En las últimas semanas algunos sectores del sur de la entidad han vuelto a tocar el tema del nuevo aeropuerto “Francisco Javier Mina”, que ahora se encuentra en el municipio de Tampico”.
Presuntamente la señorita Magdalena Peraza Guerra, alcaldesa porteña, hizo que sus síndicos y regidores tomaran el acuerdo de no autorizar el cambio del aeropuerto hacia Altamira.
Sobre el particular cabe hacer dos preguntas principales ¿es el cabildo el que autoriza el cambio de los aeropuertos? ¿cuántos recursos va a invertir Doña Magda en la obra? ¿el municipio decide la vida de los negocios?.
En todo caso sería el cuerpo edilicio de Altamira el que tendría que rechazarlo, si ahí es donde va a funcionar.
Sin embargo parece que Doña Magda anda haciendo fuera del hoyo.
El diez de febrero del 2010 el entonces alcalde Oscar Pérez Inguanzo firmó un convenio, junto con los alcaldes de Madero y Altamira, respecto al traslado de la nueva terminal aérea.
Dicho documento dice que, cuando una de las partes se haga para atrás –recule-, deberá presentarlo por escrito con toda anticipación.
Y sobre eso, el cabildo no ha tomado ningún acuerdo.
Otros funcionarios del estado también han emitido comentarios sobre el particular.
Pero mire usted ¿quién hará la inversión millonaria que se requiere? Evidente que no Tampico.
El acuerdo, firmado también por el secretario de la SCT, Juan Molinar Horcasitas, y el entonces Gobernador Eugenio Hernández Flores, dice que la inversión será privada y oficial.
No se habla de lana, pero a como está el proyecto, debe tratarse de miles de millones de dólares que el pensamiento ratonero de Doña Magda no alcanza a comprender.
La terminal aérea es manejada por la empresa que se denomina Aeropuerto Tampico, S. A. de C. V., que se integró el 28 de mayo de 1998, según el notario No. 25, Emiliano Zubiría, del Distrito Federal.
Dicha empresa forma pare del llamado Grupo Aeroportuario Centro Norte, que a su vez pertenece a Operadora Mexicana de Aeropuertos, que maneja 13 terminales en el país.
El accionista principal es la poderosa empresa ICA.
Para tener una idea del proyecto aeroportuario habría que revisar detenidamente dicho documento, que también firmó el representante legal de la operadora del aeropuerto, Juan Manuel de la Torre Meléndez.
Las voces disidentes mencionan que “alguien” tenía en su futuro un negociazo con los terrenos del viejo aeropuerto que consta de 391 hectáreas.
Sin embargo se menciona que, una vez desincorporados los terrenos, pasarían a formar parte de un fideicomiso del gobierno de Tamaulipas para decidir su comercialización.
Ahora bien ¿primero vender y luego construir el nuevo aeropuerto? Parece que al revés.
Y en ese tenor ¿cuánto tiempo lleva construir un aeropuerto como el proyectado en Altamira? Seguramente varios lustros.
Las voces discordantes parecen ser la misma política ratonera que no quiere un real progreso para la zona sur de la entidad.
La nueva terminal tendrá casi dos mil 300 hectáreas suficientes para construir según los nuevos requerimientos internacionales.
El actual aeropuerto fue erigido en 1921 y adolece de diversos servicios, como es el de carga.
Pero además, hay que decir que, a través de esos convenios, el gobierno estatal ya expropió los terrenos que eran propiedad de 17 personas.
De ellas, once aceptaron concertar a precios comerciales y seis quisieron mucha más lana.
Por ello, el estado se dio en la necesidad de expropiar por causa de utilidad pública, tierras de Gerardo Rosales Elizondo, Herlinda de la Rosa de Rosales, Eduardo Rosales Elizondo, Marcelina Ruiz Ugalde, Adela Calderón Anaya, Rosalía San Martín de Renio y Rosalía San Martín Vila.
El cencerro fue operado por el ex tesorero estatal Mario Alberto Cruz Ayala, esposo de Adela Calderón, propietaria de tres lotes con un promedio de 300 hectáreas.
Dicho acuerdo de expropiación fue firmado el once de febrero del 2010.
Las tierras de la nueva terminal aeroportuaria y aeroespacial pasarán a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a cambio del viejo aeropuerto.
Obviamente que primero debe terminarse el de Altamira para poder afectar con fines comerciales el que se ahora se ubica en Tampico y, para entonces, seguramente ya no estarán en escena los actuales actores políticos.
El comentario es que, cuando el proyecto aterrice, allá por 1930, seguramente ya no será alcaldesa del puerto Doña Magdalena.
Pero si antes la ve usted por ahí, queridísimo lector, pues pregúntela cuanto aportará el municipio o ella en lo particular en la obra, lo bien qué intereses tiene.
Se nos hace que es un proyecto que va más allá del municipio, el que no puede decidir bajo ninguna circunstancia cuando un negocio se va de Tampico.
El aeropuerto es un negocio particular, concesionado pero particular.
Por lo que se sabe, el gobierno sería un socio minoritario a través del Fideicomiso 1936 denominado Fondo Nacional de Infraestructura, dependiente de Banobras.
Pero bueno, cada quien tiene su forma de matar pulgas (de hacer proselitismo político), y a lo mejor dentro de dos años el PAN ya no es administración en el puerto.
Pero mejor nos despedimos aquí.
