FERNANDO ARIZPE, TOMAS GUILLEN, LOS HINOJOSA, RESENDEZ TREVIÑO, VILLARREAL CABALLERO
Cd. Victoria.- Ya concebido, pero antes de “nacer”, el ejido Lázaro Cárdenas, municipio de Victoria, fue arrebatado con 90 hectáreas que le correspondían según los planos originales.
A partir de ahí, sus residentes han perdido hasta la cuenta de los despojos, calculados ahora en alrededor de 40 hectáreas de las 532 originales de dotación.
Desde 1937, sus 34 propietarios han sido víctimas de políticos y gandallas como el presunto notario Tomás Guillén Peña; el político Matías Hinojosa, el militar Reséndez Treviño, Montemayor y otros adinerados y profesionistas de la época.
En tiempo intermedio los agandallaron funcionarios de la Reforma Agraria, como Juan Ramón Ortega Martínez, Juan Cepeda Jaramillo, y otros; luego por el grupo denominado “Los Agrónomos”, y finalmente por comerciantes como Raúl Villarreal Caballero y Fernando Arizpe García.
Pero aparte de Guillén, aparecen otros notarios de más acá, como Juan Cristóbal Villanueva Vázquez, quien habría elaborado escrituras falsas para beneficiar a traficantes.
Los pleitos en defensa, por parte del ejido, tienen varios años, pero ahora se centran en contra de los que conocen como Los Agrónomos, cuya organización habría comprado 32 hectáreas allá por 1988 a una inmobiliaria que también se antoja falsa.
Aunque el pleito legal originalmente era entre agrónomos y funcionarios de la Reforma Agraria (estos como presuntos vendedores), ahora ha intervenido el ejido porque el Tribunal de Justicia, a través de un juez, pretende despojarlos legalmente de algo que les corresponde desde hace casi 72 años.
Los ejidatarios ya fueron despojados de sus tierras por entidades como el grupo de religiosos americanos Palabra de Vida; el hotel Hacienda Escondida y el comerciante Raúl Villarreal, quien realizó un fraccionamiento.
“Raúl tiene 40 escrituras falsas en terrenos de nuestro ejido”, manifiesta el comisariado de Lázaro Cárdenas, Antonio Alvarado Luna.
Agrega: “Ya nos robaron mucho, no permitiremos que nos sigan robando más”, agrega.
En los últimos años se han dado varias demandas en contra de invasores; muchos se han ido pero otros persisten en quedarse con las tierras, como Los Agrónomos, como indica Juventino López Ruiz, dirigente de la organización CCC y asesor del grupo campesino.
“A ellos los chingaron, compraron de buena fe, y alguien les vendió de mala fe, no les dijeron que no estaban en posesión”, reitera Juventino.
SIEMPRE HAN SIDO ROBADOS
Durante la entrevista, los dirigentes del ejido van sacando documentos en que prueban que son ellos los auténticos propietarios de la tierra, según acuerdo de Comisión Agraria Mixta y autoridades agrarias desde octubre de 1937.
En ese año presentaron la solicitud de ejido, señalando para afectaciones tres predios, para que se les entregaran 532 hectáreas.
Un oficio girado por el ingeniero Brígido Anaya, funcionario de la Agraria Mixta, fechado en 1937, señala las afectaciones para integrar el ejido Lázaro Cárdenas.
Primero, el predio El Llano, propiedad del gringo W.C. Nicholes que comprendía 246 hectáreas, según el Registro Público de la Propiedad (ahí está ubicado el casco del ejido).
Luego, terrenos de la empresa Victoria Fiber Plantation, Co., propiedad también de gringos, en 304 hectáreas, y finalmente 28 propiedad de la viuda Florencia Gallegos de Chávez, para completar lo señalado.
Al gringo Nicholes se le afectaba porque, además, era dueño del predio La Garra, al poniente de ciudad Victoria, en 150 hectáreas plantadas de henequén, y además mil 678 en Altamira.
Lo de la Fiber, porque se desintegró en Estados Unidos, no dejaron en Victoria representantes y, tras los años, el gobierno del Estado embargó por falta de pago de impuestos.
La primer agandalle en contra del ejido fue cuando, el gringo de El Llano, trató de vender el cinco de junio de 1937 a los hermanos Francisco y Martiniano Hinojosa, además de Jesús Montemayor.
En otra maniobra, quiso vender La Garra a una Sociedad Cooperativa Mixta Local de Industriales Henequeneros, S. C. L.
Pero estas operaciones las pretendió hacer después del 27 de marzo de ese año, que fue cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado la petición de ejido de Lázaro Cárdenas.
“Aquí empezaron las transas, el desmadre”, indica López Ruiz.
El ingeniero Anaya dictaminó que las ventas del gringo Nicholes no eran correctas, estaban fuera de la Ley pero, al final, sin documentación documentación, el extranjero dijeron haber “donado” 110 hectáreas al ejido, y se quedó con 90 para los Hinojosa, aunque no le correspondían.
Fue el primer saqueo en detrimento de Lázaro Cárdenas, pues otros individuos también habían tomado tierras de la viuda, indebidamente y sin reconocimiento, como indica Anaya en su informe.
Claramente establece Anaya que la venta del americano a los Hinojosa “no tiene ninguna validez y menos aun cuando no ha sido inscrito tal documento en el Registro Público de la Propiedad, artículos 36 y 37 del Código Agrario”.
También para entonces, denuncia que ya se habían apoderado ilegalmente de tierras de la viuda Gallegos de Chávez, entre otros el licenciado Tomás Guillén Peña, Donato Lajas, Santos Sánchez, Antonio Huerta, Dr. Aristeo Espinoza, Cirilo Muñiz, el teniente coronel Tomás Reséndez Treviño, sin tener documentación alguna.
LAS GRANDES TRANSAS
Esos fueron los primeros agarrones en contra de los ejidatarios, pues luego vendrían las grandes transas.
Es la madeja de la corrupción, comenta López Ruiz, mientras va dando los pormenores de la ruta de escrituraciones falsas, que habrían sido dos.
Presuntamente, Guillén Peña, que era el notario público No. 15 en esa época, realizó escrituras a favor de un tal Juan Antonio Ortega (en realidad se acaban de elaborar en complicidad con funcionarios del RPP), quien vivía en Cárdenas San Luis Potosí, pasó por ciudad Victoria en 1948 y compró la tierra a los Sámano, que eran hacendados de La Presa.
Cuarenta años después, el padre volvió a cruzar por esta capital y decidió donar los predios a su hijo Juan Ramón.
La otra vertiente, comentan los ejidatarios, es que los Hinojosa le venden a los Curcuera, y estos a la supuesta Inmobiliaria Campestre, a la que presuntamente los agrónomos habían comprado las 32 hectáreas.
Al comprar las tierras, los agrónomos registraron en el RPP en la sección No. 35977, legajo 1079 con fecha ocho de mayo de 1981.
El 27 de julio de 1992 se inscribió el plano, y el 23 de junio de 1992 inscribieron escrituras para cada uno de los 32 beneficiados.
Pero si ellos hicieron todos esos trámites con antecedentes también aparentemente ilegales, en el 2004 Cristóbal Villanueva escrituró a Juan Ramón Ortega.
Luego vendrían otros acontecimientos donde aparecen notarios como Magdaleno Mata Blanco y Baldemar Rodríguez González, pues están otras escrituras a nombre de muy diversas personas, como las de Claudia Rivera González, Elvia Caballero González, Eduardo Garza Cavazos y otros.
También está la sospecha de corrupción de funcionarios del Tribunal de Justicia, pues por ejemplo, el expediente 80-2005-12-16 promovido por los agrónomos en contra de Ortega, fue radicado en Padilla a cargo del juez Antonio Rodríguez Grajeda, cuando el asunto es en Victoria y allá nada tiene que ver.
lic. te falto aquilino y cecilio junto con mata blanco y el contubervio con la procuraduria especialmente rosalva portes y alejandro govea saludos