La lista de proveedores incluye arreglos florales (por aquello de los muertitos), servicio de rastro, ambulancias médicas, fabricación de banderas (nacional), análisis clínicos.
Además taller mecánico, oxígeno industrial, imprenta, sellos de goma, agua purificada y tostado y molido de café entre otros productos y servicios.
Se supone que en enero, los municipios con más de cien mil habitantes debieron publicar en el Periódico Oficial del Estado –además de otros medios-, la lista de aspirantes a proveedores durante el ejercicio del 2011.
Ello en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública, la nueva, adicionada y actualizada, la “fresquecita” pues apenas viene del 29 de diciembre del 2010.
Aunque se aprobó a finales de la administración anterior, se piensa que es una de las primera leyes en cuya elaboración intervino el equipo del actual Gobernador, Egidio Torre Cantú.
Pues bien, la lista comentada en un principio se refiere a Tampico, ayuntamiento panista que gobierna la profesora Magdalena Pedraza Guerra, e incluye apenas 89 potenciales proveedores.
Puede afirmarse que la maestra está cumpliendo con la Ley.
Publicar la lista de proveedores sería el primer paso en la prevención y lucha contra la corrupción.
Sí, para que no ocurra lo mismo que en la administración de Oscar Pérez Inguanzo, en Tampico, que se sirvió con la cuchara grande.
El artículo 26 de la citada Ley, dice.
-En la esfera municipal solo se podrán efectuar pedidos o celebrar contratos con quienes cuenten con registro vigente en el Padrón de Proveedores del Ayuntamiento.
Es la primera Ley del Gobernador Egidio . Nadie niega que se hizo a su manera, conforme a su proyecto, lo mismo que la nueva Ley de la Administración Pública que se autorizó el mismo día.
Con esta nueva reglamentación, no cabría que se vuelva a poner de manifiesto el modus operandi de Inguanzo, el que ordenó compras de zacate de jardín en González o algunos litros de pintura en Monterrey.
Se pretende evitar (como lo hizo el hombrecillo ahora residente en USA) que los alcaldes renten camiones materialistas a 150 kilómetros del lugar en que se necesitan, o importar tierra de relleno de otras entidades.
Es buen comienzo para abatir la corrupción, pero ¿quién vigila que se cumpla esta Ley? ¿la Contraloría? ¿los diputados? ¿los cabildos?.
No se ha visto la relación de proveedores de los restantes municipios que tienen más de cien mil habitantes.
Ya decíamos que en Tamaulipas –y en otras partes también- hay Leyes muy “bonitas” pero no se cumplan.
Por cierto, el gobierno acaba de publicar que se crea una entidad denominada Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, la que será operada por un Secretario Técnico y tendrá una chamba decisiva en la buena marcha del gobierno.
El organismo pretende “homologar la actuación jurídica de la administración pública estatal”.
Con ello, de seguro ya no veremos que algunos abogados de las secretarías jalan por un lado mientras la Consejería Jurídica por otro.
Seguramente el gobierno ya no perderá tantos amparos por la disparidad de criterios, o bien porque los abogados del Gobernador no contestaron a tiempo requerimientos de los tribunales.
No se sabe quien será el jefe técnico, pero el presidente de la Comisión lo es ya el Secretario General de Gobierno. La primera sesión deberá darse el mero 28 de febrero.
En tema aparte, mire que el Gobernador Egidio pretende seguir adelante con varios proyectos de su antecesor.
Por ejemplo, el sistema de crédito educativo para que cursen estudios superiores muchachos de escasos recursos. También el sistema de inglés en nivel básico, como segunda legua.
Seguirán adelante los programas del Fondo Tamaulipas, ese que apoya a microempresarios y proviene del sexenio anterior (fue ratificada la misma directora).
Y Torre quiere cumplimentar los proyectos de realizar las grandes obras hidráulicas Pánuco-Tamesí que eviten las inundaciones de la zona conurbada del sur.
Es algo a lo que le metió muchas ganas Eugenio Hernández, pero faltó la lana federal.
Antes de irnos, mire que desconciertan datos que el nuevo gobierno acaba de incorporar a su portal en el renglón de “información de oficio”, en lo referentes al personal jubilado y pensionado.
Por ejemplo, la más alta cifra que paga el gobierno por concepto de jubilación son 81 mil 676 y se trata de una mujer.
Hay otras cifras por 40 mil y 38 mil mensuales, pero no se trata de los magistrados que jubiló Tomás Yarrington en marzo de 1996 para meter a su gente.
No, en aquel motín de magistrados, la gente como Felipe Ham Pérez, Fernando García Ortegón y Albino Salinas Arreola apenas pudieron llevarse a la bolsa 32 mil por mesquite.
En cambio, el jubilado que menos gana son 800 pesillos por mes.
Mejor nos vamos.
