Luis Lauro Carrillo
EL AFFAIRE PEREZ INGUANZO
Juan Artemio Haro Morales juez primero penal de Ciudad Madero Tamaulipas, el pasado domingo encontró elementos suficientes para dictar auto de formal prisión a Oscar Rolando Pérez Inguanzo ex alcalde del municipio de Tampico, con ello se da inicio formal de su proceso penal para determinar su responsabilidad en los tres delitos que le fincó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Así pues al ex edil se le acusa por los delitos de ejercicio abusivo de funciones públicas, coalición de servidores públicos y uso indebido de atribuciones y facultades públicas, derivados de irregularidades en la cuenta pública de 2010 y no por delitos patrimoniales como peculado, fraude o enriquecimiento ilícito.
De ahí que la base de la denuncia penal es la auditoría practicada por el órgano de fiscalización del congreso del estado que determino una irregularidad por la cantidad de 7 millones 854 mil 836 pesos. Como es sabido Pérez Inguanzo fue capturado en Estados Unidos, y entregado a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas en el puente Reynosa-Hidalgo el 17 de octubre.
Llama la atención que hasta al momento, la defensa de Pérez Inguanzo no ha aportado pruebas a su favor, ni tampoco se ha cubierto la fianza 8 millones 138 mil 856 pesos, para disfrutar del derecho a la libertad caucional por tratarse de delitos no graves, tal vez por el temor fundado de nuevas acusaciones.
Está visto que lejos quedaron aquellos tiempos de la llamada “justicia política”, donde la corrupción y los excesos de poder de los servidores públicos, solo eran castigados con el envío a la banca y al ostracismo político. Justicia convenienciera, el sistema político con esos mecanismos consideraba que establecía un balance y equilibrio del poder sin importar el derecho y la ética.
En ese tenor ahora el sistema político depura, ajusta, premia, castiga e intenta corregir. En lo político se envía el mensaje a la sociedad en el sentido de que los gobiernos del nuevo PRI ya no solapan o encubren la corrupción, aun de aquellos funcionarios de su mismo partido como es el caso de Mario Ruiz Pachuca y Oscar Pérez Inguanzo y los que se acumulen.
Velar por el cumplimiento de las normas que previenen los conflictos de intereses, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, el peculado, el cohecho, fortalece a las instituciones y las blinda frente a la búsqueda de los beneficios personales.
En efecto la transparencia y rendición de cuentas, constituyen una de las conquistas más importantes de la sociedad civil. Es un avance importante en el desarrollo democrático y abre la posibilidad para un cambio profundo en las relaciones entre la sociedad y gobierno.
Por tanto la opacidad y probable corrupción llevó a los ayuntamientos gobernados en el trienio pasado por Ramón Garza Barrios, Oscar Luébbert, Erick Silva, Oscar Pérez Inguanzo, Arturo Diez Gutiérrez, entre otros, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, y presunto desvío de recursos.
Por otro lado si las indagaciones realizadas por gente del procurador Bolívar Hernández Garza en la averiguación previa correspondiente, así como la auditoría practicada, no estén debidamente sustentadas y se encuentran prendidas con alfileres, las imputaciones a Pérez Inguanzo corren el riesgo de caerse como castillo de naipes en los tribunales mediante un juicio de amparo o apelación, como sucede frecuentemente con ex servidores públicos.
En definitiva la revisión de las finanzas públicas estatales o municipales no debe interpretarse como persecución, linchamiento político o cacería de brujas en contra de ex funcionarios, sino como la investigación de las causas de posibles quebrantos patrimoniales al estado y a los municipios.
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