Luis Lauro Carrillo.
COMISION NACIONAL ANTICORRUPCION.
La propuesta de reforma constitucional del presidente electo Enrique Peña Nieto para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, parece que esta institución no tiene diferencia alguna con la actual Secretaria de la Función pública, salvo el cambio de nombre.
¿Por qué decimos lo anterior se preguntará el lector? porque de acuerdo a la iniciativa se trata de una instancia encargada de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación.
Porque la iniciativa de reforma no le concede facultades a la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) de fiscal especial autónomo para la persecución y combate de todos los delitos de corrupción ante los tribunales federales, sino que tiene que darle vista al ministerio Publico.
Porque la iniciativa prevé la inclusión en la ley penal federal, de los delitos relativos a actos de corrupción, decomiso y privación de la propiedad de bienes, además equiparando a la CNA solo como una instancia coadyuvante del ministerio publico.
Porque los comisionados «anticorrupción» al proceder de la voluntad presidencial su nombramiento, con la ratificación del Senado, esta circunstancia le resta credibilidad al organismo y refuerza la idea de una instancia instrumento presidencial para someter y controlar, todo particularmente a los poderes estatales.
Porque solo dos terceras partes de los miembros el senado podrán objetar los nombramientos de los comisionados hechos por el ejecutivo dentro de los primeros treinta días después de la fecha del nombramiento.
Porque la propuesta no tomo en cuenta que en marzo del presente año el Senado aprobó una reforma que adiciona el apartado C del artículo 102 de la Constitución para crear la Fiscalía Nacional contra la Corrupción y el Lavado de Dinero.
De acuerdo con lo aprobado por los senadores, dicho órgano tendría autonomía de gestión y presupuestaria, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.
Partamos, entonces, de la premisa de que la mejor herramienta para combatir la corrupción es tener una organización del Estado capaz de investigar, acusar y procesar a aquellos funcionarios corruptos. Si aceptamos esta premisa, pues la solución que propone Peña no soluciona nada contra la corrupción e impunidad.
Por otro lado la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública presidido por el presidente de la republica e integrado mayoritariamente por la clase política, será el encargado del fortalecimiento ético e la sociedad, y coordinar las instancias gubernamentales encargadas de prevenir y combatir la corrupción, de suyo suena a vacilada o se trata de una herramienta masa del presidencialismo autoritario.
Pueden intentar algo todavía mejor: fortalecer la importante tarea que realiza la Auditoría Superior de la Federación, dotándola de autonomía constitucional y otras atribuciones como la de fijar sanciones administrativas. En manos de esos congresistas está abrirle o no la brecha al dinosaurio que quiere volver.
En el actual contexto se hace necesario rediseñar la estructura institucional para la rendición de cuentas, otorgando plena autonomía al IFAI, a la ASF así como Ampliar la ley de transparencia para incluir a los partidos políticos y al sector privado como sujetos obligados.
En definitiva estamos en presencia de un una reforma constitucional diseñada al puro estilo de Lampedusa «cambiar algo para que nada cambie», se pretende crear una Comisión Nacional Anticorrupción con las mis facultades y atribuciones que la actual secretaria de la función pública. En otras palabras sin dientes jurídicos.
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