28 abril 2026. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier afirmó que el hecho de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, no atendiera la invitación para acudir al Senado de la República es un desacato político, pero será la Fiscalía General de la República la que determine las responsabilidades jurídicas, aunque señaló que el respeto a la ley y a la soberanía no distingue colores y en este caso hubo violaciones sistemáticas.
En conferencia de prensa, el senador Ignacio Mier subrayó que la defensa de la soberanía nacional no debe tener ninguna fijación cromática; “no importa el partido político que haya obtenido la confianza ciudadana para gobernar, se tiene que dar respeto a lo que establece la Constitución Política y a la ley; el respeto a la soberanía y a la ley no distingue colores”.
Señaló que una vez que se hizo público, por un fatal accidente, la presencia de agentes extranjeros, antes de guardar prudencia, se presentó la primera mentira por parte del fiscal del estado, que además ayer presentó su renuncia, lo que pone de manifiesto que se declara culpable por omisión o por lo que determine la Fiscalía General de la República con las carpetas que integre.
Después, agregó, se registró otra mentira cuando el propio fiscal dijo que los agentes pidieron ayuda para trasladarse hacia el aeropuerto y tomar el vuelo de regreso a su país, por lo que generaron una crisis institucional peor, porque se creó una Unidad de Investigación que transgrede lo establecido por la ley, porque al ser delitos de carácter federal debieron haber enterado e integrado la carpeta a través de la representación de la Fiscalía General de la República en el estado de Chihuahua.
Consideró que con todo esto se incurrieron en actos ilegales, se violentó la Constitución Política y se violentó la ley. “Lo menos que podemos nosotros mismos exigirnos es respetar el marco legal del país y el marco legal establece que el canal ya es ahora la Fiscalía General de la República”, expresó.
Ignacio Mier agregó que la crisis institucional derivó de todos los yerros por parte del gobierno de Chihuahua, por lo que el Senado fijará una posición institucional, y será la Fiscalía General de la República la que le dé cauce jurídico-legal a este asunto.
Además, apuntó que las comisiones de Seguridad Pública y de Puntos Constitucionales presentarán el informe de la no asistencia y darán cuenta al Pleno del Senado, porque fue un acuerdo aprobado por el Pleno.
