Cd. Victoria, Tamaulipas.- La sesión de la Comisión Permanente comenzó con casi tres horas de retraso. Solo se hablaba de documentos pendientes de recibir.
Poco antes de las dos de la tarde –este jueves-, los legisladores agendaron la recepción de 15 iniciativas, ocho más de las programadas, enviadas estas por el Gobernador Egidio Torre Cantú.
De ellas sobresale una enviada por el Gobernador Egidio Torre Cantú en que pide autorización a los diputados para contratar un préstamo con instituciones privadas o de desarrollo, hasta por la suma de 731 millones 126 mil pesos.
Como garantía de pago se afectarán las participaciones que tiene Tamaulipas en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, y el préstamo debe terminarse de pagar antes de que concluya la presente administración estatal.
De acuerdo con la petición del Gobernador Torre Cantú y el Secretario General de Gobierno, Morelos Canseco Gómez, los millones señalados representan el 25 por ciento de las participaciones que le tocan a nuestra entidad en los próximos cinco años.
Si los diputados autorizan contraer la deuda, el plazo empezará a correr a partir de septiembre del 2011 y los pagos deben terminar en el mismo mes pero del 2016.
Cada año el gobierno del estado recibirá descuentos de un 20 por ciento del monto de la deuda, para pagar en cinco años.
La iniciativa marca que el dinero se destinará a la realización de obras señaladas por el mismo Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades.
Para pagar a los bancos, el gobierno contempla la creación de un fideicomiso exclusivo que recibirá las participaciones federales, y de ahí liquidará el adeudo y regresará al estado lo restante.
Cabe señalar que este es el segundo préstamo que solicita la administración de Torre Cantú.
El primero se autorizó en mayo del presente, por la suma de 183.3 millones de pesos, que se destinarían a resarcir los daños causados por el huracán Alex en julio del 2010.
La suma de los préstamos es de 914 millones de pesos que deberán cubrirse en los próximos cinco años.
Otra iniciativa enviada por el ejecutivo se refiere a disposiciones que reforman, adicionan y derogan contenidos de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en lo que se denomina “una reestructuración de la dependencia”.
Entre los puntos principales, se otorgan facultades al Procurador el Estado para organizar y controlar a la Policía Investigadora y Policía Ministerial; organizar y administrar el Servicio Profesional de Carrera, el Instituto de Capacitación Técnica y Profesional y el Instituto de Atención a Víctimas del Delito.
Una iniciativa más solicita reformas al Código Penal para incrementar las penas por los delitos relacionados con el robo de vehículos y el uso de estos para cometer otros ilícitos.
El paquete incluye modificaciones a la Ley de Justicia para Adolescentes y el donativo al gobierno federal de un predio de más de diez hectáreas en el municipio de Soto la Marina, para establecer un cuartel de la Marina Armada de México.
CARCEL A DIRECTORES DE ESCUELA COBRACUOTAS
Otra parte de las iniciativas se refieren al donativo de terrenos, y de esta forma destacan la autorización para que el ayuntamiento de Victoria obsequie al Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAT una superficie de cinco mil 415 metros cuadrados para que dicha organización construya su edificio social.
Asimismo el donativo de dos hectáreas y media al sindicato de burócratas del estado (SUTSPET), ubicadas en el fraccionamiento Los Olivos, en Victoria, para la construcción de un centro de esparcimiento.
El ejecutivo envió iniciativa para reformar la Ley de Hacienda del Estado y cobrar por la inscripción ante el Registro Catastral, de contratos de mutuo con o sin garantía hipotecaria, celebrados entre particulares.
De las iniciativas, llamó la atención la que presentó el diputado Rolando González Tejeda, de Acción Nacional, en que pide cárcel para directores, funcionarios o padres de familia de las escuelas que cobren cuotas por la inscripción de alumnos.
Solicitó adiciones a la fracción XV, capitulo II del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en cuanto hace al delito de abuso de autoridad.
De aprobarla los diputados, habría cárcel de dos a nueve años para quienes nieguen la inscripción de alumnos del nivel básico.
Esto, aunado a una multa de hasta 400 días de salario mínimo e inhabilitación hasta de ocho años del cargo, empleo o comisiones públicas.
Por lo que hace a dictámenes, la Comisión Permanente aprobó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, a través de las cuales se determina que la Comisión Estatal para la Conservación y Aprovechamiento de la Vida Silvestre, pasará a depender de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Otro dictamen fue el que modifica el decreto que creó el Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN), para incorporar a su consejo consultivo a más organizaciones públicas, sociales y privadas.
Esta sesión de la Permanente duró exactamente 59 minutos. Solo se dio lectura a los dictámenes que se aprobaron como decreto.
