SE ROMPE EL ORDEN EN CONGRESO: DIPUTADOS FLOJONAZOS
A menos de cuatro meses de iniciar actividades, el orden se quebrantó entre los miembros de la 61 legislatura al Congreso local.
A la sesión ordinaria de este miércoles inasistieron cuatro de ellos: Martha Jiménez Salinas, Hilda Graciela Santana, Jesús González Macías y René Castillo de la Cruz.
Otros llegaron tarde al pase de lista como Juan Manuel Rodríguez Nieto, Rolando González Tejeda, Manglio Murillo Sánchez y Carlos Solís Gómez.
La sesión arrancó 20 minutos después de lo programado con apenas 28 de los 36 legisladores.
Aunque ellos no cumplen, los diputados son “muy respetuosos” y quieren que los cabildos se pongan a trabajar como lo marca la Ley.
En esos términos se dirigieron a la alcaldesa de Tampico, Magdalena Peraza Guerra, “para que procure convocar y realizar sus sesiones de cabildo con apego a lo establecido en el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas”.
El acuerdo fue tomado ante la denuncia del regidor perredista Alberto Sánchez Neri, de que en el orden del día de las sesiones de cabildo no se agenda el punto de asuntos generales.
Muy “prolíficos”, sin poner la menor atención a los temas, los integrantes de la 61 legislatura autorizaron que la Secretaría de Salud tarde tres meses más para integrar lo que se llama Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico.
Dicen los diputados que “actualmente no están dadas las condiciones para que se integre”, y pidieron tres meses más, que se vencen el 23 de junio.
Le dieron al sector salud un plazo de 180 días para estructurar el organismo, a partir de que apareció en el Periódico Oficial el decreto que crea la Ley de Conciliación y Arbitraje Médico, lo cual sucedió el 23 de diciembre del 2010.
También aprobaron reformas a la Ley Para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres para incluir el hostigamiento y acoso sexual como delito.
Asimismo, fue aprobada la iniciativa del diputado del PT, Alejandro Ceniceros Martínez, que reforma y adiciona la fracción II del artículo 62 y el artículo 68 de la Constitución Estatal, para acotar el poder de veto del Gobernador en cuanto a la publicación en el Periódico Oficial, de las resoluciones que emita el Congreso.
En concordancia con la Constitución Mexicana se obliga al ejecutivo a promulgar y publicar leyes y decretos, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en que los recibió.
También se le da oportunidad para que haga observaciones en las Leyes aprobadas, en un término no mayor de 15 días.
Cuando el Gobernador haga esas observaciones y las remita a los diputados, ya no habrá veto si la aprobación la hacen las dos terceras partes de los diputados.
De igual forma, si el Gobernador se niega a publicar algún decreto, o no lo hace en los siguientes 15 días, se dará por promulgado y el presidente del Congreso ordenará que se publique en el Periódico Oficial para que tenga vigencia.
YA NO ES EL NEGRO GAMUNDI… AHORA ES “EL NEGRO LUCINO”
En esta sesión plenaria de los diputaos se quebrantó tanto el orden, que el presidente de la directiva, Aurelio Uvalle Gallardo, emanado del Partido Nueva Alianza (PANAL) estuvo haciendo llamadas por su teléfono celular.
Esto jamás se había visto en una legislatura; ni siquiera en los tiempos de relajo y desorden, cuando Felipe Garza Narváez dirigió el Congreso.
Hubo legisladores, como Rigoberto Rodríguez Rangel, representante por Mante, que en la hora y 35 minutos que duró la sesión, se la pasó “cotorreando” de curul en curul y jamás ocupó la suya.
Otro tricolor, Sergio Guajardo Maldonado, en plena sesión “comadreó” por todo el recinto con una taza de café en la mano.
Puntual el “Diputado 37”, Enrique Yánez Reyes, con su manta:
-¿Quién controla el IETAM?, y una mano negra al centro.
-¿Es la mano de Ricardo Gamundi?, se le preguntó.
-No se de quién sea, pero Raymundo Mora (del PRD) estuvo haciendo antesala en el despacho de Lucino Cervantes (dirigente estatal del PRI), hasta que hablaron.
-¿La nueva mano negra?
-Ya no tenemos un negro Gamundi sino un negro Lucino.
La mayor parte de los 31 asistentes (Antonio Martínez Torres se presentó al final) formaron grupitos que prestaron oídos sordos a los temas tratados en tribuna.
Nadie puso atención a las iniciativas enviadas por el Gobernador Egidio Torre Cantù, en que orquestan las reformas con que Tamaulipas ingresa al Sistema de Justicia Penal y Seguridad Pública que tendrá vigencia a nivel nacional.
El Gobernador envió cuatro iniciativas que reforman la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley de Justicia para Adolescentes, Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la libertad.
También pidió reformas y adiciones al Código Penal y al Código de Procedimientos penales del Estado, y adicionalmente solicitó permiso al Congreso para donar un predio de 40 hectáreas ubicado en el municipio de Mante, para que la Secretaría de la Defensa Nacional construya uno de sus cuarteles.
Estas innovaciones crean la figura del Juez de Ejecución de Sanciones, a cuyo cargo estará la vigilancia y control de la legalidad en la ejecución de las penas, las medias de seguridad impuestas, así como lo relativo a las sucesivas fijaciones de extinción, destitución o modificación de las mismas.
Las iniciativas deberán aprobarse a la mayor brevedad posible, dado que la Constitución federal concede un plazo hasta el 18 de junio para hacerlo.
A todas las entidades se les dieron tres años para instrumentar el Sistema de Justicia Penal, a partir de la aprobación de las reformas constitucionales el 18 de junio del 2008.
Y menos interesó a los diputados la lectura de la minuta que aprobaron sobre reformas a la Carta Magna en diversos de sus artículos, en cuanto a derechos humanos de los mexicanos y extranjeros.