¿Cumplir la ley, es opcional…?
Lic. Francisco Javier Álvarez de la Fuente
La ley es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia. Su incumplimiento trae aparejada una sanción.
La ley es general, obligatoria, permanente, abstracta e impersonal, se reputa conocida y rige hacia el futuro.
O sea que debe ser para todos, y a todos les obliga cumplirla, y que no está dirigida a una persona en particular, y que todos debemos conocerla, y que esta debe ser obligatoria a partir de su publicación, ya que todos tenemos la obligación de conocerla, o sea que no es opcional cumplirla o no.
Pero el caso es que al parecer y por lo que ha ocurrido a partir de la toma de protesta de Peña Nieto, el cumplimiento de la ley, se ha convertido en algo que es opcional cumplir.
Y decimos lo anterior porque es lo que vemos, por un lado, están los vándalos que “se manifestaron”, destruyendo, golpeando policías, interrumpiendo el tráfico, etc., y que cuando fueron detenidos se dijeron blancas palomitas agredidas por la policía y los Asambleístas del D. F., cuando vieron que la ley les era adversa a “los manifestantes”, se dieron a la tarea de reformarla ipso facto y no conformes les pagaron las fianzas, con lo que salieron como “héroes”, ya que así se consideraron ellos mismos y sus secuaces.
Y en los últimos días, nos hemos enterado por los diversos medios de comunicación, tanto escrita como televisiva y digital, que los llamados “maestros”, del estado de Guerrero, ya le tomaron la medida al gobierno, no solo de esa entidad federativa, sino de la federación, ya que frecuentemente no solo toman los dos carriles de circulación de la autopista del sol, interrumpiendo el tránsito, con lo que están cometiendo un ilícito conforme a lo señalado en la Jurisprudencia siguiente: “ATAQUE A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, DELITO DE. FORMAS DE COMISIÓN. El ataque a las vías generales de comunicación no se integra exclusivamente por medio de violencia, sino también al tenor del tipo del delito previsto por la fracción VII del artículo 167 del Código Penal Federal, por conductas diversas que entrañan igualmente la paralización, inmovilización o entorpecimiento, que constituyen sin duda ataques a las vías de comunicación, en tanto que impiden el desarrollo normal de un servicio.” Sino que ahora también el Congreso del Estado, cometiendo actos vandálicos, destruyendo puertas y ventanales, como cualquier grupo de delincuentes, sin consecuencia alguna.
Y no sólo eso, sino hacerlo una y otra vez: saben que no habrá castigo.
También lo vemos como cualquier grupo de vándalos puede tomar por asalto la rectoría de la principal universidad de nuestro país, y dañar las instalaciones. Total, nadie les dirá nada.
Las autoridades tienen más miedo de aparecer como represores, que voluntad de actuar de acuerdo con el mandato que les fue otorgado: la ley no se aplica a los delincuentes, aunque cometan sus tropelías con flagrancia y frente a las cámaras de los medios de comunicación.
¿Qué sigue? Cualquier persona sabe, ahora, que el método para obtener lo que quiera no es actuar de acuerdo a la ley. Al contrario: basta con juntar una turba enfurecida y cerrar una calle cualquiera. Mientras más violentas sean las arengas, más miedo tendrá la autoridad de cumplir con su deber. Y el resultado es que las protestas se multiplican, paralizan nuestras ciudades, generan daños económicos tremendos y, en algunos casos, obtienen lo que desean. La ley, para los manifestantes, es letra muerta: ni ellos están dispuestos a cumplirla ni las autoridades a aplicarla.
Esto no puede seguir así. México necesita certidumbre jurídica, Estado de Derecho. Instituciones sólidas, confiables. Y esto, precisamente, es lo que no tenemos. Lo que tenemos es a un grupo de políticos, que no de gobernantes, que están dispuestos a doblar la ley para evitarse problemas. Si gobernaran en realidad, los profesionales de la protesta no tendrían cabida en nuestra sociedad: el Estado tendría los medios para escuchar a quienes sientan sus derechos vulnerados, y protegerlos, pero además tendría la firmeza necesaria para aplicar las normas que juraron defender.
Esto no se daría si efectivamente hubiera personas que quieren servir a su pueblo y tengan como principio el de “pueblo señor y gobierno servidor”, como el que tiene el Partido Demócrata Mexicano, que está realizando los trámites necesarios, para volver a la palestra política con su gallo colorado, en las próximas elecciones federales y para ver que esto pronto suceda… ¡Aquí estamos!
