Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Gobernador Egidio Torre Cantú envió al Congreso del Estado tres iniciativas que dan forma a lo que se llamará Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, la cual quitará funciones sustanciales a la General de Gobierno y a la Procuraduría de Justicia.
En su petición de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, el Gobernador solicita la desincorporación de la General de Gobierno de entes administrativos como el Instituto Catastral y Registral y el Registro Civil, que pasarán a la nueva cartera.
Además de las funciones en el terreno laboral y previsión social, la “supersecretaría” se llevará el área del Notariado, Comisión de Estudios Jurídicos, Legalizaciones y el Instituto de Mediación.
Tendrá asimismo la facultad de elaborar las iniciativas de Leyes y reglamentos, decretos y acuerdos, así como todo tipo de convenios que ahora son función de la Secretaría General y de la Asesoría Jurídica del Gobernador.
A través del paquete de reformas, la iniciativa del ejecutivo le quita competencia a la Procuraduria en cuanto a que su titular es actualmente el consejero jurídico del Gobernador. Ahora lo será el titular de la secretaría del Trabajo, Previsión Social y Asuntos Jurídicos.
Otras atribuciones que se le retiran es en lo relativo al Instituto de Atención a Víctimas del Delito, que pasará a la General de Gobierno.
En cuanto a la Secretaría del Trabajo, se le quitan en el renglón de empleo y productividad, para transferirlas a la cartera de Desarrollo Económico y Turismo.
Otro cambio en el esquema de la administración es la transferencia del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, que pasará de la Secretaría de Desarrollo Urbano a la de Desarrollo Social.
Otra reasignación de funciones se refiere a que todas las dependencias del gobierno podrán elaborar proyectos de Leyes, pero el conducto para enviarlas al ejecutivo será la cartera Del trabajo.
En cuanto al Congreso del Estado y sus relaciones con el ejecutivo, el flujo de comunicación se hará con la Secretaría General, pero esta turnará los asuntos a la Del Trabajo.
Textual dice la iniciativa.
-Las leyes, decretos, acuerdos y demás resoluciones que el Congreso del Estado envíe al Ejecutivo serán turnados por éste al Secretario General de Gobierno, quien deberá remitirlos al Secretario del Trabajo, Previsión Social y Asuntos Jurídicos, a efecto de realizar el estudio correspondiente y, en su caso, emitir las observaciones conducentes.
JUICIO POLITICO AL TITULAR DE DERECHOS HUMANOS
En reformas a la Constitución Estatal, el Gobernador Torre Cantú pide sustanciales modificaciones en cuanto a la Comisión de Derechos Humanos para que su titular, al igual que otros funcionarios de primer orden, sea sujeto a juicio político y acción penal.
Ya no se llamará Presidente de la Comisión sino “titular”, “por aquello de que pudiera considerarse como una discriminación para las mujeres”.
En base a los tratados internacionales y reformas a la Carta Magna que ha signado Tamaulipas, se propone crear un consejo para el manejo del órgano de derechos humanos, integrado por seis miembros que serán electos por el Congreso del Estado.
De igual forma el titular de la CEDH será nombrado a través de una elección pública, abierta, a la que convocará el legislativo.
Otro punto es que los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, por primera vez también podrán ser sujetos a juicio político y sanciones.
Adicionalmente podrán ser llamados ante el Congreso aquellos funcionarios que no cumplan con las recomendaciones de la Comisión, para que hagan una explicación de cuáles son los motivos que tienen para no hacerlo.
Otra parte de la iniciativa del Gobernador Torre Cantú corresponde al artículo 138 de la Constitución, en que se agrega que la educación que imparta el estado fomentará el respeto a los derechos humanos.
CENICEROS QUIERE AGUA REGALADA
En el punto de iniciativas, fue leída una enviada por el diputado Alejandro Ceniceros Martínez, del Partido del Trabajo, en que pide subsidios para los usuarios del servicio de agua potable que se encuentren en pobreza extrema o bien sean jubilados o pensionados.
Solicita reformar la Ley de Aguas del Estado para que, cuando no salga líquido de las llaves, las COMAPAS no cobren los recibos a los usuarios.
Asimismo que jamás los organismos de agua corten el suministro en los domicilios como ahora se hace.
El subsidio del cien por ciento sería para los discapacitados, jubilados o pensionados, personas de la tercera edad o en extrema pobreza, lo cual sería la inmensa mayoría de los tamaulipecos que se encuentran en esa condición.
Exige de igual forma que no se cobre la introducción de los servicios de agua y drenaje a colonias en pobreza y en aquellos terrenos irregulares, y que sea otra vez el Congreso el que autorice las tarifas a los organismos operadores.
Resalta Ceniceros en otro punto, que se derogue el régimen de concesiones a particulares para la prestación del servicio de agua, según el artículo 65 y otros de la Ley de Aguas, así como el 171 del Código Municipal referente a lo mismo.
ALCALDE ENDEUDARA MATAMOROS POR 20 AÑOS
Una iniciativa más decepcionada por los diputados de la Comisión Permanente, se refiere a un préstamo para la Junta de Aguas de Matamoros solicitado por el alcalde Alfonso Sánchez Garza.
Pide recursos por hasta 165 millones de pesos en capital, a un plazo de 20 años, mediante empréstito de la Corporación Financiera de América del Norte, SOFOMENR.
Este recurso sería adicionalmente a los intereses que cobre el banco, y como garantía se ponen las cuotas que cobra el organismo operador a los matamorenses.
