabeza, a lo que siguió una balacera dirigida contra los vehículos de la caravana.
Algunos jóvenes, aterrorizados, se bajaron para buscar refugio, sus compañeros vieron cómo caía al piso el Chilango Mondragón y cómo lo subieron a una patrulla municipal, y en su ingenuidad pensaron que lo “levantaron” para llevarlo a algún hospital.
Mientras, la cacería proseguía. Decenas de jóvenes fueron secuestrados. En ese momento, El Chuky —siniestro apodo de un jefe de los Guerreros Unidos ordenó el traslado de los secuestrados a la zona de Pueblo Viejo, un lugar en las montañas que rodean Iguala, donde la organización tiene un cementerio ilegal para sepultar los cadáveres de sus víctimas.
En esa noche de infierno, que se prolongó hasta la madrugada del sábado 27, El Chuky ordenó la ejecución en masa de los secuestrados.
El sábado 27 por la mañana, en la zona industrial de Iguala, apareció el cadáver cruelmente desollado de Julio César Mondragón. También esa mañana aparecieron y fueron reconocidos los cadáveres de Julio César Ramírez Nava, oriundo de Tixtla, y de Daniel Solís Gallardo, de Zihuatanejo.
El escándalo mediático que siguió a la masacre fue enorme. La ONU y la OEA urgieron al Gobierno a “desplegar acciones” para encontrar a los estudiantes desaparecidos. En medio de un completo caos, decenas de familiares de desaparecidos pugnaban por dar los nombres de sus seres queridos a la prensa.
Ante la escalada de indignación, fueron detenidos 22 policías municipales y varios miembros de Guerreros Unidos, dos de los cuales hablaron: Martín Maceda y Marcos Antonio Ríos. Ambos dijeron que al menos 30 de los 142 policías municipales pertenecen también a Guerreros Unidos y señalaron la ubicación de Pueblo Viejo, donde se realizaron las ejecuciones en masa.
Allí se encontraron seis fosas comunes, en tres de ellas se identificaron veinte de los cadáveres enterrados, con señales de haber sido incinerados.
La magnitud del crimen involucra seriamente a los poderes del Estado y a su vinculación con las organizaciones delictivas. El propio gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, está considerado como sospechoso; el director de la Policía Municipal de Iguala, Francisco Valladares, es señalado como el responsable del operativo de exterminio; el secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y el alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, están prófugos.
El 8 de octubre, en el DF, en diversos estados de la república y en otros países se realizaron manifestaciones, bloqueos, mítines, protestas frente a las embajadas de México, para exigir la presentación con vida de los desaparecidos y justicia por los estudiantes asesinados.
Esta masacre es un crimen de estado, es terrorismo de estado, por más que el gobierno mexicano trate de atribuirlo al crimen organizado, pues fue muy evidente la participación de la policía. Sabemos que los policías sólo saben obedecer órdenes, por absurdas y criminales que estas sean.
No se trata de que el narco corrompió a “algunos policías’” está claro que hay una simbiosis entre las bandas criminales y el estado (Simbiosis: Asociación íntima de dos organismos de distinta especie con importante beneficio para ambos). Los cuerpos militares y policíacos, a todos los niveles, como brazo armado del estado, no hacen sino cumplir las órdenes de sus superiores. Son los autores materiales de la masacre, los ejecutores. Para simular que se hace justicia, detienen a algunos de los policías ejecutores y a algunos sicarios. Sin duda son asesinos, son quienes accionaron sus armas para ejecutar estudiantes. Frente al reclamo de justicia son peones sacrificables.
Los diferentes partidos políticos nacionales, ya establecieron su posición, el PRD, de cuyas filas surge Ángel Aguirre, le está pidiendo, que renuncie al cargo para que la investigación no se vea entorpecida; el PAN, ya presentó ante el Senado la solicitud de desaparición de poderes, y el PRI, ve con buenos ojos la renuncia de Aguirre, pero no lo manifiesta abiertamente, y dice que a ellos solo les interesa que aparezcan los normalistas desaparecidos.
Y las protestas se siguen dando sobre todo en contra de las instituciones guerrerenses, llegando incluso al vandalismo, con lo que podemos ver que, al Presidente de la República se le está saliendo de las manos y si no actúa pronto, deberemos decir que ¡Esto no es gobierno! Y para ver que se hace y para actuar en consecuencia… ¡Aquí estamos!
