Cd. Victoria.- El “caso Río Bravo” quedó cerrado. Ricardo Gamundi Rosas y su comité tricolor recibieron garrotazo del TRIFE en las pretensiones de recuperar el ayuntamiento de Río Bravo.
De paso –para que no se quede atrás-, el tribunal federal le secundó descontón al tristemente célebre Juan Genaro de la Portilla Narváez, de Altamira, al ratificar que tiene que pagar la multa (es la primera) por 164 mil pesos a que lo condenó el IETAM por “actos anticipados de campaña”.
En el fronterizo municipio será alcalde Juan Diego Guajardo Anzaldúa. Perdió el doctor Roberto García Martínez, apoyado por la coalición encabezada por el PRI.
Ya desde un principio se hablaba de “cochinero”: En el PREP ganó el PAN, pero el comité municipal electoral le adjudicó el triunfo al PRI; el Tribunal Electoral del Estado anuló las elecciones; el TRIFE se lo devuelve al PAN y el TEE se lo ratifica. Ahora el triunfo azul se confirma allá mismo en Monterrey.
El margallate culminó este miércoles con la resolución inapelable de la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación, y deja muy mal parado al hombre del “trailer completo”, a Gamundi.
Las reflexiones van y vienen ¿para qué apelar una vez más? ¿para qué pedir otra vez la anulación de los comicios? ¿por qué ya no quedarse callado? El tribunal ya le había dado el primer garrotazo ¿esperará el tercero?.
Se dice que a Gamundi “le faltó abogado” para elaborar las demandas de anticonstitucionalidad, le faltaron argumentos convincentes. Le faltó leguleyo, pues.
Bien dicen los magistrados: “Los motivos son inatendibles, inoperantes e infundados, por no aportar los elementos de convicción suficientes…”.
En su alegato, los tricolores –fueron seis abogados encabezados por Héctor Villegas Gamundi- llegaron a pedir la anulación de 37 casillas, que representan el 20 por ciento de la instaladas en aquel municipio.
De acuerdo con la Ley, con ese 20 por ciento era más que suficiente para anular el proceso.
Pero los proyectistas del tribunal federal le fueron echando abajo “voto por voto y casilla por casilla”.
Incluso, quedó establecido que los priístas pidieron anular casillas que ya se habían anulado en otros procesos.
Diríase que los magistrados federales confirmaron el cochinero, pero ¿quién lo hizo?¿quién hizo el tal cochinero?.
Todo indica que en el pleito PRI-PAN (donde van de comparsa los partidos “chiquilos”), ganó el más gandalla, el que mejor protegió sus trampas, o las despistó.
Fue un choque de “ingeniería electoral”, nada más. De hecho no hubo campañas y menos de Guajardo Anzaldúa, quien se fue el lado gringo a vivir.
No puede entenderse de otra manera. Los azules no ganaron en las urnas, ganaron en la mesa de los tribunales, y los tricolores tampoco se quedaron atrás en sus trampas.
Para los que entienden claro, si en Río, dos días después de la elección se contaron voto por voto, y ganó el PRI, es evidente que fue el que ganó. Pero los responsables del comité electoral equivocaron el procedimiento de abrir la totalidad de los paquetes.
El asunto quedará para la historia política de Tamaulipas. Por primera vez el tribunal electoral ordenó la realización de nuevas elecciones después de anular la elección (que no llegaron a concretarse).
Después que el 14 de septiembre el TEE ratificó las instrucciones giradas por la Sala Monterrey del TRIFE, parecía que todo transcurriría en lamentar una derrota. Pero no, Gamundi y su gente pidieron la revisión de anticonstitucionalidad que ahora pierden.
Y bueno, muchos ya pueden descansar tranquilos, sobre todo aquellos que lucharon por ocupar un lugar privilegiado en la planilla del Revolucionario. Los primeros lugares serán regidores plurinominales.
El expediente servirá para la consulta de los abogados electorales del PRI. Va a servirles para dentro de tres años.
Y de paso, el tribunal le dio garrotazo a Juan Genaro de la Portilla Narváez, de Altamira, en la primera apelación que hace sobre las multas de casi 600 mil pesos que le impuso el IETAM. Perdió el pobre gordo.
Se defendió como gato boca arriba y dijo que aquel once de mayo del presente, no andaba haciendo actos anticipados de campaña como aspirante a la candidatura del PRD a la alcaldía.
Afirmó que andaba saludando a sus amigos pero en ningún momento les habló de política.
Ah!, pero en parte le dieron la razón: “Tiene derecho a la libertad de tránsito, a expresar sus ideas y derecho de asociación…”
Pero resulta que esas cuestiones “ya no se pueden remediar”.
Ahora, el gordito tendrá que disponerse a aflojar la bolsa porque a través de Hacienda le cobrarán la lanita.
Antes de irnos: Allá en el Congreso del Estado la perredista Diana Chavira dijo que en los municipios de Tamaulipas se está dando una nueva migración hacia el lado gringo, y no son precisamente los jodidos y desarrapados que van en busca de chamba sino los alcaldes y funcionarios municipales.
Denunció que los nuevos migrantes no cruzan por el río sino que llevan camionetas y autos oficiales, y les pidió que los regresen a las haciendas municipales.
Nos vamos.
