Luis Lauro Carrillo
LAS AUDITORIAS MUNICIPALES.
La Auditoria Superior del Estado (ASE) es el órgano encargado de la vigilancia y control del ejercicio de los recursos públicos, un mecanismo esencial de la transparencia y rendición de cuentas, una institución pública imprescindible, eficaz, con un trabajo técnico, imparcial y alejado de los intereses partidistas o políticos.
De tal suerte la opacidad no debería envolver opacidad ni impunidad, los órganos fiscalizadores deben ser muy escrupulosos en el uso y manejo de los recursos públicos, así como las labores de auditoría que se practiquen a las administraciones estatales y municipales.
Como podrá suponerse la entidad y municipios ya no aguantan más corrupción, ya que esta impide el desarrollo político, económico y social, a la vez que socava la eficacia administrativa, constituyendo el principio del rompimiento del tejido social.
Por consiguiente la corrupción mina la legitimidad de los actores políticos y de las instituciones públicas, ya que produce el desprestigio y descrédito de las autoridades gubernamentales, provocando la desconfianza y falta de credibilidad en la sociedad.
En ese tenor la falta de transparencia, de rendición de cuentas, opacidad llevó a los ayuntamientos y a dependencias estatales, no tan sólo a gastar más de lo que recibieron, sino a comprometer ingresos futuros a través del endeudamiento de los que esperan recibir en años venideros, amén de la posible desviación de recursos.
De ahí que la ASE esta auditando las cuentas públicas municipales de la pasada gestión de Oscar Pérez Inguanzo, en Tampico, el de Erick Silva Santos, en Matamoros, Ramón Garza Barrios en Nuevo Laredo, Arturo Diez Gutiérrez Navarro, en Victoria y Reynosa con Oscar Luebbert Gutiérrez, entre otros.
Así pues la Comisión de Vigilancia del Congreso Local se comprometió para el mes de septiembre para que el auditor superior Miguel Salmán, de a conocer el resultado de las auditorías practicadas a los municipios y dependencias estatales, informando que a la fecha se registra un avance muy superior en las revisiones.
También conviene insistir en que el órgano fiscalizador debe ser muy cuidadoso con las auditorias para comprobar si en verdad hay ilícitos tan flagrantes como se presumen, sin que estas acciones se puedan argumentar o interpretar como una especie de persecución, venganza política o cacería de brujas contra de ex funcionarios, sino como la investigación de las causas de posibles quebrantos patrimoniales al estado y a los municipios.
Por lo tanto toda suspicacia debe ser erradicada con elementos probatorios. Si estas demuestran palmariamente la responsabilidad de ediles y funcionarios estatales los responsables tiene que responder de sus acciones por el total de las irregularidades detectadas, sería lamentable para que no pasara nada y que la única sanción fuera el ostracismo político y la denostación.
Por lo que la sociedad tamaulipeca espera del auditor superior, efectos y consecuencia de la su acción fiscalizadora en la gestión financiera y desempeño de las entidades fiscalizadas, en los resultados de los programas y proyectos autorizados en el presupuesto y en la administración de los recursos públicos.
En definitiva la ASE debe ser más proactiva que reactiva, para definir senderos y caminos para impulsar el buen gobierno, e identificar las causas que propician la corrupción, señalando a los poderes del estado, las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora, para que éstos actúen en su ámbito de competencia. Independientemente de fincar responsabilidades y demandar el resarcimiento del patrimonio institucional.
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