Cd. Victoria, Tamaulipas.- En conferencia de prensa, en agosto del año 2000, el Procurador Eduardo Garza Rivas dijo que próximamente citaría a declarar al ex gobernador Manuel Cavazos Lerma, en relación a denuncia que presentaron diputados panistas y perredistas.
Indicó que primero comparecería en calidad de testigo, para tratar de saber “que puede aportar en relación a la carretera Rumbo Nuevo”.
Estableció que no era nada en particular ni motivado porque los panistas hayan ganado la Presidencia de la República.
Sencillamente “la averiguaron sigue su curso normal”, comentó.
Es el mismo caso que se está siguiendo con la investigación de corrupción de Ramón Antonio Sampayo Ortiz, en Matamoros, comentó Garza Rivas.
Estableció claro que inicialmente Cavazos iba como testigo.
Sin embargo, comentó también que así comenzó el asunto de Gerardo Higareda Adams, exalcalde de Reynosa que escapó a los Estados Unidos.
Se le citó dos veces como testigo y, al final, se pidió la orden de aprehensión.
Los diputados panistas y perredistas habían presentado una denuncia de hechos ante la Procuraduría, especificando claramente los hechos de corrupción del Gobernador y su jefe de Obras Públicas y Desarrollo Social, Pedro Hernández Carrizález.
Pero transcurrió el tiempo y jamás el Gobernador fue llamado a declarar y tampoco se le giró aprehensión. Solo pagó los platos rotos Hernández, quien permaneció un año en prisión y extrañamente salió absuelto.
COMENZARON LAS PILLERIAS
Los días 7 y 24 de octubre; 10 y 22 de noviembre; 1, 5, 8, 26 y 30 de diciembre de 1997, el secretario de Desarrollo Social del Estado, Pedro Hernández Carrizález, recibió de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado diversas cantidades de dinero que en total suman 16 millones 844 mil pesos, para la construcción de la carretera Rumbo Nuevo.
Sin embargo, en dicha cantidad figura un desvío de recursos públicos al realizarse un gasto sin estar contemplado en el presupuesto, sin que existiera un proyecto ejecutivo, sin estar incluida en el programa de inversión, sin las licitaciones que ordena la Ley para la adquisición de materiales, aplicando fondos públicos en forma distinta a la que fueron destinados.
Inclusive sin la autorización para la construcción de la carretera por conducto del Instituto Nacional de Ecología, Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental, de la SEMARNAP, la cual no fue recibida por el Gobierno del Estado y la SEDESOl, ya que no poseían la capacidad técnica y los elementos necesarios para tal efecto.
Es decir, se inicia una obra si contar con los requisitos administrativos, legales y económicos, transgrediendo el Código Penal, la Ley de Obra Pública y el presupuesto de egresos del Estado.
-En la primera etapa de la construcción de la carretera, la Secretaría de Desarrollo Social ejerció un presupuesto de 82 millones 924 mil pesos, según resumen de presupuesto elaborado por dicha dependencia el día 11 de octubre de 1997.
Dicha erogación se realizó en forma ilegal, según lo narrado en la última parte del párrafo que antecede, por lo que estamos en presencia de un nuevo desvío de recursos.
Del ejercicio del citado presupuesto, detectamos las siguientes ilegalidades:
Para el 11 de octubre de 1997, se pagaron por concepto de supervisión de obra, siete millones 27 mil pesos, cantidad que consideramos muy elevada, tomando en cuenta que la carretera no estaba en construcción, además de que la supervisión fue sumamente deficiente pues no se pudieron evitar derrumbes de diversos cerros que afectaron la obra por su pésima edificación.
A.- Por lo que desde ese momento, solicitamos a esta autoridad, requiera a la Contaduría Mayor de Hacienda, copia certificada de las cuenta públicas de los años 1997 y 1998, así como de la documentación que supuestamente sustenta la misma, es decir, facturas, recibos de honorarios, nóminas, etc.
B.- De igual modo, consideramos anormal, el hecho de que en los gastos del mes de octubre de 1997, aparecen dos pagos por concepto de rentas mensuales de un tractor D-6 Caterpillar y un tractor D-8 Caterpillar, por las cantidades de ocho millones 100 mil pesos repetidamente.
Según declaraciones de altos funcionarios de la administración precedente y de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, en el sentido de que la obra fue realizada directamente y con maquinaria del Gobierno del Estado, resulta irregular el arrendamiento.
RENTA DE MAQUINARIA, PARA CENTAVEAR
Sea como fuere, la renta está muy por encima de los precios que normalmente se pagarían, al ser equivalente a un millón de dólares al tipo de cambio en esa fecha, por concepto de renta mensual de una sola maquina.
C.- Se gastaron por concepto de renta de maquinaria en la construcción de la carretera en la primera etapa de ocho kilómetros, 37 millones 958 mil pesos.
En consecuencia, resulta irregular que se haya gastado la cantidad de diez millones 860 milpesos por concepto de gasolina y diesel, ya que cuando se renta la maquinaria, el arrendatario paga el combustible y el operador, por lo que estimamos que existe un desvío ilegal de recursos en este rubro, tomando en cuenta que la autoridad tenía presupuestado gastar en esta materia la cifra de dos millones 116 mil pesos.
Al haber arrendado maquinaria el gobierno del estado para la construcción de la obra, se demuestra que no poseía la capacidad técnica y los elementos necesarios para ejecutarla por administración directa.
D.- Lo mismo podemos decir del rubro de refacciones, que si la maquinaria es rentada y sufre algún desperfecto, su dueño (arrendador) debe repararla, y sin embargo se hizo un gasto mensual de diez millones 128 mil pesos por el citado concepto.
SE FUERON GRANDES EN EL SAQUEO
E.- Consideramos que para cuadrar la fraudulenta contabilidad se compró supuestamente el material “B” (SIC) cuando este no estaba en el presupuesto, el cual fue adquirido por cinco millones 40 7 mil pesos, pretendiendo de este modo justificar un gasto, lo que desde luego es absurdo por no estar contemplado en el presupuesto.
En la primera etapa de construcción de la carretera se desviaron 82 millones 924 mil pesos según se demuestra con las documentales anexadas a este ocurso.
-Los días 13, 23, 27 y 30 de enero y 3, 5, 24 y 26 de febrero; 5,13, 16, 25 y 30 de marzo; 3 de abril y 10 de junio de 1998, la secretaría de Hacienda del Estado desvió recursos públicos para la construcción de la carretera Rumbo Nuevo por la cantidad de 54 millones de pesos 451 mil, según documentales que ofrezco en el apartado primero de capítulo de pruebas de este escrito.
La cantidad fue recibida por el Secretario de Desarrollo Social, cuyo titular lo era el arquitecto Pedro Hernández Carrizález.
Dicha sumatoria no estaba contemplada en el presupuesto de egresos e indebidamente la Secretaría de Hacienda destinó esos reclusos para una obra no autorizada en el presupuesto y sin contar con los requisitos legales necesarios para iniciarla (CONTINUARA).
