Cd. Victoria.- El Gobernador Egidio Torre Cantú quiso poner el ejemplo en cumplir estrictamente con a Ley, y presentó a la Contraloría su declaración patrimonial.
No se adelantó sino que está dentro del término, pues la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios concede hasta el último de febrero –días naturales- para presentar dicho documento.
Respecto a publicar los contenidos, no hay antecedente en los gobernadores de Tamaulipas. Ninguno ha divulgado su patrimonio ni al entrar a la chamba ni al salir.
La Ley no lo obliga y luego entonces Egidio no tiene por qué hacerlo, a menos que sea voluntad personal.
Dicho ordenamiento viene de 1984, la época del Gobernador Emilio Martínez Manautou, precisamente cuando Miguel de la Madrid enarbolaba la llamada “renovación moral”, algo vano y sin sentido en las administraciones federales (priístas y panistas).
En eso de las responsabilidades de los funcionarios no hay mucha prisa por actualizar la norma. La Ley vigente está por cumplir sus primeros 24 años, y la anterior provenía de 1932,
La Ley de 1984 registra ya cinco reformas y mire que irónicamente fue publicada por el entonces Subsecretario General de Gobierno, Jesús Lavín Santos del Prado, porque no había titular (llegó a Rector y fue depuesto).
El dato nos dice que por lo general los políticos presentan su declaración cuando andan en campaña.
Así por ejemplo, en 1998 Oscar Luebbert Gutiérrez –cuando jugaba en la interna tricolor por la gubernatura- mandó publicar un titipuchal de propiedades en Reynosa, la mayor parte heredadas de su padre.
También los candidatos a la presidencia, y mire que el 19 de enero del 2006 Felipe Calderón renunció al “secreto bancario” e hizo público que tenía bienes y lana por la suma de 8.8 millones de pesillos.
Apenas era el candidato.
De ahí ya no se supo más de renuncias a mantener el secreto de sus bienes, por lo que en el 2010 la revista Proceso “descubrió” que Jelipe elevó en once veces más sus propiedades, y las enumera.
Durante su campaña por la senaduría (2000), Laura Alicia Garza Galindo mandó publicar lo que dijo era su patrimonio de 30 años de chamba en el servicio público.
-Casa habitación con 186 metros de construcción; departamento habitacional de 117 metros de construcción y un terreno rústico de 500 metros, ubicados en la ciudad de México
-Dos casas habitación en ciudad Victoria
-Un automóvil
-Dos cuentas bancarias con saldo de 414 mil pesos e inversiones de ahorro por un millón 65 mil pesos.
Pero Doña Laura no mandó publicar seis años después en cuanto aumentó su patrimonio.
De igual forma en el año 2000, cuando era candidato a diputado federal por el V distrito, Eugenio Hernández Flores difundió su patrimonio.
-Cuatro terrenos con casas habitación y tres terrenos urbanos más
-Dos camionetas y dos automóviles
-Dos cuentas bancarias con saldo de 871 mil pesillos.
-Socio mayoritario en una constructora y una inmobiliaria
-Socio al 50 por ciento en dos empresas más, así como al 15 por ciento en una promotora
En esas fechas, cuando era candidato al Senado, Oscar Luebbert también había expuesto su patrimonio.
De más antes el dato nos dice que a finales de1992, como candidato a la alcaldía victorense por las siglas del PAN, Gustavo Cárdenas Gutiérrez “expuso” ante la opinión pública sus bienes y dineros que ascendían a no menos de 50 millones de nuevos pesos.
El muchacho hablaba de millones en bancos, acciones en empresas constructoras, gasolineras, casas y terrenos y en clubes sociales de México y Texas.
Pero no se ocupó de enviar su declaración cuando terminó la chambita de alcalde.
En el gobierno federal los funcionarios tienen la opción de hacer públicos sus bienes.
Pero da el caso que, si antes lo hacían algunos, ahora casi todos se niegan.
Por ejemplo, Jaime Organista Barba, cuando llegó como delegado de la SCT a Tamaulipas en 2003, dijo que ganaba 80 mil pesillos por mes; que gozaba de cinco tarjetas de crédito, dos de inversión y era dueño de varios millones de pesillos en ganado bovino.
Extrañamente no registraba ninguna propiedad inmobiliaria.
En los siguientes años el chico se rajó y no hizo públicos sus ahorritos “de su vida como funcionario”.
Lo mismo pasó con Lucía Irene Alzaga. Cuando ingresó a la delegación de la SEDESOL reportó que era dueña de: Piezas de piel, lote surtido de joyas, esculturas, tres cuentas de inversión y siete tarjetas de crédito (una en dólares), entre otras “cosillas”.
Seguramente por temor a algún secuestro, la damita no volvió a hablar de su patrimonio en pesillos mexicas y dólares.
Antes de irnos, si usted es aspirante o tiene un familiar aspirante a primer ingreso a la UAT, “cheque” las listas del CENEVAL porque este lunes diez de enero comienzan las inscripciones.
Y no crea usted que sobran espacios.
Por ejemplo en Derecho y Ciencias Sociales Victoria, el comité académico determinó que “pasaron” el examen: 17 aspirantes a la carrera de Comunicación; 70 a la de Leyes, 16 a la de Turismo y diez pueden matricularse en Negocios Internacionales.
Mejor nos retiramos.
Y para que tantas galimatias para tratar de cubrir «la metida de pata» de Egidio Torre Cantú que de manera contundente, según los cronistas, dijo que NO haría pública la declaración de su patrimonio, es su libre albedrio hacerlo. No lo hizo, por algo será. Qué acaso no quiere que se sepa que es un hombre muy rico. Y una anecdota, hacia 1981, cuando tomó posesión como gobernador de Puebla Guillermo Jiménez Morales hizo publico que su patrimonio era de unos 400 millones de pesos. Aquí, en Tamaulipas, Emilio Martínez Manautou, hizo su declaración patrimonial al mismo tiempo, pero le dijo a la prensa que no la haría pública, que estaría guardada en un caja fuerte en la oficina de contraloría. «Pobre Tamaulipas, contanto bribón convenenciero tratando de pasar por gente decente», bueno así decía el historiador Ciro R. de la Garza.