Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En una maratónica jornada, el Congreso del Estado aprobó este viernes un total de 201 cuentas públicas de ayuntamientos y organismos descentralizados, algunas “atoradas” desde el 2008.
Tan sólo para leer la “orden del día” de la jornada, el presidente de la mesa directiva, Oscar Almaraz Smer, utilizó 43 minutos.
Los diputados dejaron pendiente sólo una cuenta: la del Colegio de Bachilleres (COBAT) en el ejercicio 2011, por presumir que se cometieron actos de corrupción.
En total, los legisladores resolvieron 227 dictámenes y dieron por concluido su periodo ordinario de sesiones.
Antes nombraron a la Comisión Permanente que ejercerá en el ciclo de receso, misma que será presidida por Adolfo Víctor García Jiménez. Luego se fueron de vacaciones.
En el último día de trabajo del segundo año de ejercicio de la 61 legislatura, sus integrantes aprobaron el decreto que reforma y adiciona disposiciones de tres leyes: Seguridad Pública, de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública y Orgánica de la Procuraduría de Justicia.
Conjuntaron en el mismo “paquete” la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2013, así como el decreto de Presupuesto de Egresos para el mismo periodo.
Además, hicieron modificaciones a otras cuatro leyes que aterrizarán el “paquete fiscal”: De Hacienda, Código Fiscal, Orgánica de la Administración Pública y de Coordinación Fiscal.
La plenaria aprobó asimismo las leyes de Ingresos para 21 municipios que estaban pendientes, con lo cual los 43 tienen ya el recurso legal para recaudar fondos a partir de enero.
CUENTAS REZAGADAS DESDE 4 AÑOS
Entre los estados financieros a los que la legislatura dio el visto bueno se encuentran rezagos como el de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de González, correspondientes al segundo semestre del 2008, primero y segundo semestre del 2009 y primer semestre del 2010. En total cuatro cuentas.
También lograron pasar la fiscalización de los diputados, tres cuentas del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, correspondientes al 2009 y 2010 que permanecían retenidas por haberse detectado irregularidades.
En “borrón y cuenta nueva” también quedaron los asuntos que desde el año 2008 tenía pendientes el municipio de Padilla, y los del 2009 de Jaumave, Gómez Farías y el mismo Padilla.
La “libraron” además otros ex alcaldes del anterior trienio, al recibir el visto bueno a los estados financieros del 2010 del municipio de Miquihuana, Comapa Miquihuana e Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos.
Del año 2011 quedaron liberadas las del propio Congreso del Estado, del Poder Judicial y del Ejecutivo.
También 37 de los municipios, referentes al 2011, y 20 del año 2010 que permanecían “atoradas”.
En el curso de la jornada, los diputados realizaron un ciclo solemne para tomar la protesta como consejeros de la Judicatura del Poder Judicial del Estado a los abogados Elvira Vallejo Contreras, Héctor Madrigal Martínez y Ernesto Meléndez Cantú, quienes vienen a ocupar vacantes que se habían dado en los últimos días.
Luego continuaron los trabajos para aprobar “en paquete” y con dispensa de lectura todos los dictámenes de ingresos y cuentas públicas, que ya habían discutido lo suficiente en comisiones.
En el dictamen del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas, correspondiente al 2011, los diputados concluyeron que “no es de aprobarse” por una serie de irregularidades.
-La inversión física y financiera no cumplió con los objetivos y metas contenidos en los programas.
Dicho órgano desconcentrado de la educación ejerció en ese año un presupuesto de ingresos de 295 millones 704 mil pesos, de los cuales gastó 286 millones 417 mil pesos.
De los ingresos, 174 millones fueron aportados por el gobierno federal, 88.4 por el gobierno del estado y 32.7 por los alumnos del sistema.
El decreto de los diputados señala:
-No se utilizaron los postulados básicos de contabilidad gubernamental, así como las disposiciones legales aplicables en la materia.
La Auditoría Superior hizo ocho observaciones al COBAT con fecha 9 de octubre del 2012, “sin que a la fecha se tenga respuesta favorable” de parte del director, Carlos Castro Medina.
Autorizaron los legisladores a que la Auditoría sigua adelante con la investigación y continúe con el procedimiento respectivo “para determinar posibles responsabilidades a que hubiera lugar y la imposición de sanciones”.
La sesión terminó poco después de las cuatro y media de la tarde. Entraría luego en funciones la Comisión Permanente para cuestiones de urgencia.
