El alcalde de Victoria Arturo Díez Gutiérrez es muy versátil para los negocios porque, además del que le significa la presidencia municipal, el de la tala de árboles y de otro que muy pronto le estallará en la cara, ¡es minero!
Recién se supo, la minería es la nueva incursión de negocios de Díez Gutiérrez y su familia, pero siempre con el abuso por delante, la arbitrariedad en contra de los ejidatarios y la protección de las autoridades de toda índole.
No se trata, sin embargo, de cualquier mineral sino un yacimiento de plata ubicado en terrenos invadidos por los Díez Gutiérrez en lo que es la reserva natural protegida Las Cumbres, apenas adelantito del ejido Santa Ana, municipio de Victoria, cuyos ejidatarios ya sufren los embates del todopoderoso clan.
Dicho mineral se ubica en lo que se llama el nacimiento de El Librillal, cuya veta fue descubierta hace más de 300 años por españoles gambusinos que determinaron que se trataba de un metal “de buena ley”, pero no pudieron explotarlo por razones de comunicación.
Arturo Díez y su familia no sólo pretenden extraer el mineral sino pulirlo, es decir instalar una fundidora para limpiar la plata y obtener los valores agregados antes de vender al mercado nacional e internacional, como nadie lo ha hecho en Tamaulipas en los últimos años.
A sabiendas de que el poder no es para siempre, ya se aprestan a instalar los hornos, lo cual ha despertado el temor de los ejidatarios dado que, para el proceso, se tienen que utilizar químicos tan peligros como el ácido nítrico y el ácido muriático, que contaminaría por completo los veneros de la Sierra Madre, de donde se surten de agua numerosas comunidades del área rural de Victoria. Incluso hasta de la misma zona urbana.
Para explotar el mineral, Arturo Díez y los suyos han emprendido una serie de acciones que incluyen la compra de votos y conciencias por el rumbo de Santa Ana, por donde pretenden sacar los camiones de plata, y cuyos dirigentes les han cerrado el camino. A no pocos campesinos les han ofrecido dinero por su voto y hasta comprarles sus parcelas completas.
De esa mina ya se sabía desde hace muchos años, pero es hasta ahora que los Díez Gutiérrez se aprestan a extraer el material y beneficiarlo (limpiarlo) ahí mismo, aun a costa de los problemas de contaminación y de la oposición de los ejidatarios.
Sin salida a la carretera interejidal, ahora se han dedicado a tratar de comprar un rancho vecino que en otros tiempos perteneció a don Santos González, un victorense bastante conocido ya fallecido.
Con los ejidatarios no se han puesto de acuerdo, pese a que habían comprado ya al comisariado Isidro Guzmán Peña, que está por entregar el mando y a quien se le encontraron serias irregularidades en su administración por estar entregado completamente al PAN.
“El asunto de la mina lo tienen muy bien tapadito”, señala uno de los ejidatarios, al dar cuenta de las arbitrariedades que han sufrido por parte del alcalde y de la familia de talabosques.
El permiso de concesión por parte de las autoridades federales fue solicitado y otorgado a un Mario Alberto Mansilla Terán, quien no es de la región sino al parecer de Monterrey, pero está residenciado en Manuel González (calle 15) 1538, colonia San Francisco, de ciudad Victoria. Él es el prestanombres de la poderosa familia, según los informes de los ejidatarios.
Conforme a los documentos, se habla de una supuesta empresa de nombre Minerales del Norte, la que no existe ni en el Registro de la Propiedad ni en ninguno de los registros de minería de Tamaulipas. Se sospecha que es una firma fantasma, cuyo origen llevaría a Nuevo León.
SACANDO PROVECHO CON DINERO AJENO
Si la empresa inicial es inexistente, se cree que los Díez Gutiérrez tratarán ahora de formar una sociedad de segundo grado para aterrizar recursos de los programas federales, como es la costumbre de la familia, para no invertir dinero propio y sacar el máximo provecho vendiendo a Minerales del Norte, que se ubica en San Nicolás de los Garza, en Nuevo León.
Están metidas en el negocio otras personas de dudosa reputación, como Ricardo Castillo Gamboa, quien se autonombra director jurídico del comité nacional de la CROC, quien fuera dirigente Tamaulipas y con amplios antecedentes como porro universitario en Monterrey, donde sigue viviendo desde hace años.
La información de los ejidatarios señala que Castillo tiene la protección del líder del Congreso del Estado, Ricardo Gamundi Rosas, pues son familiares políticos.
Otro porro al que se menciona es alguien llamado Guillermo Patton, al servicio de Castillo Gamboa y de los Díez Gutiérrez, quien aparentemente vine un conflicto debido a que en lugar de recomponer las cosas a favor de sus patrones vino a descomponerlas y a meterlos más en problemas.
Los ejidatarios tratan de llegar a un arreglo con Arturo Díez, pero éste, ensoberbecido de poder, no les quiere dar el 5 por ciento del valor de la extracción del mineral en obras de beneficio colectivo o bien en efectivo, para tratar de resarcir los daños ecológicos que sufrirán desde el momento en que se instale la fundidora, que contaminará todos los arroyos y ríos rumbo abajo, como el de Caballeros, que al final desemboca en la presa Vicente Guerrero, de donde se surte de agua a los victorenses.
De acuerdo con los cálculos del ejido, que han hecho consultas ante autoridades del sector, la tonelada de plata en el mercado -aun sin estar debidamente purificada- anda en los 260 mil pesos, y cada camión tiene una capacidad de 20 toneladas, por lo que al instalarse sería el negocio más redondo del centro de Tamaulipas.
Los Díez quieren un convenio con el ejido por 30 años seguidos para que se les permita el acceso y la salida, pero hay renuencia pues la familia del alcalde y él mismo ya tienen añejos conflictos con otros ejidos a los que no les cumplieron, como es La Libertad, por donde no pueden salir porque les cerraron las puertas.
Sin que hayan llegado a un acuerdo con los ejidatarios, los Díez Gutiérrez ya traen maquinaria en El Librillal, con el argumento de que fueron a perforar un pozo profundo en busca de agua, cuando en ese lugar lo que sobra es precisamente agua. Metieron también maquinaria pesada para instalar la planta.
Los ejidatarios refieren que lo de menos sería que sacaran el material, pero los daños ecológicos serían irreversibles puesto que en la purificación de la plata se utilizan elementos que son altamente venenosos.
Que se sepa, en Tamaulipas no hay ninguna beneficiadora de ese mineral porque los químicos son perjudiciales, y si hay algunas minas, la piedra se manda a fundidoras de Monterrey, de Coahuila o de San Luís Potosí.
La idea de los Diez Gutiérrez se sacar el máximo provecho y enviar la plata casi limpia a las fundidoras del norte para ganarse un dineral por muchos años, considerando que la veta no tiene límites de que pudiera acabarse.
Entre los ejidatarios de Santa Anna a la mina ya comienza a llamársele como “La Mina Maldita” por tantas envidias y maniobras que han hecho los Díez Gutiérrez para que se les de permiso de salir por espacio de 30 años o bien pretenden comprar parcelas, o apoderarse de ellas, para salir rumbo a la carretera interejidal.
De los permisos de SEMARNAP y de minas se ignora por completo, y se dice que gozan de la protección de las autoridades de todo género, pues a la fecha jamás se ha hecho público el proyecto que tienen el alcalde de Victoria y su familia.