Luis Lauro Carrillo.
TRANSPARENCIA VS OPACIDAD.
La transparencia es la madre de la rendición de cuentas. El acceso oportuno a los registros del gobierno es la piedra angular de toda democracia. Sin este acceso, los ciudadanos son incapaces de vigilar las acciones y decisiones de sus gobiernos.
Viene a cuento lo anterior por la presentación pública que hizo el presidente Enrique Peña Nieto y demás servidores públicos federales de la declaración patrimonial, porque sentó las bases de un sano precedente, en materia de información y transparencia en México.
Al efecto, expresó el primer mandatario del país. “La transparencia será fundamental en la Presidencia Democrática que me he propuesto conducir. Es una obligación sustantiva para dar confianza a una sociedad mexicana más plural, más informada y más participativa”.
Cabe precisar que aun cuando el presidente no tiene obligación legal de hacer pública su declaración patrimonial, hubiera sido políticamente correcto darla a conocer con el valor de las adquisiciones de los bienes muebles e inmuebles y de las inversiones financieras, así como sus ingresos, para generar la credibilidad y confianza que requiere la sociedad en sus autoridades, para alejar la especulación y el sospechosísmo.
Por tanto la Sociedad tiene el derecho de conocer el contenido de la declaración de situación patrimonial de los servidores públicos de México, de los bienes y valores con que cuentan, en relación con el salario, prestaciones, compensaciones, gastos de representación que perciben, con respecto al acceso al erario público, que inciden directamente en la función pública para evaluar el comportamiento patrimonial.
Como esta visto quienes ocupan puestos públicos y reciben remuneraciones económicas provenientes de los contribuyentes por la prestación de sus servicios, habrá que permitir a la ciudadanía fiscalizar la congruencia entre los ingresos de sus gobernantes y su patrimonio, de manera que sea fácil detectar cualquier desviación o mal uso del erario.
De ahí que sin verificación, un sistema democrático como el de México, estará mutilado, porque se podrá elegir a los gobernantes, pero ignorando si estos cumplen con su responsabilidad, con rectitud y honestidad. La discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos debe quedar atrás.
Así pues si no se conoce lo que los gobernantes hacen, y cómo lo hacen, la sociedad está impedida a fiscalizar su tarea. En la opacidad, los gobernantes y servidores públicos medran y preservan su impunidad. La declaración patrimonial pública de todos los servidores públicos tendrá que ser de un ejercicio común y rutinario
Empero cabe preguntar ¿Por qué el estado mexicano mantiene en secreto la situación patrimonial de los servidores públicos? La respuesta es porque el principio de secrecía está por encima del de transparencia, porque los que detentan el poder público consideran más útil y confortable el recurso de la opacidad e impunidad.
Porque además así lo establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, ya que la publicitación de la situación patrimonial se hará siempre y cuando se cuente con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate.
Porque la información de la situación patrimonial será publica y estará disponible hasta por un plazo de tres años posteriores a que el servidor público haya concluido su empleo, cargo o comisión.
En las relatadas condiciones el régimen vigente de responsabilidades de los servidores públicos y de transparencia y acceso a la información a nivel nacional y estatal deberían renovarse, reformarse y actualizarse para cumplir sus objetivos en un Estado de Derecho, para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la función encomendada, así como garantizar su buena prestación.
Por consiguiente oponerse a estas medidas propuestas es favorecer la opacidad, e iría en contra de la transparencia y el respeto a la ciudadanía.
En definitiva es necesario reformar la constitución, las leyes de responsabilidades y de transparencia y acceso a la información con nuevas bases jurídicas actualizadas para prevenir y castigar la corrupción en el servicio público, que desnaturaliza la función encomendada, así como garantizar su buena prestación.
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