La luna de miel quedó atrás.
En la sesión del Congreso del Estado de este miércoles, los diputados del PRI-Verde Ecologista denunciaron que “alguien” subió al portal de Youtube videos considerados como prohibidos.
A través del verde Jesús González Macías, los priístas y socios elevaron iniciativa de punto de acuerdo para que el Congreso presente la demanda ante la Procuraduría de Justicia del Estado por el delito “ejercicio abusivo de funciones” más los que resulten.
Sin mencionar por su nombre el video ni al posible autor, González también solicitó que investigue la Comisión Estatal de Derechos Humanos y, en caso de hallar delito, se abra juicio de desafuero para el diputado responsable.
En el portal de videos de Youtube, aparecen tres que se refieren al Congreso de Tamaulipas y en concreto difunden las reuniones privadas que sostuvo la Comisión de Vigilancia con el Auditor Superior, en fecha 15 de marzo del presente.
Aparecen en la cuenta de bettycollado.org y se titulan “visita del auditor (1, 2 y 3)”.
Suman un total de 25.7 minutos de videos en que interviene preponderantemente la legislado del Partido Acción Nacional y coordinadora de la fracción panista en el Congreso.
Al momento de la denuncia, el primer video, de 12:10 minutos, llevaba una cuenta de 92 visitantes; el segundo –de 6:51 minutos- había sido reproducido en 21 ocasiones, y el último, de 7:14 minutos, había sido corrido en 46 ocasiones.
Más tarde el número de visitantes se disparó.
Al término de la sesión, González Macías aceptó que se trata de la panista Beatriz Collado en cuyo portal incluyó las actividades del Congreso consideradas como secretas, “a donde no tiene acceso ni la prensa”.
-¿Son los que subió la diputada Collado?
-Efectivamente, en los videos que encontramos salen palabras de la diputada Beatriz Collado, sin asegurar que fue ella la que los subió. Simplemente estamos pidiendo a las autoridades que se investigue conforme a derecho, porque es una violación grave a la Ley, y obviamente nosotros estamos para hacer Leyes y cumplirlas.
Reiteró lo que ya había planteado desde la tribuna:
-Pedimos tanto a la Procuraduría como a la Comisión Derechos Humanos que se investigue, que se deslinden responsables y se ejerza acción contra quien resulte responsable.
-Castigo ¿a los que grabaron y subieron a Youtube?.
-Así es. Claramente la Ley nos marca que las comisiones son de carácter reservado. No pueden entrar medios de comunicación, por lo mismo, son análisis y es muy delicado que se estén dando nombres.
Pongo como ejemplo si en materia de seguridad se graban cuestionamientos… Entonces la Ley está ahí para cumplirla.
Agregó que “el hecho de no conocer la Ley no excluye a alguien de responsabilidad”.
-¿Piden también juicio político?
-Si se llega a determinar que hubo una violación de algún servidor público, claro que pedimos juicio político.
Este sería el proceso de desafuero para la diputada Collado Lara por violentar la Ley. Desaforarla para someterla a proceso criminal.
El punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría de Justicia no recibió el tratamiento de “dispensa de trámite”, así que fue enviado a comisiones para su estudio.
Instruye exhorto “con todo respeto” para que la Procuraduría investigue y, si hay algún servidor público que participó en la divulgación, que sea consignado y juzgado.
También si hay algún funcionario (en este caso la diputada) responsable, que se le haga juicio político y se le encarcele.
También “con respeto”, se le pide a Derechos Humanos que, si concluida su investigación encuentra indicios de responsabilidad, “emita las recomendaciones correspondientes”.
TODO APUNTA HACIA COLLADO Y SU HIJA
La acción de divulgar los videos prohibidos apunta hacia la diputada Collado y su hija Isbet Rajib Collado, quien se desempeña como fotógrafa y camarógrafa oficial de la bancada del PAN.
Ella graba videos de todas las reuniones en que participa su madre, plenarias o de comisiones.
La presidenta de la Coordinación Política, Anastacia Guadalupe Flores Valdez, negó que personal del Congreso haya realizado los videos en que se reunieron los diputados con personal de Auditoría.
-Esos videos ¿los graba servicios parlamentarios?
-No, creo. Esto es personal, alguien entró ahí con una video.
-Son tres videos ¿así es?.
-Pero no son de Servicios Parlamentarios.
-Oficialmente ¿no los graba el congreso?
-No los he visto. Pero es una persona que entró, que llevó un diputado a que hicieran esa filmación.
Dijo que las comisiones de diputados analizarán el proyecto de dictamen y en su conclusión se determinará si hay responsabilidad en contra de alguien.
Terminada la reunión, Collado salió rápidamente del salón de sesiones y evitó a los reporteros de la fuente.
“LUPITA” MANIPULADA POR LOS GAMUNDI
La manda de esta semana, patrocinada por el perredista Enrique Yánez Reyes, fue dedicada precisamente a la coordinadora del Congreso, Guadalupe Flores Valdez:
-Lupita, Lupita, los Gamundi todavía te manejan… ¡Lástima diputada!.
Ello, por la permanencia de Héctor Villegas Gamundi como asesor de la coordinadora priísta.
Flores lo negó ante Yáñez:
-No me dejo manipular por nadie –le dijo-.
Agregó que el sobrino de Ricardo Gamundi figura como asesor del Congreso y no en lo personal.
Pero el punto de “choque” de la plenaria se dijo cuando los priístas expusieron el dictamen por el cual el Instituto Registral y Catastral del Estado eleva todos sus servicios hasta en un 900 por ciento.
Son alrededor de 40 trámites que debe hacer el público, por los cuales ya no se cobrarán menos de 300 pesos.
El representante del PRD, Juan Manuel Rodríguez Nieto, subió a la tribuna para argumentar:
-No se da la razón de los aumentos, no se dice cuál es el déficit (del Instituto Catastral).
Amenazó con acudir ante el Procurador General de la República para que presente el recurso de inconstitucionalidad –que tiene dentro de sus funciones- para echar reversa a la decisión de los diputados de Tamaulipas.
El priísta Oscar Almaraz subió a “defender el punto” y argumentó que el incremento promedio va de los 56 a un máximo de 536 pesos.
Mientras tanto el panista Leonel Cantú Robles consideró que los servicios se elevan “de una manera desproporcionada”.
El Verde Ecologista René Castillo de la Cruz dijo que hay aumento en los trámites porque se han elevado las nóminas del Registro Público.
-El que menos gana son ocho mil pesos mensuales…Los registradores andan en 18 mil por mes.
En un momento dado –en la aprobación en lo particular- “chocaron” en lo personal los diputados Antonio Martínez Torres, del PRI, y Manglio Murillo Sánchez, del PAN, quienes hicieron a un lado el micrófono y gritaban desde sus respectivos lugares.
Martínez Torres:
-Que se someta a votación!.
Murillo:
-Si alguien va a hablar a favor!
Resultado: 28 a favor de los incrementos y ocho en contra (PAN, PT y PRD).
Fue este el primer jaloneo de regulares proporciones en una plenaria de la 61 legislatura. En otras se han agarrado a golpes.