“Dar al César lo que es del César…”
Lic. francisco Javier Álvarez de la fuente
El presidente del Consejo General del IFE, Leonardo Valdés, afirmó que las Iglesias y los ministros de culto tienen prohibido hacer propaganda política electoral a favor o en contra de algún candidato o partido.
Dijo que “si se presenta una circunstancia de esa naturaleza, el Instituto Federal Electoral tiene facultades para investigar, y en el caso de que encuentre que se ha producido una violación, dará vista a la Secretaría de Gobernación para que proceda a realizar las sanciones que corresponden en los términos de la ley.”
Incluso hay quienes cuando algún Obispo, o sacerdote hacen algún llamado a los fieles de su Diócesis o su Parroquia, a votar con responsabilidad, no falta algún trasnochado que utilicen la frase “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, sin saber qué es lo que dicen, pero es la de batalla de aquellos que se quedaron en las discusiones del siglo pasado en la época de Calles y la Cristiada, que por cierto gracias a ello en México tenemos muchos Mártires, Santos y Beatos
Cabe recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala claramente en el artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la Republica, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglaran a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.
De ahí se deriva que la Constitución y los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos tienen, en la jerarquía de las leyes de México, el primer orden como leyes supremas.
Y justamente uno de los derecho fundamentales es el de expresión, consagrado en la Ley fundamental de México y en muchos Tratados Internacionales, sobre todo tratándose de no discriminación por motivos religiosos.
En ese sentido, la Iglesia no sólo puede meterse en política, sino que tiene que hacerlo. Ello por varias razones de diverso tipo cada una de ellas.
En primer lugar, cada uno de los que pertenecemos a la Iglesia tenemos los derechos fundamentales inherentes a nuestra dignidad de personas humanas para intervenir en la vida política. Por otro lado, entender o hablar de la Iglesia como jerarquía es un error que va contra la eclesiología del Concilio Vaticano II. Todos los bautizados formamos la Iglesia.
Y por ende cada uno de nosotros los que somos bautizados y por tanto miembros de la Iglesia, desde la trinchera en la que estemos, debemos meternos en política para construir una sociedad más justa y solidaria. Y al meternos en política no podremos hacerlo de otro modo sino como cristianos.
Por eso podemos y debemos meternos en política. Pero aún más. Sí se refieren a la Iglesia como jerarquía y con ella a los ministros ordenados, obispos, sacerdotes, diáconos, también ellos pueden meterse en política porque en ningún lugar del mundo los sacerdotes u obispos son ciudadanos de segunda o ciudadanos a medias a los cuales se les reduce sus derechos civiles o políticos. Por eso podemos meternos en política.
También podemos meternos en política, porque los católicos pensamos que un Estado laico es un estado fuerte y que puede trabajar para el bien común. Lo malo es el concepto trasnochado de algunos políticos, locutores de los medios de comunicación y escritores de medios impresos y electrónicos que por estado laico entienden la exclusión de lo religioso de la esfera pública.
“La laicidad en sí misma no es contradictoria con la fe, sino que la fe es fruto de una laicidad sana” dijo el Papa en aquel viaje a Francia que he referido.
En la laicidad sana o laicidad positiva, el Estado sabe sus funciones y la Iglesia y sus jerarcas saben la suya. Entre los deberes del Estado está el respeto de los derechos fundamentales de todos sus habitantes. Por lo tanto no excluye ni discrimina a clérigos. Un Estado laico no discrimina a nadie por motivos de religión.
También los clérigos saben que no pueden ser funcionarios públicos. El propio derecho canónico impide a los clérigos tener cargos públicos. Sin embargo, la esfera religiosa, en el Estado laico, es fundamental en la construcción del bien común.
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