La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inició una averiguación penal en contra del CDE del PAN y de su dirigente Francisco Javier Garza de Coss, por los presuntos delitos de fraude y asociación delictuosa.
De acuerdo con la querella presentada por Julio Meade Perales, dirigente de un grupo de militantes del PAN expulsados a mediados del año pasado, los delitos se cometieron a través de una fraudulenta rifa de vehículos que no se llegó a realizar.
Como principales implicados, que serán llamados por la PGJE, se menciona al propio Garza de Coss; al secretario de Vinculación con la Sociedad, Juan García Guerrero; a Alma Ramírez Izaguirre, candidata a regidora por Victoria, además de otros empleados como Silvia Lizbeth Pérez Guevara, Arturo Gutiérrez Pérez, Alfredo Cisneros López y Josefina Castillo Castillo.
La demanda fue ratificada ante la séptima Agencia del Ministerio Público Investigadora, a cargo de Francisco Ruiz Reta, y se le dio el expediente número 397/010.
En su exposición, Meade Perales señala que la fraudulenta rifa se debió haber realizado el 27 de febrero de 2009. Las fechas se fueron difiriendo hasta que quedó en la nada, aunque se recaudaron miles de pesos por concepto de venta de boletos.
Para el evento se mandaron elaborar 30 mil boletos con un valor de cien pesos cada uno, lo que arroja una recaudación de tres millones de pesos.
Como prueba del fraude, Meade aportó varias docenas de boletos adquiridos por militantes del PAN, quienes al reclamar más tarde se les quiso devolver el valor de la compra.
Los primeros lugares serían una camioneta Escape 2009 y un auto Fiesta del mismo modelo.
Momentos después de ratificar la demanda, Julio Meade manifestó que espera que la fiscalía actúe conforme a derecho, dado que los dirigentes panistas defraudaron a cientos de militantes y ciudadanos en general con una cifra que se aproxima a los 300 mil pesos.
De acuerdo con el plan del CDE del PAN y de Garza de Coss, los recursos serían destinados a la compra de equipo y al sostenimientote los comités municipales.
Sin embargo, tampoco contaban con un permiso de la Secretaría de Gobernación ni de las autoridades electorales, por lo cual se podrían configurar otros delitos.