Cd. Victoria.- Se supone que fueron inhabilitados para ocupar un cargo público no solo en Tamaulipas sino en todo México, pero ¿quién los hace cumplir? ¿quién vigila?.
En los últimos nueve años alrededor de 50 funcionarios del gobierno han sido “castigados” y boletinados por cometer irregularidades, pero se sospecha –en algunos está confirmado- que siguen cobrando en el erario de aquí mismo.
En ese ciclo, el caso más sonado es el de Pedro Hernández Carrizález y su gavilla que manejaron la Sedesol durante el cavacismo ¿ya pueden regresar a la nómina pública?.
Aunque se dice que el ex poderoso funcionario merodea sobre chambas del nuevo gobierno estatal, el dato nos dice que no. Pedro fue castigado con diez años fuera de la administración pública de cualquier nivel (además de pagar cono bote).
Pero no solo él sino varios de sus colaboradores, como los Subsecretarios Manuel Durán Córdova y Miguel Angel Flores Santillán, que fueron “condenados” a diez años de no chamba oficial por la distracción de mil 300 melones de pesillos que se programaron en la carretera Rumbo Nuevo.
La mayor parte de las sanciones vienen desde entonces, los menos de la administración de Tomás Yarrington, y algunos asuntos del presente sexenio.
Si las sanciones en contra de la camarilla fueron aplicadas a mediados del 2001, falta para que los señores accedan a la nómina, lo que sería a mediados del año que viene y no en enero.
Hay otros sancionados como Adrián Zúñiga Castillo, Salvador Padilla Landeros y Humberto Guadalupe Sánchez Moret, que se supone no pueden ingresar al gobierno y menos a la Secretaría de Obras Públicas donde se desempeñaron como jefes y cometieron los ilícitos.
Pero se sabe -¿lo incluye la sanción?- que varios de los inhabilitados sí reciben beneficios de los programas oficiales.
Pedro fue detenido hace exactamente diez años, el 24 de noviembre del 2000, en Mérita Yucatán, cuando bajaba de un avión junto con su esposa Martha Idalia Camacho Sánchez.
De ahí fue conducido al penal estatal en ciudad Victoria, donde permaneció por espacio de alrededor de un año (cada que hay campañas políticas se le vuelve a ver con sus instrumentos musicales, como experto que es en slongans).
Más antes había sido capturado el constructor Carlos Francisco Aguilar García, presuntamente originario de Michoacán, cómplice de los enjuagues del esotérico y compañía.
La Procuraduría de Justicia del Estado declaró inocente de cualquier cargo al ex Gobernador Manuel Cavazos Lerma, pero no así a sus colaboradores, aunque algunos no pisaron el bote, “arreglaron” antes.
Dicha construcción –realmente inaugurada el 10 de octubre del 2003 por el Presidente Vicente Fox- fue uno de los más grandes negocios del siglo pasado a la sombra del poder. Se beneficiaron los funcionarios, sus compadres, amigos y hasta segundos frentes y parientes políticos.
Pero bueno, ese es otro asunto que debe tratarse como un monumento a la corrupción, y no sobre lo que nos ocupa.
Si usted, querido lector, le da una vuelta a la lista de inhabilitados, se podrá dar cuenta que algunos no acatan la instrucción de mantenerse por su propia cuenta y no del gobierno.
Nos transportamos a las sanciones de la presente administración y, aunque parecieran imperceptibles, sí las hay.
Por ejemplo, se inhabilitó a Rodrigo Tavarez (se escribe con “z”) García, docente de la SET por cobrar sin chambear. En el 2007 se le condenó a regresar 926 mil chuchos y a no volver a chambear en el sistema por diez años.
De igual en el 2006, la señora Edith Nora Montijo Maldonado, recibió sanción por diez años por dedicarse a vender plazas del magisterio. Tenía 14 órdenes de aprehensión en su contra.
Aunque no peces gordos, la mayor parte han recibido sanciones por diez años, como un coordinador general de lo que es el C-4 y un chofer de la secretaría de Finanzas que traficaba con placas de automotores.
Han sido sancionados dos oficiales del Registro Civil, pero todo indica que falta que la Contraloría “apriete” un poco más las tuercas en esas chambitas que son un rico filón de lana que llega sin pagar impuestos.
Se supone que a través del Padrón de Inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, ni ellos ni ellas pueden aterrizar en las nóminas federal, de los estados ni de los ayuntamientos o paraestatales del país.
Para “redondear” el tema, solo falta preguntar ¿se pueden reducir las sanciones de las contralorías?.
Aunque se nos hace que no, ya veremos si en las siguiente administración entran algunos de los 17 castigados para vivir “en el error” por espacio de diez años, en el asunto de Rumbo Nuevo.
Ah!, pero también se aplican castigos de seis meses y dos años para los pecesillos, aparte de devolver la lanilla distraída.
Mientras en otras entidades llega hasta los 20 años de retiro de las nóminas, en Tamaulipas apenas es de diez. Por ello no sería malo que la nueva administración le de una “revisadita”.
También se nos hace que al programa de sanciones le falta más difusión por aquello del “castigo oral” para quienes se sirven con la cuchara grande del gobierno.
