Cd. Victoria, Tamaulipas.- Para el canje de placas 2022, la secretaría de Administración pidió 721,755 juegos pero no pagó adelanto como dice la norma en el caso de proveedores.
La sospecha es que Gobierno no perderá millones, pero sí los funcionarios que hicieron negocio cobrando su “diezmo”.
El compromiso fue pagar al irlas entregando según la convocatoria de licitación y el contrato asignado a la empresa Troquelados e Impresos, con domicilio en el Estado de México.
Por decreto del Congreso del Estado de mayoría morenista, quedó suspendido el emplacado para el siguiente año. Será hasta el 2025 cuando se de la renovación de láminas.
Diputados y dirigentes del PAN arguyen que al suspender el canje, el Gobierno del Estado perderá millones de pesos por los adelantos y sanciones por incumplimiento de contrato.
La verdad es que no se hizo “adelanto”.
Dicen los documentos: “Durante el procedimiento de contratación, así como la vigencia de la prestación de BIENES, queda exceptuado el otorgamiento de anticipos”.
Una primera entrega, un primer paquete, fue concertada para realizarse entre el cinco de noviembre de 2021 y dos de diciembre del 2022, en las oficinas Fiscales de Nuevo Laredo, Reynosa, Madero, Matamoros y la de Victoria junto con el almacén central.
El segundo paquete a partir del 28 de enero y hasta el 4 de marzo del 2022, todo a un costo de 160 millones de pesos que tendrá que financiar el proveedor con sus recursos.
Quiere decir que el Gobierno del Estado pensaba pagar con la recaudación que hiciera de la venta de placas a los propietarios de vehículos.
La convocatoria fue expedida el 24 de agosto con apertura de propuestas el 24 de septiembre y el fallo el 28 del mismo mes.
Entre el pedido de láminas figuran 400 para motopatrullas; 1,139 para autopatrullas; 100 transporte ecológico, 500 autos antiguos y 13,700 motos privadas.
Según la licitación, puede darse la rescisión de contrato por insolvencia, incumplimiento y otros factores atribuidos al proveedor, pero no a la contratante.
Incluso para el fabricante hay “multas” de hasta el dos por ciento del monto del contrato (160 millones), por cada día de retraso de entrega de las placas.
Participaron en la licitación nueve empresas, luego que tres fueron descalificadas porque no acudieron a la apertura de propuestas.
Sin embargo, al final ocho quedaron eliminadas por diferentes razones y el contrato se asignó a la última que quedó.
El paquete dos, que se otorgaría a Litho Formas por tarjetas de circulación, fue declarado desierto porque Finanzas del Gobierno no contaba con dinero en alguna partida.
La sospecha es que, los que tienen que devolver dinero son los funcionarios del Gobierno por el “moche” o “diezmo” que recibieron para asignar el contrato.
