Grupo Parlamentario de MORENA
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas
Legislatura 65
Resumen de las comparecencias de las y los Secretarios del gabinete del Ejecutivo, en el que se hace referencia a los desvíos, y malos manejos de la pasada administración panista, encabezada por el mitómano Francisco N.
El Secretario de Administración, Jesús Lavín Verástegui, entre la información detallada al Pleno, informó que fueron identificados servidores públicos que no se encontraban en su lugar de adscripción, identificándose 89 personas que no se encontraban en su área laboral, a las cuales se les iniciaron procedimientos que han generado 78 resoluciones, en donde 57 son bajas, 10 reinstalaciones, 10 en proceso de aplicación de baja y un apercibimiento.
Las 11 personas restantes están en espera de ejercer su derecho de audiencia constitucional.
Dijo que se identificaron en los últimos 2 meses de la administración anterior, que se trasformaron 120 plazas para convertirlas en bases sindicales, sin cumplir con los procedimientos establecidos en la ley, por lo cual se iniciaron procedimientos administrativos para identificar las irregularidades, lo cual derivó en 114 bases sindicales que fueron improcedentes.
Del 2010 al 2016 no se pagaron los descuentos aplicados a los trabajadores, ni las aportaciones gubernamentales, alcanzado una deuda de más de dos mil millones de pesos más los intereses respectivos.
Mencionó que de las acciones implementadas por esta nueva administración, destacan incrementos desde el 10 hasta el 82% en los sueldos operativos más bajos, con ello se ha beneficiado a más de 10,000 personas en el servicio del estado.
El Gobernador Américo Villarreal Anaya, tuvo a bien aplicar una reducción del 15% en las compensaciones de funcionarios de mandos medios y superiores, desde el nivel director de área, hasta la del propio Gobernador.
Se aumentó en un 50% el presupuesto para créditos.
En su intervención, la Secretaria de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deandar, detalló que establecieron una gran alianza con los 43 Gobiernos Municipales, a través de seis mesas de apoyo a las regiones, con el objetivo de generar y fomentar la económica de bienestar, así como impulsar el crecimiento de las empresas Tamaulipecas.
En cuanto a inversión extranjera directa en el periodo que comprende este informe de Gobierno de octubre a diciembre del 2022, el Estado recibió 172.5 millones de dólares, cifra 83% superior al mismo periodo del año 2021.
Refirió que entre los meses de enero y febrero, las empresas establecidas crearon más de 10,301 un empleos formales, según las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, son los 2 principales generadores de oportunidades para las y los tamaulipecos.
Las cifras son contundentes, desde el pasado mes de octubre la estrategia de promoción que llevamos a cabo ha logrado 26 inversiones para el Estado, 20 ampliaciones y 6 nuevas empresas, que representan más de 4 mil 300 millones de pesos, y una generación potencial de más de 2 mil 275 empleos.
Además, que el inicio de la construcción del segundo puente ferroviario de Kansas City, que representa una inversión de 100 millones de dólares y la construcción de la Agencia Nacional de Aduanas de México –ANAM- en la Ciudad de Nuevo Laredo, con una inversión de 3,400 millones de pesos y la creación de más de 3 mil empleos.
La Secretaria de Bienestar Social, Verónica Adriana Aguirre de los Santos, precisó que en el periodo 2016-2020 la pobreza en Tamaulipas aumentó de 32.2% al 34.9%.
“Debo decirles que el proceso de transición fue un acto deliberadamente simulado por la administración anterior, con la intención de encubrir y alentar procesos que únicamente perjudicaron al pueblo Tamaulipeco, con una entrega-recepción lenta e insuficiente, información administrativa y operativa incompleta”.
De los temas expuestos a las y los legisladores, resaltó que en materia de recursos financieros recibieron a la Secretaría con una falta de disponibilidad presupuestal, para ejercer recursos para proyectos sociales durante los meses de Octubre a Diciembre del 2022.
Asimismo, que se recibieron 49 vehículos inactivos y 3 no localizados, así como 70 vehículos activos, de los cuales el 100% tenía rezagos en su mantenimiento y revisión mecánica, los resguardos estaban no actualizados en cuanto mobiliario y parque vehicular.
En cuanto a recursos humanos la Secretaría tuvo que lidiar con el caso de 29 bases sindicales con un proceso de asignación irregular, mismas que ya fueron revertidas conforme a derecho, debido a que no se siguieron los procesos adecuados para su obtención.
Mencionó que se presentaron situaciones de personal con compensaciones que estaban muy por encima de las tabulaciones de acuerdo con su nivel, así como caso de personal que simulaban trabajar en la Secretaría, además no se contaba con la normatividad vigente.
Entre los temas con la Auditoría Superior de la Federación del año 2020, se encontraron observaciones por más de ciento ochenta y dos millones de pesos por concepto de despensas y cobijas, la gestión anterior no pudo comprobar el pago mediante factura, tampoco hay evidencia del ingreso de las despensas a la bodega de bienestar y no existe la documentación que comprobara la entrega de estas a las personas beneficiadas.
La Secretaria, informó que quedaron abiertas 19 evaluaciones y auditorías, correspondientes a los programas presupuestarios y recursos del fondo de infraestructura social para las entidades FISE.
En su participación, la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, lamentó que se encontraron con planes municipales de ordenamiento territorial caducos, algunos de hasta 17 años de no actualizarse, así como poca coordinación entre los municipios y el gobierno del Estado.
Advirtió que en lo que se refiere al presupuesto de la administración anterior, solo presentó gasto corriente, sin proyectos para el 2023, esto nos limitó en la operación correcta de la comisión.
Y en lo que refiere a los recursos financieros, dejaron 12 cuentas bancarias cada una con un saldo de un peso y una en cero, por lo que tuvimos que operar con una cifra de once pesos.
Durante la comparecencia de la Secretaría de Trabajo, Olga Patricia Sosa Ruíz, y al abordar el tema de justicia laboral, señaló que les fueron heredaros veintiséis mil seiscientos ochenta y un asuntos, muchos de ellos sin tener la cualidad de expedientes integrados, el proceso de formalización ha sido arduo, complejo, laborioso y ¿esto por qué?, por la falta de ética y el desorden administrativo con el que se atendían.
Incluso, entre los datos mencionados, expresó que NO se presentó cuenta pública de 2021, ni se cumplió con informar los reportes trimestrales correspondientes, se omitió enterar al fisco de los impuestos retenidos a los trabajadores, se utilizaron partidas presupuestales para rubros diferentes a los establecidos por la Junta de Gobierno, todas estas irregularidades la autoridad correspondiente habrá de definir las consecuencias.
El Secretario de Desarrollo Rural, Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, dejó de manifiesto que al inicio de la presente administración tuvieron poca participación e interés del personal del sexenio anterior en proceso de entrega-recepción.
En el marco de la revisión pormenorizada, subrayó que se analizaron 45 contratos bajo el concepto de adquisición de bienes y/o prestación de servicios, bajo el procedimiento de adjudicación directa por un monto de $240,571,108.00 pesos, encontrando anomalías dando parte a las autoridades correspondientes para que se actúe conforme a la ley. Denuncias en proceso.
También dijo que hubo simulación de entrega de apoyos por parte de la pasada administración.
Y que se han realizado varias comparecencias, como en lo relativo al Programa Concurrencias con las Entidades Federativas 2018, donde se recibió al ex funcionario público, sub Secretario de Desarrollo Agrícola, con fecha 16 de noviembre del año 2022 para que aclarara irregularidades.
Mencionó que otro aspecto a destacar, son las percepciones salariales que se asignaban los funcionarios de Gobierno anterior, con sueldos y prestaciones por encima de las tabulaciones asignadas por ley.
La antigua administración dejó tan solo 13.62%, es decir 40 mil 370 pesos de presupuesto disponible en el capítulo dos mil “material y suministros” y un 19% que equivale a 554 mil 226 pesos disponible para el capítulo tres mil “servicios generales”, con lo cual dejaron la situación financiera de la secretaría muy ajustada para finalizar el ejercicio.
Al comparecer ante el Congreso, el Secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, puntualizó que recibieron un simulado acto de entrega recepción . Detalló entre otros importantes aspectos de la dependencia a su cargo, que las asignaciones se daban a discreción, no tanto por el cumplimiento de las bases contenidas en las licitaciones. Y por si eso fuera poco, en muchos casos se otorgaban trabajos a empresas de reciente creación.
Habló de un manejo ilegal de las asignaciones de obra.
La Secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez, comentó que recibieron unas finanzas públicas severamente dañadas por el gasto irresponsable e inmoral de la anterior administración, desde las condiciones físicas en que recibimos las oficinas, pudimos darnos cuenta el abandono en el que se encontraban las finanzas del Estado.
En materia de deuda pública, precisó que recibieron un estado endeudado, “Recibimos un estado endeudado a largo plazo, por un monto aproximado de 16,000 millones de pesos”.
Sin embargo, aclaró que sanearán las finanzas estatales, cuidarán cada peso que ingrese y cada peso que se gaste con mucha responsabilidad, sin corrupción y sin compadrazgos.
Respondió a las y los legisladores sus cuestionamientos, y dijo que la deuda pública no es una mentira. “Es una deuda que heredamos, es una deuda que ahí está, no engañemos a las y los tamaulipecos, tenemos una deuda de cerca de 16 mil millones de pesos, para ser exactos esta es una deuda de 15 mil 924 millones de pesos”.
En su intervención en este ejercicio de transparencia, el Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, expresó que durante los primeros 90 días dedicaron más de la mitad de su tiempo a poner en orden la información recibida de manera desordenada, para darle sentido y tener oportunidad de identificar el verdadero estado de los recursos humanos, materiales y financieros.
De las irregularidades, encontraron que 3 empleados contaban con una compensación superior a lo establecido en el tabulador correspondiente, 1 jefe de departamento, 1 jefe de unidad y 1 auxiliar administrativo, en conjunto recibían 51 mil 540 pesos mensuales.
Y que se otorgaron 25 plazas extraordinarias en los últimos 7 meses y la administración anterior, beneficiando a 5 personas que no cumplían con el requisito de antigüedad mínima de 6 meses y/o tener un contrato previo.
La administración panista, no reportó en el acta de entrega-recepción, ni a la fecha han comprobado gastos de combustible por la cantidad de 857 mil pesos correspondientes al periodo de febrero y septiembre del 2022.
La dependencia estatal, encontró la falta de registro de adeudos a proveedores para el ejercicio 2019, por un monto de 8 millones, 282 mil 460 pesos, el adeudo fue con una empresa con quien la administración anterior suscribió un contrato en el 2019 por un monto de 23 millones de pesos, con el objetivo de promoción turística, redes sociales, audio y video, y otros servicios de promoción.
Refirió que los adeudos del ejercicio 2019, incluyen a varias empresas que son del orden de 8.3 millones de pesos, “El injustificable arrendamiento de las oficinas de Tampico, ubicadas en la Avenida Hidalgo en el conocido edificio Torre Esmeralda, cuyo costo mensual era de 200 mil pesos, lo que representaba un gasto anual de 2.4 millones de pesos”.
Y también mencionó que en el proceso de entrega-recepción, no se incluyó la empresa de participación estatal Desarrollo Turístico Playa Miramar, lo que ocasionó que debido a la falta de actualización de la cuenta bancaria, esta quedó en situación de vulnerabilidad, lo que dio a pie que se realizara una sustracción de 5.5 millones de pesos en el mes de noviembre del 2022, por lo que ya presentaron una DEMANDA FORMAL en contra de quien resulte responsable.
El Secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, en un tema tan sensible como es la salud de las y los tamaulipecos, informó que el primer punto que encontraron fue la entrega del Hospital Civil de Madero. “Un recurso autorizado por el fideicomiso del sistema de protección salud, de protección social en salud en el 2015-2018, con una inversión de 816 millones de pesos”.
ral en mayo del 2022, y el costo del reforzamiento actualmente hecho por obras públicas es de 28.5 millones de pesos. Pero la parte quizás álgida para todos, es que EL EQUIPO SE COMPRÓ ANTES DE TIEMPO, 4 AÑOS ANTES Y TODOS ELLOS HAN PERDIDO SU GARANTÍA.
TE PUEDE INTERESAR: ROBADERA EN SALUD SIN LIMITES
De las situaciones lamentables que fueron heredadas, mencionó que hay 4,905 demandas con laudos por pagar por 822.7 millones, “En la actual administración no ha habido despidos ni tenemos demandas”.
Durante la comparecencia del Secretario de Pesca y Acuacultura, Juan Jesús Hernández Torres, se destacó que la pasada administración únicamente dejó dos lanchas para las actividades de inspección y vigilancia; una para 430 kilómetros de litoral y otra lancha para atender las 8 presas principales del Estado, “Esto es una evidencia más del total abandono y desinterés en el sector”.
Comentó que al momento de revisar algunos programas y proyectos de investigación, se encontraron irregularidades en la integración de sus expedientes, no contando con los entregables necesarios para determinar que el beneficio fuera recibido por la población objeto de los programas, incurriendo en supuestas faltas graves al debido proceso.
Algo recurrente en todas las secretarias en sus administración anterior, y lo cual enfatizó, son las irregularidades en pagos por servicios, como ejemplo citó que se encuentra uno de 9 millones 360 mil pesos, por la entrega de productos alimenticios.
Dijo que por este tema de irregularidades, se realizaron citatorios al personal directivo de la administración pasada, para que justificaran sus datos y procedimientos, sin embargo no todos se presentaron y tampoco informaron por ningún otro medio de comunicación, su inasistencia.
En uno de los temas más importantes, la Secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor, dijo que desafortunadamente, la forma en que se condujo y gestionó la política educativa, tuvo como herencia un sistema educativo carente de una orientación clara y de visión de largo plazo, sin organización de sus procesos internos, ni cumplimiento de la norma y sin respuesta cierta para hacer frente a la crisis educativa acentuada por la pandemia.
La titular de esta área, agregó que en el proceso de entrega-recepción no se permitió un acercamiento puntual a las áreas claves de la Secretaría.
“Hacia finales del sexenio anterior, durante los meses de julio a septiembre de 2022, se llevaron a cabo una gran cantidad de cambios y movimientos irregulares de docentes, sin respetar los procedimientos legales”, informó.
Al detallar los diversos rubros, mencionó que la educación inicial a primaria, especial y telesecundaria, se arrancó con un faltante de 314 docentes validados por nuestras áreas de planeación, al 28 de febrero hemos cubierto 256 vacantes y logramos regularizar y estabilizar hoy dicha situación con procesos de reingeniería administrativa de planeación y escuchando, escuchando y atendiendo a la comunidad educativa.
Asimismo, que les ocultaron la situación financiera y presupuestal de la secretaría, la discrecionalidad en el pago de compensaciones fuera del tabulador autorizado, la asignación de licitaciones con sobreprecio realizadas previa a su salida.
“La asignación de una gran cantidad de contratos en los últimos meses, provocaron que el presupuesto de la secretaría alcanzara un déficit de 234 millones de pesos, poniendo en riesgo el pago de la primera parte de aguinaldo”, acotó.
Precisó que se detectaron inconsistencias tanto en los criterios de asignación como en algunos precios, situación que se ordenó permitiendo generar economías hasta del 42%.
Algo que llama la atención, fue que el 30 de septiembre, sin soporte presupuestal y horas antes de iniciar la entrega recepción, fueron entregados 49 nombramientos de plazas administrativas a personal de la coordinación de inglés, engañando a los receptores y heredando con dolo un programa legal y presupuestal, con una visión humanista, a las y los engañados, no les desprotegimos y les asignamos contratos con prestaciones de ley.
Y como fue en la mayor parte de las secretarías, durante el sexenio se otorgaron compensaciones que rebasaron los tabuladores autorizados y se detectaron dobles y triples pagos.
“En el mes de octubre, iniciamos un procedimiento administrativo ante el órgano de control interno, por la erogación de treinta millones ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos sesenta y tres pesos de pago a personas de contrato sin formalización correspondiente al programa de inglés; de igual manera, por un importe de cincuenta y ocho millones dieciocho mil novecientos treinta pesos, en el caso del centro estatal de tecnología educativa erogados de enero a septiembre de 2022”, subrayó.
Fueron muchos los datos referidos por la secretaria, figurando la instrumentación de cinco actas administrativas, de las cuales se dio vista al órgano de control interno, además, se iniciaron otros cinco procedimientos administrativos de irregularidades diversas.
La Contralora Norma Angélica Pedraza Melo, comentó a las y los Diputados locales, que recibieron una contraloría limitada en esta función sustantiva, y que los órganos internos de control no estaba activos en sus tareas de prevención, inspección y vigilancia.
Informó sobre el desorden administrativo y normativo de tal magnitud, que dio lugar a observaciones de la Autoría Superior de la Federación, por un monto superior a los diecisiete mil millones de pesos.
Y que existen para el Gobierno anterior, irregularidades observadas por más de cuatrocientos millones de pesos, contratos sin evidencia de soporte documental, ausencia de entregables o repetidos estos en distintos contratos.
En su comparecencia, habló de pagos en exceso o duplicados, así como desvío de recursos, la presunción de inocencia y el debido proceso, no permite hacer público los detalles de las presuntas irregularidades determinadas.
Al igual que sus compañeras y compañeros titulares de secretarías, lamentó que el proceso de entrega-recepción estuviera plagado de irresponsabilidades, en donde el mismo día que finalizaba la administración anterior, emitieron un acuerdo de interpretación a los lineamientos, que introdujo opacidad y deficientes condiciones para realizar la transición.
La Contralora dijo que en seguridad pública, se recibió un parque vehicular, patrullas limitado en número y funcionamiento, con un C-5 de Reynosa sin funcionar por completo, a pesar de la alta inversión implicada en este proyecto que rebasa los 4,000 millones de pesos.
“Encontramos una injusticia laboral durante los últimos años de 3,500 trabajadores, en su mayoría extraordinarios y de confianza que recibían una remuneración abajo del salario mínimo”, señaló.
De las acciones emprendidas, se han formalizado a la fecha 45 DENUNCIAS DE CARÁCTER PENAL presentadas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, en donde el daño estimado es por más de 400 millones de pesos. Como resultado de los diversos actos de entrega-recepción, se informaron a los Órganos Internos de Control más de 300 presuntas irregularidades e inconsistencias detectadas.
Y se han integrado a esta fecha 167 expedientes de presunta responsabilidad administrativa con un monto estimado de posible daño al patrimonio por más de 4,000 millones de pesos.
El Secretario de Seguridad, Sergio Hernando Chávez García:
Los delitos de alto impacto bajaron de 2,433 al 2,382 en el mismo periodo de octubre a febrero de 2022 y 2023 respectivamente.
Del parque vehicular, 435 vehículos estaban fuera de servicio y adicionalmente 240 totalmente inservibles.
Se identificaron anomalías en la asignación de cargos en 11 delegaciones regionales, se detectaron 8 titulares carentes de la jerarquía y experiencia para el ejercicio del mando y en 30 de las 43 coordinaciones municipales se padecía la misma situación.
En el tema de la carrera policial, en los años 2020 y 2022, no se emitieron lineamientos ni convocatoria para el proceso de ascenso de promoción de grados, ni para el proceso de reclutamiento de aspirantes para ingresar a la carrera policial.
Un tema delicado, fue identificar la existencia de 255 armas de fuego en situación irregular robadas o extraviadas, que ocupaban espacios dentro de la licencia oficial colectiva.
El grupo de reacción de la Policía Estatal, hoy Fuerza de Reacción Inmediata de la Guardia Estatal, no contaba con las capacidades necesarias para responder a situaciones de delitos de alto impacto.
El punto más álgido, ocurrió el 23 de julio del 2021, cuando la comisión de acreditación para las agencias de aplicación de le ley CALEA retiró a la policía estatal de Tamaulipas su acreditación, ello tras los funestos sucesos ocurridos en el municipio de Camargo, Tamaulipas, en los que perdieron la vida 19 migrantes extranjeros.
Al atender el llamado del Congreso, el Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, también subrayó que la entrega-recepción de la Secretaría General, estuvo plagada de obstáculos y se caracterizó por la opacidad con que se condujo la administración anterior dejando un tiradero.
“Tras perder la elección de Gobernador, impusieron una serie de ilegales reformas para cubrir sus irregularidades blindar su salida y dejar minado el camino de la transición y el ejercicio del Gobierno del Dr. Américo Villarreal Anaya”, precisó el actual Secretario General de Gobierno.
Ante las distintas fuerzas políticas representadas en este poder, mencionó que se recibió una coordinación estatal con señalamientos de corrupción, por lo que se hicieron las investigaciones y con apego a derecho FUERON CESADOS LOS MALOS FUNCIONARIOS, además, los centros regionales estaban desmantelados, con equipos y vehículos obsoletos.
En su intervención sobre el estado de la dependencia a su cargo, comentó que encontraron un Instituto Tamaulipeco para el Migrante, desvinculado de las instituciones, ineficiente, señalado de corrupción y más grave aún, sin políticas públicas, estrategias y programas para atender a las personas migrantes o repateadas.
Dijo que en los últimos días de la administración anterior, se otorgaron de manera irregular 28 fiat y 38 patentes de aspirante a notario. “Tras revisar los expedientes, se concluyó que no contaban con la documentación, ni constancia de los exámenes de ley”.
Estos datos que exponen el mal manejo e irregularidades de la anterior administración panista, son parte de la información mencionada en las comparecencias de las y los titulares de las distintas Secretarias que acudieron a comparecer al Congreso del Estado.
