Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso local dio entrada a iniciativas de Morena, por las que se busca restituir al ejecutivo funciones que el PAN, en el ocaso de su gobierno, transfirió a la Fiscalía General de Justicia.
Entre ellas se encuentra el certificado o “constancia de no corrupción”, exigida a los particulares que son proveedores del Gobierno del Estado y ayuntamientos, que tiene un costo de 286.66 pesos.
Pidieron los legisladores de Morena reformas a las Leyes Orgánica de la Fiscalía y de Adquisiciones para la Administración Pública, por considerar que tal constancia es innecesaria, inoperante e injustificada.
La Fiscalía del Estado, dicen, no debe ser parte del padrón de proveedores ya que, de existir una presunta responsabilidad, se debe dar parte a la autoridad competente para que inicie la integración de procedimientos administrativos y no penales.
Hacen ver que esas faltas, no graves, den ser investigadas, substanciadas calificadas por la Contraloría o los órganos internos de control, en tanto que las graves le corresponden al Tribunal de Justicia Administrativa.
La constancia de “no corrupción” es expedida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
En el paquete de regreso a la constitucionalidad, la bancada de Morena presentó iniciativa para revertir las reformas a la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública, Orgánica de la Fiscalía y Orgánica de la Administracinó Pública, para reducir las funciones de la “superfiscalía” panista.
Con ello el Sistema de Seguridad Publica, los C-4 y C-3, el Secretariado Ejecutivo y el Centro Estatal de Control y Confianza regresarían a la Secretaría General de Gobierno, en tanto que Inteligencia Financiera a la Secretaría de Finanzas.
Las iniciativas se enviaron a comisiones por no alcanzar los votos suficientes para ser tratadas con dispensa de turno.
