Cd. Victoria, Tamaulipas.- José Martín García Martínez, de 47 años, originario de ciudad Victoria, fue ratificado por el Congreso del Estado como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cargo que venía desempeñando en forma interina.
La elección se hizo por votación directa y secreta de los diputados, y es la primera vez que el nombramiento para dicho encargo de hace a través de convocatoria pública.
García Martínez se hizo cargo de la Comisión a partir del cuatro de noviembre del 2013, fecha en que el titular del organismo, José Bruno del Río Cruz, presentó ante la legislatura su renuncia con carácter de irrevocable.
Compitieron por el nombramiento ocho abogados: Francisco Alvarez de la Fuente, María Taidé Garza Guerra, José de Jesús Guzmán Morales, Enrique López Sanavia, Roberto Huerta Ramos, Jorge Manautou Sauceda, Alfonso Manuel Moreno Castillo y el propio José Martín García Martínez.
El escrutinio final fue el siguiente: Cinco votos para Jorge Manautou; 25 para García Martínez, dos nulos y dos excusas de los diputados.
Aunque se temían enfrentamientos verbales entre las corrientes hacia el interior del Congreso, no hubo debate y solo presentó el dictamen el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Arcenio Ortega Lozano, del Partido del Trabajo.
A diferencia de otras ocasiones, esta vez la reunión plenaria fue programada a las nueve de la mañana en que algunos legisladores llegaron tarde y solo dos ausencias: Salvador Rosas Quintanilla y Laura Zárate Quezada, panistas de Nuevo Laredo.
El dictamen respectivo de 91 cuartillas, elaborado en comisiones, no fue leído; quedó aprobada la dispensa.
A las diez de la mañana Ortega Lozano, sonriente, subió a la tribuna para hacer un resumen de los puntos principales del trabajo en Comisión que comenzó con la convocatoria pública emitida el dos de diciembre del 2013.
-Veo que hoy andan muy alegres compañeros, y creo que hay motivos suficientes después de este dictamen – les dijo.
En seguida dijo que la Comisión que él preside, realizó “largas jornadas de trabajo en un marco de transparencia” y cumplir así con los puntos de la convocatoria.
Externó los motivos de su alegría:
-Por primera vez Tamaulipas designa al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos mediante convocatoria pública.
Y agregó:
-Por eso decía que hay motivos para estar alegres…
En aparente desconocimiento de quien sería nombrado, Ortega pronunció sus últimas palabras desde la tribuna:
-Quien quede, habrá dar darle una nuevo rostro a la institución.
Su alocución apenas fue de nueve minutos.
Al someterse el proyecto en lo general, apenas tomó la palabra el panista Juan Martín Reyna García. Pero no fue para debatir a favor o en contra del dictamen, sino de “posicionamiento”, según lo manifestó.
Lo hizo a nombre de su bancada que la integran además otros nueve diputados, pero de los cuales apenas asistieron siete.
En la votación “por cédula”, cada legislador fue a depositar su papeleta en la urna que se instaló sobre la mesa del presídium.
En esta plenaria, nombrar al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos ocupó a los diputados apenas 34 minutos.
Al final de la jornada le fue tomada su respectiva protesta ante la presencia de amigos, familiares y funcionarios que laboran en la propia Comisión.
El ombusman de Tamaulipas durará en su encargo cuatro años con derecho a ser ratificado.
OTROS SEIS AÑOS A LOS DEL ITAIT
En cambio, los miembros de la legislatura ratificaron por seis años más a los tres comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información (ITAIT), en una jornada en que sí hubo debate de las corrientes partidistas.
Subieron a la tribuna siete diputados: Arcenio Ortega Lozano, Jorge Valdez Vargas, Ricardo Rodríguez Martínez, Blanca Valles Rodríguez, Heriberto Ruiz Tijerina , Belén Rosales Puente y Juan Patiño.
Este último, de la fracción del PAN, solo pidió hacer una “aclaración” –algo que no está contemplado en Ley y Reglamento internos del poder legislativo-.
-Los comisionados (ratificados más tarde) no están haciendo bien su labor.
Se refería a Roberto Arreola Loperena, Juan Carlos López Aceves y Rosalinda Salinas Treviño, que ya tienen seis años en el encargo y no han podido cumplir con su tarea.
No les echó directamente la culpa. Los justificó señalando que con 22 empleados “es imposible” que puedan revisar tan solo que los 43 municipios estén cumpliendo con difundir la información pública que exige la Ley.
Abundó en la justificación:
-Esto es únicamente en los municipios, imagínense a los 150 sujetos (entidades de la administración pública) que están en la Ley de Transparencia.
En este dictamen no hubo dispensa de lectura. La diputada Blanca Valles Rodríguez utilizó 50 minutos en leer las 31 cuartillas del documento.
Al final, por mayoría, con el voto panista en contra y de los representantes del PRD, Movimiento Ciudadano y Partido del Trabajo, la legislatura aprobó la ratificación de los comisionados del Instituto.
Con ello, los tres tienen asegurado su trabajo hasta el 30 de enero del 2020. Deberán ser sustituidos un día después.
