Cd. Victoria.- Bueno, pues tenemos que hacer la aclaración respectiva. El derecho de réplica le corresponde a nuestros lectores.
Uno de ellos, interesado en los asuntos políticos, nos dice que el señor Francisco Garza de Coss, dirigente estatal del PAN, no fue a entrevistarse con el Gobernador Egidio Torre Cantú para plantearle el “acelere” de averiguaciones previas.
No, al contrario, pidió el “desacelere” en tres de ellas donde aparece como indiciado.
Y en efecto así es, una es a la que referíamos precisamente el lunes, la número 397/2010, que se sigue por el presunto delito de fraude y asociación delictuosa, donde el señor Coss va como cabecilla y principal indiciado.
Esta averiguación se integra en la séptima fiscalía de ciudad Victoria y tiene un rezago de casi un año, aunque Coss y su gente ya comparecieron.
La otra es la número 713/010 por delitos de falsificación de declaración ante una autoridad, y la lleva la tercera fiscalía de la misma PGJE.
Otra más ha recibido el número 013/2011, de la primera Agencia del Ministerio Público, y se debe a un proceso que había iniciado la PGR en contra del CDE del PAN por la presunta defraudación con miles de pesos a través del método de una rifa de automóviles.
A finales del año pasado –diciembre- la Procuraduría General de la República ordenó la radicación del respectivo expediente en el fuero común, para que se le siga la causa a Garza de Coss y al menos ocho coacusados.
Era una vieja demanda en la PGR que data de junio del 2009 porque los azules no cumplieron con los requisitos de rifas y sorteos para hacer su evento.
Noticias puede haberlas muy pronto si es que en efecto la Procuraduría de Justicia “le da p´adelante” a los tres asuntos que hoy ocupan la inquietud de los dirigentes azules en la entidad.
El año pasado se podría pensar que eran cuestiones de índole político por aquello del proceso eleccionario. Hoy cosas cambian.
Aparte, mire que el congreso del Estado en pleno, autorizó este miércoles la renuncia de Mariana Rodríguez Mier y Terán a la titularidad del Instituto de Investigaciones Legislativas porque se va a ocupar una subsecretaria en el gobierno del estado.
Los Rodríguez Morales y Rodríguez Mier y Terán forman parte de las “familias felices” que han encontrado acomodo en la administración estatal.
El jefe del clan, Manuel Rodríguez, es el todopoderoso secretario de Obras Públicas.
Hay varios matrimonios y familias completas que ocupan puestos clave en la administración, como Libertad García y Roberto Danwing, o bien Ramiro Ramos y Mónica García.
Pero el dato nos dice que hay varios más, muchos más, de lo cual no es delito sino cuestiones morales que deben llevarse hacia el interior.
En su tiempo, Enrique Cárdenas González nombró como director del Registro Público de la Propiedad a su hermano Jaime ¿es correcto?.
Más tarde, la administración de Yarrington hizo Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y titular de SEDESOL a los hermanos Luebbert Gutiérrez.
Este sin embargo es un tema que debe ser ampliado más tarde, porque ¿es moral a imponer a familiares en puestos subalternos? ¿es moral que los regidores impongan a sus conyugues como suplentes?.
Volviendo con el Congreso, mire que en efecto presentar demandas penales en contra de los ex alcaldes no será cuestión de la noche a la mañana.
Este miércoles, la presidenta del legislativo, Guadalupe Flores Valdez, hizo ver que “no hay borrón y cuenta nueva” respecto a las cuentas públicas, pero se da el caso que ellos acaban de llegar.
Están en tiempo y forma de hacer las investigaciones correspondientes de las cuentas que van a recibir, y las que ya se aprobaron.
Con el tiempo se disiparán las acusaciones en contra de los ex presidentes municipales que hoy ocupan toneladas de tinta en los medios. Después de todo un gobierno que llega no puede dedicarse a la persecución de sus antecesores.
Y en el ayuntamiento victorense, la regidora panista Helga Ruth Vázquez pidió la derogación del Reglamento de Tránsito porque, según dijo, es anticonstitucional.
La iniciativa se envió a comisiones donde los abogados verán los pros y contras.
Ciertamente fue un reglamento ilegal que inventó Alvaro Villanueva Perales y solo le tocó aplicar a Arturo Díez Gutiérrez con multas millonarias.
Y cabe una pregunta ¿a todo aquel que multaron ilegalmente le devolverán su dinero?.
Por cierto, el acalde miguel González Salum ya debe saber que se le viene el desorden en las sesiones de cabildo por falta de capacidad de su secretario Rafael Rodríguez Salazar.
Los mismos regidores de oposición señalan que el “operador” o “cabildero” de la Secretaría no funciona; no hay sesiones previas de cabildo -aunque sea entre los mismos priístas- para ponerse de acuerdo, ni tampoco en la orden del día se programan los asuntos generales para que hable los ediles que quieran.
Ahí mismo está en veremos la ubicación de los 50 melones de pesos que la voz popular dice que se “comió” el ex presidente Arturo Díez Gutiérrez.
No hay pista de hacia donde se fue esa lana. Ni siquiera el cabildo anterior dejó alguna autorización para amortizar la deuda.
Lo conducente: La reasignación de recursos. Al banco se le tiene que pagar, aunque la lana se la haya llegado Díez para su casa o su negocio de Prácticomateriales.
Y mejor luego continuamos.
