Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Congreso del Estado dio entrada a sendas iniciativas del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para regular el servicio de grúas, transporte escolar y carga local, y castigar hasta con diez años de cárcel a quien haga llamadas falsas al 911, cuerpos de seguridad, auxilio y protección civil.
A través de reformas y adiciones a la Ley de Transporte, por primera vez el Gobierno del Estado meterá orden en el funcionamiento de los corralones (depósitos) y grúas de arrastre de vehículos.
Se hará obligatorio que publiquen tarifas y se hagan responsables por robos y daños que sufran las unidades depositadas.
«En ocasiones ni siquiera entregan el recibo correspondiente al pago realizado, o se responsabilizan de los daños ocasionados durante el traslado y subsecuente resguardo en el depósito», menciona la iniciativa.
El gobierno otorgará concesiones pero también podrá retirarlas, supervisar el servicio y aplicar multas.
Junto con estos «servicios auxiliares», será regulado el de pasajeros especializado: Escolar, de personal, turístico y de diversiones, de emergencias particulares, funerarios, de discapacitados, materiales y mensajería, mudanza, valores y productos.
Para este tipo de unidades habrá placas de circulación también especiales.
Cada prestador deberá exhibir al público los costos de sus servicios.
Ahora, «cada permisionario ha podido cobrar de manera enteramente discrecional y dejar en estado de indefensión a cualquier ciudadano», menciona el documento.
La idea es evitar que los usuarios sean víctimas y puedan hacer los reclamos necesarios a que haya lugar.
Las concesiones serán otorgadas por el Estado, en tanto que los ayuntamientos tendrán que coordinarse.
Para castigar las llamadas falsas a instancias de seguridad y auxilio, el Gobernador Cabeza de Vaca envió iniciativa que adiciona el Código Penal y la Ley de Protección Civil.
En los motivos menciona que, de las llamadas que mensualmente se reciben, en Tamaulipas, solo un 10.2 por ciento de ellas resultan reales.
El propósito de la legislación es inhibir y sancionar las citadas conductas, brindando a las autoridades las herramientas jurídicas que conlleven a la eficiencia de la prestación del servicio.
Serán monitoreados puestos de policía estatal y municipales, bomberos e instituciones oficiales y privadas que ofrecen tareas de emergencia o protección, para detectar los reportes falsos.
Al responsable de esos actos se le aplicarán penas de tres a siete años de prisión y, si la conducta tiene por objeto evadir la persecución o desempeño de las fuerzas armadas o cuerpos de seguridad, la pena ascenderá a ocho años.
Si los delitos se cometen en pandilla o por personas que digan que pertenecen a un grupo de la delincuencia organizada, la sanción estará entre los cinco y diez años y multa de hasta 700 veces el valor diario de UMA.
También serán detenidos y enjuiciados quienes realicen actos o adopten actitudes que constituyan falsas alarmas sobre siniestros o que puedan producir temor o pánico colectivo.
