Luis Lauro Carrillo.
LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD.
La transparencia es la madre de la rendición de cuentas. El acceso oportuno a los registros del gobierno es la piedra angular de toda democracia. Sin este acceso, los ciudadanos son incapaces de vigilar las acciones y decisiones de sus gobiernos.
Viene a cuento lo anterior por la iniciativa de reforma constitucional que el presidente electo Enrique Peña Nieto ha enviado a la bancada del PRI en el Senado con el propósito de fortalecer al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI):
De ahí que la iniciativa tiene por objeto dotar de más atribuciones al IFAI, que hasta ahora solo tiene competencia en temas de transparencia y acceso a la información en el gobierno federal. Peña Nieto propone que sus atribuciones también alcancen a los gobiernos estatales y municipales.
Además la propuesta peñista busca que el IFAI alcance un estatus jurídico similar al de la CNDH, para gozar de autonomía plena y conocer de asuntos federales y proponiendo aumentar los entes obligados que en la actualidad no están sujetos a escrutinio, como los otros Poderes de la Unión.
También incluye a los partidos políticos, los gobiernos estatales, e instituciones con autonomía relativa como universidades, paraestatales y organismos desconcentrados de la administración pública solo por lo que hace al manejo de recursos de la federación.
Conviene señalar que la otra cara de la transparencia es el cinismo, o la doble contabilidad de los ingresos públicos. El gasto es detectable, pero los ingresos son casi imposibles de identificar, de rastrear y de demostrar, cuando no hay honestidad en el poder público.
Tengamos presente que si no se conoce lo que los gobernantes hacen, y cómo lo hacen, la sociedad está impedida a fiscalizar su tarea. En la opacidad, los gobernantes y servidores públicos medran y preservan su impunidad.
De esta manera la lucha por abrir la función pública al escrutinio ciudadano avanza con dificultades en el Poder Ejecutivo y Judicial federal, pero se obstruye en el Legislativo y retrocede visiblemente en los gobiernos de los estados.
Por lo tanto la rendición de cuentas es el proceso político-administrativo mediante el cual los gobernantes dan cuenta de sus decisiones y acciones, con todas las variantes que puedan existir.
Así pues, poco o nada se ha avanzado en materia de transparencia en los estados de la republica, que pese a financiarse con recursos públicos han encontrado la manera de eludir su responsabilidad en cuanto a la rendición de cuentas.
En suma ha llegado el momento de avanzar y reducir las áreas de opacidad en el manejo de los recursos públicos e impulsar una cultura de solicitud de información. Esta política incomodará a quienes no quieren abrirse, como hace once años no gustó a los que preferían manejar el erario con discrecionalidad pero habrá que tener presente que es condición indispensable para la democracia mexicana.
En definitiva la propuesta del presidente electo debe revisarse a conciencia y con el mayor ánimo para avanzar en la materia, independientemente de una participación activa de la sociedad civil, de nosotros depende exigir la rendición de cuentas a los gobernantes o tomar la ruta de la negligencia ciudadana, la ruta de la renuncia al ejercicio del derecho a la información.
Twitter: @luiscarrs
