Luis Lauro Carrillo
CORRUPCION Y “BUEN GOBIERNO”.
Es una constante que a México le vaya muy mal en la medición de los índices de corrupción y buen gobierno que hacen organizaciones de prestigio mundial como Transparencia Internacional. Pero este año se excedieron las expectativas y el problema dejo a de ser “normal” para tornarse preocupante.
Lo anterior viene a colación por el resultado del estudio elaborado por Transparencia Mexicana que revela que el costo económico de la corrupción en México en 2010 rebasó los 32 mil millones de pesos, registrando un incremento de cinco mil millones de pesos más en relación con 2007.
De acuerdo a este índice de Corrupción, México paso de 197 millones de actos de corrupción a 200 millones de estos y por cada soborno en promedio se pago de 138 a 165 pesos.
La corrupción se ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado. Así como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin de favorecer intereses particulares.
Como consecuencias: la corrupción inhibe el progreso económico y social del país, por un lado, y dificulta el fortalecimiento de las instituciones y la mejora en la gestión pública por el otro.
Favorece la consolidación de élites y burocracias políticas y económicas; erosiona la credibilidad y legitimidad de los gobiernos; reproduce una concepción patrimonialista del poder; reduce los ingresos fiscales e impide que los escasos recursos públicos coadyuven al desarrollo y bienestar social.
Permite la aprobación y operación de leyes, programas y políticas, sin sustento o legitimidad popular; revitaliza una cultura de la corrupción y contribuye a su proliferación.
Por otro lado envía señales equivocadas hacia el exterior, tanto a los inversionistas como a los gobiernos extranjeros que ven a México como un país negativo para realizar inversiones o para pactar futuros esquemas de colaboración económica y comercial.
Lamentablemente el diseño institucional del Estado mexicano está configurado para que la corrupción sea impune y para dejar sin sanción conductas que deben ser objeto de castigo.
De ahí que es ineludible que un Estado como México que se precia ser de Derecho debería exigir a sus servidores públicos mucho más responsabilidad.
Pero el compromiso responsable no se da en la realidad cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad, o cuando las sanciones por su incumplimiento son inadecuadas.
En la sociedad mexicana donde «todo se puede» y «todo se compra», estas conductas delictivas rompen el tejido social y crea en la conciencia de las nuevas generaciones la percepción de que las leyes y normas establecidas son flexibles y siempre pueden ser ajustadas o violadas a voluntad de los prevaricadores y con recursos de por medio.
Los escandalosos actos de corrupción, como la aprobación de las cuentas públicas del gobierno federal, alcaldes y gobernadores de todo el país sin importar el partido político a que pertenezcan, el 20 por ciento de las constructoras para ser favorecidas en las licitaciones, contribuyentes beneficiados con resultados de auditorías fiscales y en general los sobornos por todo tipo de tramites o infracciones, son el pan de corrupción de cada día.
Medidas como las denuncias anónimas, los candados a licitaciones, creación dependencias de acceso a la información pública, aumento de penas a servidores públicos corruptos y a ciudadanos que buscan comprar favores de funcionarios, que lejos de disminuir la corrupción ésta va gravemente en aumento.
De ahí que los datos de transparencia mexicana constituyen un revés a todo el entramado anti corrupción de la administración pública que se ha creado en el país y en las entidades de la republica para transparentar procesos.
Las leyes de transparencia tienen como objetivo abrir la función pública al escrutinio ciudadano, sin embargo, han dado vida al cinismo de las autoridades que, frente a las pruebas de que varias cosas andan mal, no hacen absolutamente nada. De ahí el chiste de que en México no hay leyes que se respeten y que no se cumple ni siquiera con la ley de la gravedad.
En definitiva la corrupción es consecuencia de factores como la debilidad de las instituciones y de la carencia de una política de Estado para combatirla. Además el desafío para controlar la corrupción, exige instituciones sociales y de gobierno que funcionen adecuadamente. Ya no podemos seguir concibiendo un país de corruptos y cínicos, expertos en torcer la ley a su favor.
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