Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Qué pasó con el desfile obrero en ciudad Victoria? Quien sabe, nadie quiere decir nada, al menos las agrupaciones que tienen vela en el entierro.
A decir de los especuleros (palabra del periodista regio Abelardo A. Leal) la suspensión se pudo haber acordado por existir indicios de que los partidos políticos, en su actividad proselitista, planeaban tomar por asalto el desfile.
No es la primera vez que esto sucede. Ya en ocasiones anteriores, sobre todo los perredistas, se metieron a la parada obrera para difundir sus consignas.
Debe entenderse que la principal organizadora, la CTM, es de filiación priísta, lo mismo que el gremio burocrático ¿y los maestros?.
La especulación está a la orden del día, sabiendo además que los profes del campesino Arnulfo Rodríguez Treviño navegan con un pie en el PRI y otro en el PANAL. Encienden dos veladoras, una a Dios y otra al Demonio.
Según las noticias nacionales, la CTM acordó suspender los eventos por cuestiones de seguridad. Pero sí los hubo en otras ciudades que tienen “peor” fama, como Nuevo Laredo y Reynosa.
Y bueno, después de todo, no es vital para la vida de los trabajadores de la capital. Ni van a ganar más ni menos si asisten o no a este tipo de eventos.
Lo único es la falta de información por parte de las agrupaciones sindicales que tradicionalmente intervienen en los desfiles. Si hubo amenazas de infiltración y desmanes, pues hay que decirlo con claridad y señalar nombres.
Tampoco hubo desfile en Matamoros, pero sí en Mante y la zona conurbada del sur ¿qué criterios siguieron los organizadores? Quien sabe, habrá que esperar. Hace un año había más inseguridad y se hicieron los eventos.
En tema concreto del proceso eleccionario, mire que el IFE y su presidente (el que sea) está tomando tanta fuerza como el mismísimo presidente de la República en asuntos que le competen al ejecutivo.
Por ejemplo, la SAGARPA le tuvo que pedir permiso al órgano electoral para pagar en periodo electoral un apoyo que se destina a expositores en ferias y eventos del sector agropecuario.
Los consejeros del Instituto contestaron: “No es propaganda gubernamental, siempre y cuando no se promocione obra de algún tipo de gobierno”.
Con esa resolución ya está dicho todo: Para la siguiente campaña las dependencias de gobierno retendrán los pagos hasta que llegue la época de proselitismo para entregar los apoyos, a fin que ya no es delito electoral.
Hay cosas que no entendemos quienes no nos dedicamos a la política. Tal vez por eso no entendemos a los diputados que aprobaron la llamada Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En una modesta opinión, la Ley viene a crear un ente burocrático más del gobierno federal al que se denominará Junta de Gobierno especializada en esos asuntos y que encabezará el Secretario de Gobernación.
Según el acuerdo de los senadores, los defensores de derechos y los periodistas podemos presentar peticiones ordinarias y extraordinarias (las primeras pueden durar más de 30 días en atenderse, y las segundas varias horas).
Pero los que conocen del tema señalan que la nueva Ley no dice a quien se le va a pedir el auxilio, si a la Junta respectiva, a Gobernación, o a los gobiernos estatales a los que también se involucra.
Si la protección a los comunicadores va a ser cierta, no quisiéramos ver a los reporteros trabajando como si anduviéramos en la guerra: Con casco y chaleco antibalas, con guaruras armados hasta los dientes, en autos blindados o viviendo en bunkers secretos de granito.
Se nos hace muy jalado que el gobierno federal vaya a proporcionar esa “ayuda” a los comunicadores, junto con detectores de metales a las empresas, videocámaras a domicilio, uso de chapas y puertas especiales en contra de atentados.
Además, guaruras, chalecos y autos blindados para la esposa, los hijos, los padres y todos los familiares cercanos, y que se reparen los daños físicos, psicológicos, morales y económicos que lleguen a sufrir.
Le digo una cosa, querido lector: ¡Suena a vacilada estilo Jelipe Calderón!
En otro tema, ya se hizo famoso el expediente del Tribunal Electoral Sala Monterrey, número SM-JDC-376/2012, que se refiere a la protesta de la candidata del PAN al senado, Maki Ortiz Domínguez, en contra de su colega Francisco García Cabeza de Vaca, por ocupar el primer lugar de las fórmulas rumbo a la chamba.
Que ya tiene muchos meses y los tribunales no lo han desfogado, que la resolución llegará hasta del último minuto, que no llegará, que se tardó más de la cuenta, que hay movida de los magistrados.
Lo cierto es que sí, ya tiene más de cinco semanas: Fue presentada por la chihuahuense radicada en Reynosa con fecha 22 de marzo y todavía no “sale”.
Es en contra del PAN y su Comisión Nacional de Elecciones, en que pelea el primer lugar de las fórmulas y, de lograr su objetivo, la mujer se colocaría en mejor posición para llegar al senado por la primera minoría.
Ella se duele de “actos omisivos y violarios a nuestros estatutos y reglamentos”, señalando que el día de la elección interna, Cabeza de Vaca utilizó recursos públicos y acarreó gente para que votaran por él.
Ya solo falta que la Sala Monterrey salga con que la señora se desistió de su propósito y perdonó a su contrincante.
No son los únicos asuntos que tiene pendientes el TRIFE relacionados con Tamaulipas, y así vemos que son tres en contra de la nominación de los consejeros del Instituto Estatal Electoral: Uno del PAN, otro de Luis Alberto Saleh Perales y el último de Enrique Lira Uribe.
Además, la demanda de protección de sus derechos del señor Emiliano Fernández Canales, dirigente del Partido Movimiento Ciudadano en contra de la coalición de izquierda por haber nombrado a Diana Chavira Martínez y su hermana María Esthela como candidatas propietaria y suplente a la senaduría por la segunda fórmula (lo cual le echaron abajo).
Por eso mejor nos vamos.
