Entre ciertos funcionarios públicos federales ya no hay moral. Para ellos se acabó el “qué dirán” o andarse por las orillas en eso de la grilla partidista.
Lo malo es que el peor ejemplo lo está poniendo el joven Luis Alonso Mejía García, delegado de la SEDESOL, la que se supone es la representación federal para atender los asuntos populares.
Digamos que es el enlace (un hilo muy breve por cierto) entre el pueblo mexica y el gobierno panista.
Mire si no tengo razón en decirle que la moral se acabó no solo en el establo de “Loncho” sino también de la delegación de la CORETT que regentea Alejandro Díaz Casillas.
Ahora mismo ellos son los cabecillas de al menos 200 amparos (derechos ciudadanos) solicitados por los panistas tamaulipecos en contra de su comité nacional, para tratar de echar abajo el método del “dedazo” para designar candidatos a la presidencia, senadurías y diputaciones, del Partido Acción Nacional.
La yegua del cencerro es “Loncho” y sus secuaces Arturo Sarrelangue Martínez y Romualdo Hernández Nájera, que también cobran, y muy bien, en la dependencia federal.
También malo, es que en ese arranque de pasión panista, los aludidos hayan arrastrado a buena parte de los servidores públicos de las dependencias federales acreditadas en Tamaulipas.
De primera mano, puede pensarse que están dedicados en cuerpo y alma a la grilla en lugar de atender sus responsabilidades (como seguramente es) oficiales.
La semana anterior entraron a los tribunales federales del Distrito Federal y Monterrey, aproximadamente 700 peticiones de protección de los derechos políticos, de militantes del PAN.
De ellas, como decíamos, unas 200 fueron signadas por tamaulipecos.
Tan anda metido en esos menesteres el señor Sarrelangue (se presume que tiene su domicilio electoral en Valle Hermoso), jefe del programa hábitat de la delegación de la SEDESOL, que el hombre aparece en dos demandas, en el TRIFE central y la sala Monterrey.
Se ve mal que, en lugar de atender la chamba, nuestros funcionarios anden en la grilla paleando la tajada del PAN.
Ahí tenemos a figuras como Antonio Amaro Chacón, Enrique Castillo Bocanegra, Andrés Cruz Amén, Rogelio Nájar Ramírez, Romualdo Hernández, Sarrelangue, Mejía.
Pero también a elementos como Eugenio Peña Peña, Rebeca Enríquez Aregullín, Ismael Salazar Camacho, Jorge Pérez Garza, Héctor Pérez Ibarra, Juan Antonio Vargas Enríquez.
Decíamos que la mayor parte son funcionarios al servicio del gobierno federal, y no solo de la capital de Tamaulipas sino de otros municipios.
Piden consulta a las bases azules, por ejemplo, Hilda Virginia Uvalle Delgado, de Reynosa; José Natividad Trujillo Sustaita, de Río Bravo; Leopoldo Rodríguez Alvarez, de Nuevo Laredo; Rafael Ortiz Ríos, de Valle Hermoso.
Por Dios Santito que se ve mal ¿usted que opina querido lector?.
Se nos hace que esa gente le dedica todas las horas de su tiempo a la grilla partidista en lugar de pensar en cumplir con su chamba.
Si Díaz Casillas y Mejía tienen su corazoncito ¿por qué no dejar solos a sus secuaces y no aparecer ellos?.
Eso es lo que encontramos por el rumbo de los partidos políticos donde parece que la moral se ha terminado. Ya no hay moral.
En otro tema, decíamos que hay miembros de cabildos de zonas deprimidas que cobran en los programas federales, pero no parece ser un asunto mayor.
Por ejemplo, de Bustamante, la regidora Angela González Abarte se lleva un promedio de dos mil pesillos cada dos meses, en alimentación, educación, energético, vivir mejor e infantil vivir mejor.
Esto lo cobra de la Sedesol federal desde el 2003 y ella es priísta ¿por quien ha votado desde entonces? ¿lo hará por el PAN? ¿acaso por el PRI?.
Otro regidor de Bustamante que recibe lo mismos subsidios es Juan López Rodríguez ¿para quién será su voto?.
Ahora bien, por ser miembros del cabildo ¿serán borrados de la lista de beneficiarios de los programas? Porque las regidurías se acaban en tres años (y el presente periodo de dos años con nueve meses).
En otro ejemplo, el alcalde de Palmillas, Jorge Luis Monita Silva, tiene a su parentela entre los beneficiados de oportunidades y otros, pero ¿él se los consiguió?.
Otro dato nos dice que la segunda regidora de Miquihuana, Adela Ochoa Ochoa, aparte del sueldo de regidora, se lleva alrededor de tres mil pesos de los programas de alimentación, educación, energético y vivir mejor, y lo hace desde el 2009.
Otro más, de allá mismo es el regidora Manuela Quiñones Belmares ¿está prohibido ser funcionario público y cobrar en Sedesol?.
Habrá que preguntarle a la contraloría porque Belmares también se lleva un buen ingreso del programa Procampo.
Son los municipios “pequeños” donde ellos dejarán de ser miembros de los ayuntamientos allá por octubre del 2013 ¿y luego?.
Pero mejor nos retiramos por ahora.
